Mujeres echadas de Chile, con historial limpio en el país

El 93% de las 325 mujeres bolivianas condenadas con penas bajas en el norte de Chile por delitos de narcotráfico en 2017 y el primer trimestre de este año, fueron expulsadas de ese país y puestas en la frontera con Bolivia, donde retomaron sus vidas al no presentar antecedentes por la Ley 1.008 ni en delitos comunes, lo cual demuestra que la mayoría se involucra en el narcotráfico por necesidades económicas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en contacto telefónico con EL DEBER, dijo no tener a mano el número exacto de bolivianas recibidas en frontera en 2017 y parte de 2018 luego de ser expulsadas por la justicia chilena, pero señaló que ninguna tenía antecedentes delictivos en Bolivia, por lo que se marcharon sin restricciones a sus lugares de origen.

“Las han puesto en frontera y se ha verificado en cada uno de los casos si tenían antecedentes y, al no tener, pues se les ha otorgado la libertad”, manifestó.

La autoridad de Gobierno hizo hincapié en que este fenómeno de las ‘mulas’ del narcotráfico es una tendencia es general en la región y, en la mayoría de los casos, tienen un componente de pobreza, tal como lo reveló este diario en un reportaje especial publicado en la edición dominical.

“Entre las mujeres presas, un 60% o 70% tiene que ver con ingesta de droga. Generalmente se involucran mujeres pobres que tal vez sufren una doble discriminación en la sociedad: una por su condición de mujer y otra por su pobreza, lo cual es una desventaja mayor y hace que sean más vulnerables”, indicó Romero.

Promueve ley corta

La practicidad de la justicia chilena es digna de imitar, pues los extranjeros que reconocen su culpabilidad en delitos con penas inferiores a cinco años de prisión pueden acceder a su expulsión de Chile, con la condición de no pisar ese territorio en 10 años. De paso, el Estado se libra de gastar más de $us 1.000 mensuales en mantener a una presa.

El ministro reveló que hace un mes presentó al Legislativo un proyecto de ley corta que contempla la teoría del dominio funcional, adoptada en otros países, que consiste en perseguir a las mulas y a quienes dirigen el narcotráfico. Asimismo, que los narcotraficantes de talla menor sean sancionados de manera distinta de los ‘peces gordos’, es decir, quienes tienen la mayor responsabilidad.