La entrega será el 21 de junio. Ese día la constructora Tauro cumplirá con su parte del contrato, que tuvo un costo de Bs 252,4 millones. Pero el presidente no podrá ocuparlo aún, debido a que falta implementar elementos de equipamiento y seguridad

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10 de junio de 2018, 4:04 AM
10 de junio de 2018, 4:04 AM

La megaobra de la Casa Grande del Pueblo fue concluida en sus fases de obra bruta y fina y será entregada con sus nueve áreas el 21 de junio. Se completó el diseño arquitectónico, el estructural, la instalación eléctrica, la hidrosanitaria y el cableado estructurado. Estas fases, a cargo de la empresa Tauro, tuvieron un costo de Bs 252,4 millones, según información oficial del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Sin embargo, el equipamiento, que está a cargo del Ministerio de la Presidencia y que tiene un presupuesto adicional, aún está a medias, por lo que el nuevo palacio no estará habitable en su apertura. Pero Presidencia dice que está en tiempo y que tiene 180 días más.

El Ministerio de la Presidencia, en un comunicado oficial para EL DEBER, resaltó que la entrega de la obra no depende del equipamiento del edificio. Especificó que la “entrega provisional” está prevista “para los próximos días”. Pero explicó que el acto mismo de recepción de la construcción dura dos o tres semanas. “El contrato con el que se inició la obra establece una etapa de 180 días para la entrega definitiva a partir de la entrega provisional. En este lapso, a medida que se ocupa el inmueble, se evalúan aspectos como la comunicación, la energía, el funcionamiento de los ascensores, etc.” Son aspectos logísticos que se verificarán a medida que se ocupe el edificio y que no necesariamente implican el uso de los 180 días establecidos en el contrato.
Como lo hizo en el caso de los Juegos Suramericanos 2018, el 28 de febrero, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 3494, que autoriza al Ministerio de la Presidencia, de manera excepcional para la gestión 2018, la contratación directa de bienes y servicios para la implementación del equipamiento y acondicionamiento del palacio. Solo que ahora no hay plazos fatales por compromisos con terceros como para sustentar la invitación directa.

El Presupuesto General del Estado (PGE) destinó Bs  47.448.796 para el “equipamiento” de la Casa Grande del Pueblo. Según la investigación del economista Julio Linares, publicada en Página Siete, en los equipos se destinó Bs 34.281.544; para la oficina y los muebles se usó Bs 3.747.654; para computación, Bs 1.058.680 y para otros insumos y servicios se gastó Bs 8.360.918. 

Un dato que llama la atención es que el decreto supremo establece que se debe registrar la contratación directa en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), pero solamente cuando el monto sea mayor a Bs 20.000. 

Sin embargo, desde fines de febrero hasta el 8 de junio, solamente se ha publicado una compra que supera esa cantidad. Se trata de la resolución 009/2018, del 18 de abril de este año, cuando la directora general interina del Ministerio de la Presidencia, María Isabel Atahuichi, adjudicó la adquisición de la red de datos inalámbrica wifi a la empresa Siscotec SRL, por Bs 822.658,96.

Durante la semana que concluye, la funcionaria Atahuichi se ha contactado con empresas especializadas, que pidieron que sus nombres queden en reserva, pero que confirmaron a EL DEBER que ella ha solicitado cotizaciones de sofás, escritorios para oficinas, credenzas, sillas de oficina, mesas de reuniones, como también equipamiento para dormitorio: es decir, camas, veladores y otros.

Los muebles son una parte importante del equipamiento del edificio y aún están en proceso de cotización. Lo que aporta como un segundo elemento para concluir es que el equipamiento todavía está en proceso de adquisición y eso dificultaría que el presidente pueda trasladarse a trabajar con todas las comodidades necesarias el 21 de junio.

El Gobierno informa poco al respecto. Fuentes cercanas a Palacio, y que siguieron de cerca de la construcción de la Casa Grande del Pueblo, establecieron que el mobiliario es fundamental, pero que también queda trabajo por hacer con toda el área relacionada al equipamiento de seguridad en el edificio, la instalación de sistemas informáticos y la adecuación para dar las comodidades necesarias a los funcionarios de la Casa Militar y la guardia presidencial, quienes sufren de hacinamiento y condiciones paupérrimas hoy en el viejo Palacio Quemado. 

