POLÍTICA

Mochilas: Demócratas se aferran a Leyes y cae la encargada de contratos


La bancada oficialista defendió el derecho del alcalde a mantenerse en el cargo. El MAS les recuerda que hay restricciones cautelares claras. Ayer, el fiscal general, Mario Guerrero, informó de un nuevo arresto

Tercera desde la izquierda, Carolina Ayala, responsable de contrataciones de Leyes, es llevada a celdas judiciales
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24/04/2018

La cuarta ciudad más grande de Bolivia tiene a su alcalde con impedimento judicial para ejercer sus funciones. El Concejo Municipal cochabambino decidió no elegir a un suplente de José María Leyes, con detención domiciliaria desde el sábado, prohibido de acercarse a oficinas y contactar a sus funcionarios. “Cochabamba tiene un alcalde y se llama José María Leyes. Ni a la Alcaldía ni al Concejo Municipal ha llegado una notificación oficial que suspenda o inhabilite al alcalde. No corresponde la designación de un interino”, dijo Iván Tellería, titular del legislativo. 

Con ello se da una paradoja: Cochabamba tiene un alcalde que no puede trabajar por una orden judicial. El sábado, en una audiencia que duró casi ocho horas, el juez Fernando Pérez le aplicó medidas sustitutivas a la detención, tras hallarle indicios de culpabilidad en los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito a un tercero, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Lo que dijo Rubén Costas:

Le dictó detención domiciliaria, una fianza de Bs 200.000, arraigo sin poder abandonar Cochabamba y, como entendió que tenía la posibilidad de influir en otros investigados y obstruir a la justicia, el juez le prohibió acercarse a la Alcaldía y a sus funcionarios. Leyes es el primer imputado en el caso de la compra de más de 91.000 mochilas chinas en una licitación que, según la Fiscalía, fue simulada para favorecer a la Asociación 26 de Febrero, consorcio que se adjudicó la provisión por Bs 12,4 millones.

Lorena Amurrio sobre detención de Carolina Ayala (EL DEBER Radio):

Esto también fue observado por Tellería. Según él, uno de los motivos para mantener a Leyes en su cargo es que en la resolución del juez se violaron los derechos humanos y políticos del alcalde: los humanos por prohibirle su derecho al trabajo y los políticos porque se le impide ejercer un cargo para el que fue elegido por voto popular. Según el presidente del Concejo, no han sido notificados con ninguna sentencia de la inhabilitación de Leyes.

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“Tenemos 72 horas de plazo para la elección en el caso supuesto de un alcalde interino, pero también en esas 72 horas se está haciendo la apelación para que al alcalde le otorguen su derecho al trabajo”, dijo al respecto Álex Contreras, secretario de la Alcaldía, que garantizó el funcionamiento normal de la comuna.

Tratándose del segundo vicepresidente de Demócratas, ayer Rubén Costas y Ernesto Suárez salieron al paso. En la misma línea de Tellería, en Santa Cruz, el gobernador denunció la “violación de los derechos políticos” del alcalde de su partido por parte de un juez que fue asesor del ex gobernador masista de Cochabamba Edmundo Novillo, y anunció que llevará el caso ante organismos  internacionales como ya se hizo antes con la inhabilitación de 228 candidatos de su tienda política y por la vulneración de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo No a la reelección de Evo Morales. 

Una segunda aprehensión 
La investigación del caso mochilas le ha quitado la tranquilidad a más de un funcionario en la Alcaldía de Cochabamba. Con Leyes impedido por restricciones judiciales y con el exsecretario José Miguel Padilla fuera del país y alejado del cargo, ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero, sumó a la lista a Carolina Ayala, responsable del proceso de contratación para la adquisición de las mochilas escolares, que, según confirmó, fue aprehendida.

“Es una investigación que va a seguir su curso y va a continuar, se están haciendo otros requerimientos. Hoy en la tarde ha sido aprehendida otra persona, la responsable del proceso de contratación. Aquí hay un hecho de corrupción, el cual se está investigando”, informó Guerrero, según cita el diario Los Tiempos.

De acuerdo con la Fiscalía, Ayala fue parte en la adquisición de las más de 91.000 mochilas de la Asociación 26 de Febrero, en su calidad de directora de Contrataciones de Obras del municipio cochabambino. De acuerdo con Los Tiempos, la ahora aprehendida explicó que hubo una confusión respecto al día de su citación en la Fiscalía, pues ella suponía que no era hoy. Pero cuando se apersonó ante el fiscal a subsanar el malentendido quedó arrestada.

