Una reunión en la que ‘evaluó’ las propuestas de los contratistas y una cita con los empresarios complican al presidente. El Gobierno reajusta su versión y la oposición ve un afán desesperado de salvar a Morales

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12 de mayo de 2018, 4:00 AM
12 de mayo de 2018, 4:00 AM

Una nueva contradicción se cierne sobre el papel del presidente Evo Morales en el proceso de contratación que eligió a la empresa unipersonal Kronopios, del exministro Pablo Groux, para la inauguración y clausura de los XI Juegos Deportivos Suramericanos 2018. El 28 de diciembre, el Gobierno informó que el mandatario evaluó la propuesta de la firma del exministro y de su oponente Arte Bolivia. Pero ayer Diego Jiménez, viceministro de Transparencia, dijo que ese trabajo lo hizo el Comité Organizador, en ningún caso el mandatario.

La agencia ABI, que depende del Ministerio de Comunicación, en un reporte que publicó el 28 de diciembre del año pasado, informó que Morales y el ministro de Deportes, Tito Montaño, “evaluaron” las propuestas de las dos empresas. “Hemos hecho una exposición ante nuestro presidente de la propuesta que hicieron dos empresas para poder llevar adelante los actos de inauguración y clausura”, dijo Montaño tras esa cita, según el archivo de la ABI.

Esa versión fue difundida también -incluso con fotografías- por el portal oficial de los juegos y se agravó con el testimonio del socio principal de la empresa Arte Bolivia, que además reveló a EL DEBER que el presidente en persona entrevistó a ambas compañías y que, en su caso, insistió en preguntarle por la experiencia que tenía su compañía en el mercado. 

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A partir de eso, el Gobierno ha reajustado sus versiones con relación al rol del presidente en la contratación de Kronopios y entró en tres contradicciones.

El ministro de Deportes, Tito Montaño, dijo el martes que solo se había reunido con el presidente “para ver varios temas respecto al desarrollo del deporte, no precisamente para evaluar este tipo de propuestas”.

Luego, el jueves, el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró en su cuenta de Twitter que “el presidente nunca se ha reunido ni pronunciado a favor de ninguna empresa”. Pero el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó todo lo contrario ese mismo día: dijo que Morales asistió a decenas de citas con “deportistas, con dirigentes, con instituciones y con empresas”,  y admitió que fue para “acelerar los procedimientos” a fin de que se puedan cumplir los plazos para que “los juegos sean un éxito”.

Según abogados que consultó EL DEBER, si Morales tomó parte del proceso de contratación pudo haber incurrido en una falta al inciso g) del artículo 40 del Decreto Supremo 181, del 28 de junio de 2009, que define las normas básicas para la administración de bienes y servicios -donde la contratación directa es una de ellas- y establece que servidores públicos “que intervienen en procesos de contratación” no pueden tener contacto con los postulantes, a menos que sea de manera escrita.

EL DEBER se comunicó con el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, encargado de realizar una investigación del proceso de contratación de la empresa Kronopios, del exministro de Culturas, que resultó beneficiada con la adjudicación. Se preguntó a Jiménez si el presidente incurrió en una contravención a la restricción señalada por el DS 181 y el viceministro dio una explicación reajustada: sugirió que Morales hizo seguimiento a las cuestiones de los juegos, pero lo deslindó de culpas.

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Respondió que el decreto está referido solo a quienes son responsables del proceso de contratación, “servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad llevar adelante todo el proceso de contratación y el presidente Evo no es parte de ese proceso”.

Recalcó que si Morales tuvo reuniones con las empresas era con el fin de que las cosas “salgan bien”, pero que “él  no es parte del proceso de contratación, no es parte de las comisiones técnicas, no es parte de los equipos que hacen las evaluaciones de ninguna naturaleza. Como jefe de Gobierno tuvo muchas reuniones con alcaldes, gobernadores, empresas”, pero que no evaluó ni definió nada.

Eso implica, según Jiménez, escuchar las propuestas, las expectativas, informarse y confirmar que todas las responsabilidades se cumplan en los tiempos que corresponden. 

Sobre el proceso de contratación, estableció que la responsabilidad depende de funcionarios específicos. “La Dirección Ejecutiva a cargo de Codesur y el Ministerio de Deportes: son ellos los que evalúan las propuestas técnicas y definen finalmente a cuál de las empresas contratar, tomando en cuenta lo que está en el Decreto Supremo 3097, que le da la posibilidad de hacer contrataciones directas para Odesur. Las restricciones son para estos servidores públicos, en ningún caso para el presidente Morales”.

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Un blindaje

Para el senador opositor Óscar Ortiz, el Gobierno busca con locura sacar al presidente del caso, pero no encuentra la forma de hacerlo.
“El Gobierno fue sorprendido en un hecho sobre el cual no tiene respuesta. Primero, la recepción, evaluación y adjudicación de un proceso que ni siquiera se había iniciado”, acusó él. Luego mencionó la participación del presidente en un hecho que, para él, viola la ley. “Es el primer funcionario público del país, no puede participar de un proceso de evaluación cuando no está a cargo del proceso de contratación”.

Estableció que, por la nota de ABI y el testimonio del socio de Arte Bolivia, “sí le presentaron las propuestas, pero no para que las mire, sino para que decida con cuál quedarse. Eso está claro”. 

Las fechas cruciales en el caso que se investiga

28 de diciembre de 2017. El presidente Evo Morales, el gobernador Iván Canelas, el ministro Montaño y miembros del Codesur evaluaron en una reunión las dos propuestas.

1 de enero de 2018. El presidente encabezó el panel que entrevistó las propuestas de Kronopios y Arte Bolivia un mes antes de la firma.

24 de enero de 2018. Se emite el informe técnico en el que Codesur recomienda la contratación de la empresa que pertenece a Pablo Groux para la inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos.