Plebiscito con la elección judicial, la estrategia que preocupa al MAS


Los oficialistas apuntan a la oposición y dicen que ese es 
el plan que manejan para echar por tierra el proceso para renovar a la cúpula de la justicia. Óscar Ortiz cree que, como ya ocurrió el 2011, la población puede protestar con su voto

A LA ESPERA DE LOS COMICIOS LOS CUATRO TRIBUNALES RENOVARÁN SUS TRIBUNOS EN ENERO

24/06/2017

El oficialismo teme que las elecciones judiciales del 3 de diciembre se conviertan en un plebiscito para apoyar o rechazar la gestión del presidente Evo Morales y denuncia que de eso se trata una estrategia opositora para echar por tierra el proceso electoral. 
La población acudirá a las urnas para elegir a la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia, del Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura para los próximos cinco años. Sobre la estrategia plebiscitaria, los opositores responden así: las acciones del Gobierno generan desconfianza y si el MAS no cambia de actitud y abre más la preselección de candidatos, será reprobado en diciembre como pasó en 2011. 


La senadora Adriana Salvatierra (MAS) ha dicho en conversación con EL DEBER: “Nosotros denunciamos que la oposición quiere convertir las judiciales en un ‘plebiscito’ y por ello montaron un cronograma de acciones para tumbar el proceso de preselección”. Luego añadió: “Intentan instalar la idea en la gente de que se irá a un plebiscito presidencial, aunque en realidad la elección no guarda relación con el presidente Evo Morales ni con su gestión”

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El exvicepresidente del Gobierno de Goni, Víctor Hugo Cárdenas, consideró que de forma explícita los grupos opositores; y del otro lado, el Gobierno, tienen una intención plebiscitaria. “Me baso en que los postulantes, según las listas publicadas, no son gente conocida, son personas leales al MAS, de bajo nivel, de mediocres para abajo, de manera que el Gobierno hará campaña para ellos”, razonó el exvicepresidente.


En la línea contraria, dice Cárdenas, se ubicará la oposición. “Por diversos motivos, ambas partes dotarán de un carácter plebiscitario al proceso, porque se disputará la aprobación o reprobación del Gobierno y no la calidad de los postulantes”.
Salvatierra enumeró que los opositores abandonaron las mesas de diálogo, “desdeñaron” la participación del sistema universitario en el proceso de preselección de candidatos, trataron de deslegitimar a los postulantes, “dijeron que el proceso es un fracaso, convocaron a votar nulo o blanco, esta semana presentaron una impugnación a más del 80% de los postulantes para destruir todo”.


Puntualizó que promover la idea del plebiscito “es una opción de la oposición con el fin de empantanar y desinstitucionalizar el Estado, y es muy riesgoso”, opinó.
Cuando se le preguntó cómo enfrenta el MAS esa estrategia, dijo que la población debe tener claro que “el 3 de diciembre se votará por autoridades del Órgano Judicial, que tiene una connotación diferente, que no es una elección partidizada, que no obedece a estructuras políticas ni de oficialismo ni de oposición y enfrenta el desafío de realizar una reforma”.


El senador opositor Óscar Ortiz ve que el riesgo para el proceso depende del camino que defina el MAS.  “Si busca controlar como sea el resultado de la preselección para garantizar que los postulantes sean afines el Gobierno, una de las posibilidades es que la votación se vuelque no en contra de los candidatos, sino que la población utilice el momento para expresar un rechazo a la justicia y a los abusos del MAS, que no permite una justicia independiente. Cometen los mismos errores que hace seis años y corren el riesgo de obtener peores resultados”.


El 16 de octubre de 2011 se dio la primera elección judicial y en esa ocasión el 45% de los electores votaron nulo. De 5.243.375 personas habilitadas para sufragar, 4.177.470 emitieron su voto, lo que implica que el porcentaje de participación fue del 79,7% y que hubo una abstención del 20,3%.


Los analistas, en esa época, coincidieron en que uno de los motivos que llevaron a tal ausentismo, fue porque la población, antes que votar por los candidatos, protestó de esa forma contra la violenta represión policial ejecutada el 25 de septiembre de ese año en contra de los indígenas que se movilizaban en defensa del Tipnis. Es decir, sí hubo un efecto político más allá de la misma elección.


 Para Ortiz, “en vez de generar confianza en la ciudadanía, este es un proceso que hasta el momento fracasó porque no generó certidumbres. Que no se hayan llenado los cupos lo demuestra. Deben cambiar de actitud, sacar una nueva convocatoria, con nuevo reglamento y que se logre generar confianza ciudadana.
Hace poco, la Asamblea Plurinacional hizo los ajustes en el reglamento para concretar el cambio de fecha, de octubre a diciembre.


El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, cargó en contra de la oposición, de la que dijo que “parece estar confundida. No hay nadie del Ejecutivo en el proceso eleccionario. Juegan solo a promover el desgaste sin ningún aporte y una mezquina forma de trabajar en contraste con el desarrollo del país. No le queda otro camino que promover y calificar de plebiscitaria esta elección. Es un insulto a la inteligencia”, arremetió.


Siles dice que la oposición “intentó promover”una acción de este tipo en el referéndum autonómico de 2015. “Lo único que hicieron fue lograr que se postergue un proceso de perfeccionamiento en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Perjudicaron al generar una oposición, confundieron a la población y generaron resultados adversos. Digamos que se dispararon en el pie”.


¿Cómo contrarrestarlo? El viceministro apeló a la ética. “Es una falta ética el promover una idea de este tipo, el verdadero sentido es confundir a la opinión pública y apostar por el desastre, la incoherencia y el desatino, ese es el trabajo de la oposición”, reprochó.


El debate está instalado. En esta ocasión se debe tomar en cuenta la participación de las universidades, como un filtro de transparencia.Para Víctor Hugo Cárdenas esa presencia no es suficiente, porque de todas maneras el tema pasará por la definición, en las distintas instancias, del oficialismo. 






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