El MAS sube la presión
En la otra vereda, el MAS no se ha quedado callado. Al contrario. Celima Torrico, edil del MAS, considera que la Ley 482 de Gobiernos Municipales es clara y, cuando existe algún impedimento, el Concejo debe elegir a un sustituto del mismo partido del alcalde para suplirlo mientras exista ese impedimento. 

“Ellos tienen que ponerse de acuerdo. No sé si las tres mujeres o los tres varones no eligen porque todos quieren ser alcaldes. ¿Será ese el impedimento?”, preguntó Torrico, sindicada por Leyes como la persona que el MAS quiere poner en su lugar.

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Por su parte, su correligionaria, la edil Rocío Molina, ‘golpeó’ con una conminatoria para la bancada de Leyes en el legislativo. “No hay que hacerle el ‘quite’ a una responsabilidad que tiene la bancada Demócrata, esperamos señales de responsabilidad para darle certidumbre a la ciudad y para dar continuidad institucional a Cochabamba”, instó la concejala, quien realizó la denuncia de presunto sobreprecio en la compra de mochilas escolares.

Ayer, los concejales sesionaron en comisiones desde las 8:00 y tienen una sesión convocada para hoy. Torrico teme que puedan hacer desaparecer la convocatoria, pero ve que una ciudad como Cochabamba no puede quedarse sin alcalde. Recordó que en todas las ausencias por viaje de Leyes se eligió a un suplente en un máximo de tres días.

De igual manera, el ejecutivo municipal ratifica la decisión del Concejo cochabambino y ratifica a Leyes como alcalde. Así lo aseguró Ricardo Pol, secretario general de la Alcaldía, en un comunicado que ofreció a la prensa, en el que no admitió preguntas. Rodeado del resto de los secretarios, consideró que el juez viola el derecho al trabajo de Leyes y sus derechos políticos de autoridad elegida por voto directo. 

Dijo que todas las actividades son normales y cuando se le preguntó quién firmará los cheques y los contratos, dio por finalizada la comparecencia ante los medios de comunicación. Pol consideró que sin una notificación no tienen por qué comentar supuestas acefalías y de ese modo evitó responder cómo hará para que José María Leyes actúe como alcalde, cuando tiene restricciones explícitas que  se lo impiden. 

Pero, ¿qué dice la ley?

El artículo 11 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece que “la ausencia por impedimento temporal del alcalde o concejales surtirá efectos legales cuando emerjan de (una) instancia jurisdiccional o por instancia competente, cuando corresponda, hasta que cesen los efectos de la causa de impedimento”.

Según Gary Peña, abogado municipalista, lo que corresponde es nombrar a un alcalde interino del mismo partido que José María Leyes. Explica que la Ley 482 no se refiere directamente a medidas cautelares, pero sí habla de órdenes jurisdiccionales y establece que mientras dure el impedimento, se debe nombrar a un interino. El reemplazo no se puede dar si el Concejo no es notificado, porque no lo puede hacer de oficio, y una vez que el legislativo sea notificado con la medida cautelar, debe constituirse como parte querellante, ya que se lo acusa de un delito de corrupción y, si no lo hace, incurriría en incumplimiento de deberes.

Eso sí, para Peña, la determinación de prohibirle trabajar a Leyes puede ser muy severa, un derecho defendido por convenciones internacionales. Cree que el Estado tiene las medidas necesarias para evitar que se interfiera en la investigación. Explicó que al ser imputado como coautor puede ampliarse la fase preparatoria de seis hasta los 18 meses y que, al haberse resuelto el contrato, varios de los cargos pueden quedar al margen porque no existiría daño económico.

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Riesgos procesales

Alteración de pruebas
Existe una denuncia de posible alteración de 14 computadoras en las que estaba la información de la licitación de las mochilas por una orden del personal de Informática y la Unidad Anticorrupción del municipio.

Resolución de contrato
Otro de los motivos que hizo que el juez Fernando Pérez viera la posibilidad de interferencia de Leyes en la investigación es la resolución del contrato de las mochilas, a pocos días de la citación del alcalde ante el Ministerio Público.



 




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