Lo terminado

Esta infraestructura, que tiene cuatro sótanos, una planta baja, 25 pisos para despachos, oficinas, salas de trabajo y áreas de servicio, reemplazará al viejo palacio en una superficie construida en 29.492 metros cuadrados y 119,8 metros de altura, desde la calle Potosí. Cuando esté en pleno funcionamiento, el nuevo palacio tendrá en su interior trabajando al menos a un millar de funcionarios y albergará a tres ministerios: el de la Presidencia, el de Culturas y el de Comunicación.

El contrato se ha modificado en siete ocasiones: el original se suscribió el 31 de octubre de 2014 y era por un monto de Bs 231,6 millones. El monto con el que terminó, según el reporte oficial del FNDR, es de Bs 252,4 millones. En el informe actualizado de octubre de 2016,  se estipulaba como parte del convenio con la constructora Tauro la conclusión de “instalaciones especiales”, que implicaban la “calefacción, aire acondicionado, gas, fibra óptica, data center y otros”. 

En la última modificación, actualizada en abril de 2018, solamente se incluyó el diseño arquitectónico, estructural, la instalación eléctrica, hidrosanitaria y el cableado estructurado. 

El edificio está dividido en nueve áreas: el mismo número de departamentos que tiene el país, según explica el detalle del FNDR. La primera es de servicios y estacionamiento, con cuatro sótanos (tres niveles destinados a parqueo común y uno específicamente para el presidencial). La segunda es el área social, común y de actos, del primer al tercer piso, allá está el auditorio de dos bandejas (Como el del Banco Central), con cuatro palcos oficiales y un tercer nivel destinado al área técnica. El auditorio tiene en el ingreso un espacio que será utilizado como área de exposición y para otras actividades de carácter social.

La tercera área es de exposición y eventos, del cuarto al sexto piso. El área de coordinación con organizaciones sociales, que tiene salas de trabajo y para videoconferencias, es la cuarta área y se encuentra entre el  séptimo y octavo. El comedor administrativo y de seguridad, la quinta área con capacidad para 260 comensales, ocupa del noveno y al décimo.

En los pisos 11 y 12 está ubicado el gabinete, que además de un ambiente para reuniones, tiene dependencias de apoyo y una sala de conferencias de prensa; es la sexta área. La séptima se encuentra entre los pisos 13 al 18, y está destinada a las oficinas gubernamentales con despachos, salas de juntas, oficinas, archivos y staff de trabajo. 

La octava área es la denominada área presidencial, del 19 al 22, cuenta con salón de recepciones diplomáticas con otra sala de conferencias de prensa, un nivel para el despacho presidencial que incluye al Salón Madidi, de la Coca, y la Sala Minera, además de comedor, oficina de protocolo y archivos; otro nivel de despacho presidencial, con los salones Uyuni y Titicaca, tiene también un ambiente para firma de documentos. 

La comunicadora Guadalupe Cajías cuestionó en entrevistas los nombres de los salones. “El auditorio de llama Túpak Katari cuando tantos lugares ya se denominan así. La sala Coca, ¿acaso esta hoja es representativa de nuestro esfuerzo agropecuario,  riqueza agrícola?”, reprochó y recordó que en todo predomina lo andino antes que una reivindicación de un Estado Plurinacional.

Entre los pisos 23 y 25 se encuentra la última área: la técnica, destinada a las áreas de control informático del edificio, con salas de operaciones y otras dependencias. Sin embargo, se conoció que en el piso 24 se construyó una infraestructura que tiene una dimensión de 1.068 metros cuadrados. Allá, el presidente Morales tendrá un dormitorio y dispondrá de comodidades como un sauna, un jacuzzi y un gimnasio. Además, en ese ambiente hay otros dos dormitorios. En el último nivel está el helipuerto. Las fuentes gubernamentales consultadas señalaron que bajo ningún concepto el objetivo de esta infraestructura es crear un palacio para Morales.

Prueba de ello, afirmaron, es que al Ministerio de la Presidencia le encargaron trabajos relacionados con el equipamiento y también de coordinación. Ya en la gestión de René Martínez, la exautoridad gestionó que el equipamiento, con la coordinación de su despacho, sea coordinado con Comunicación y Culturas, incluso compartiendo los gastos necesarios.

La empresa Tauro SRL concluyó su trabajo. Actualmente realiza algunos ajustes que se le solicitaron y entregará su parte el 21 de junio. La supervisión de la obra estuvo a cargo del Fondo de Previsión Social (FPS), que tiene un contrato por Bs 11,4 millones. La fiscalización la realizó el FNDR.

EL DEBER intentó conversar con  todos los actores, pero ni el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ni el director del FPS, Vladimir Sánchez, aceptaron entrevistas para dar más detalles. En el FNDR derivaron a las otras dos instancias. La empresa Tauro SRL tampoco quiso dar información.

Las críticas de la oposición se han concentrado en el ‘despilfarro’; el gobierno defiende la necesidad

El despilfarro es la crítica principal que ha cosechado la Casa Grande del Pueblo en su construcción.
El opositor Samuel Doria Medina aseguró que “el palacio de Evo es por dentro igual que por fuera: puro despilfarro. Miles de metros cuadrados que serán utilizados por políticos para atender intereses políticos”.
Fue el líder opositor quien planteó incluso que en esa infraestructura se debería habilitar un hospital de tercer nivel.

El expresidente Jaime Paz Zamora reforzó esa idea. “Está construido, ahí está y no tenemos que llorar; todavía hay posibilidad de que cuando Evo ya no sea presidente lo podamos destinar a un policlínico”, sostuvo.

Otro crítico del proyecto ha sido el expresidente Carlos Mesa, que lo ha calificado como “engendro” y una “agresión sin precedentes” que “destruye” el casco histórico de La Paz. 

La respuesta del vicepresidente Álvaro García Linera no se dejó esperar. La segunda autoridad manifestó en su momento que Carlos Mesa se aferraba a una estética “republicana, racista, clasista y excluyente”.
La ministra de Comunicación, Gisela López, para defender el nuevo edificio comentó que “al Palacio de Gobierno (actual) se lo construyó con la lógica de que sea un palacio colonial, frío, excluyente, racista, clasista; y la visión y la perspectiva con la que se ha construido la ‘Casa del Pueblo’ es todo lo opuesto”, dijo.
El Gobierno ha respondido las críticas en discursos, pero es un hecho que evita ingresar en mayor polémica sobre el tema.

Sin embargo, fuentes consultadas por este medio, que pidieron reserva, aseguraron que en ningún caso la infraestructura es un palacio para el presidente y que está pensado para albergar a más de un millar de funcionarios y tres ministerios.

La polémica continuará en este tiempo, a un año de las elecciones presidenciales, que se realizarán en 2019.

ANÁLISIS
Es ética y estéticamente impresentable

Carlos Toranzo - Analista político

Lo de la Casa Grande del Pueblo tiene dimensiones muy concretas que detallaré: es éticamente impresentable y estéticamente impresentable, también.

Éticamente, cuando un Gobierno ofrece austeridad, pero  hay un presidente, como en este caso Juan Evo Morales Ayma, que se hace su museo y su palacio, eso quiere decir que estamos ante un ego político extraordinario, ante el culto a la personalidad, como se hacía en la revolución china, como se hacía en el Viet Cong. Es decir, esto es propio de caudillos, muchas veces de autoritarios.

Estéticamente impresentable. Estoy convencido de que se trata de un abuso el haber roto la armonía del centro de la ciudad y hacerlo con tal soberbia que haya mil metros para el presidente, y con la paradoja de que hay una sala de lectura, cuando todos sabemos que el señor presidente no lee, aunque curiosamente publica muchos tuits.

Por eso le digo que estéticamente es impresentable; también es un insulto a la realidad económica del país.
Políticamente, hay que decir que el régimen de Morales está de caída, no sé si se caerá o no, pero se debe decir que está completamente deslegitimado.

Por eso, el palacio es definitivamente el monumento de la deslegitimación, que expresa que el ego es más grande que la capacidad de ver el futuro.

Expresa además, y de forma muy preocupante, que hay un presidente que piensa en sí mismo y no piensa en el país.

Un presidente que tiene algunos complejos infantiles, por eso le gusta mucho ir a los partidos de fútbol y vestir la número 10. Quizás lo estrene él, pero a futuro, con  toda certeza, allí no será la oficina del presidente, será cualquier otra cosa. La historia está en el viejo Palacio, la del abuso, en el edificio de atrás.