Héctor Arce publicó el nombre de la joven y generó varias críticas. La autoridad asegura que no vulneró la ley ya que no dio el apellido de la víctima

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1 de febrero de 2019, 6:00 AM
1 de febrero de 2019, 6:00 AM

El ministro de Justicia, Héctor Arce, reveló la noche de este jueves el nombre de la víctima de violación grupal, ocurrido el 14 de diciembre de 2018 en Santa Cruz. Arce escribió un mensaje de apoyo a la familia de la víctima en la que incluyó el nombre de la joven, cuya identidad está protegida por la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia. La autoridad asegura que no vulneró esta norma porque no dio a conocer el apellido. 

"Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima", establece la ley 348 en su artículo 86, inciso 5. Además, el artículo 89 de la misma norma dice que "en todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima".

El ministro de Justicia, en contacto telefónico con EL DEBER, aclaró que no se vulneró ninguna norma y que están en contacto con la familia para apoyarlos en la búsqueda de justicia. "En ningún momento se vulneró la ley 348, artículo 86, inciso 5, que establece de que la identidad de las víctimas de violencia están protegidas. De acuerdo al Código Civil, la identidad de las personas se las identifica con el nombre y, fundamentalmente, con el apellido paterno y materno, en ese orden", explicó, en contacto telefónico con EL DEBER.

Andrés Ritter, uno de los abogados de la víctima, consultado sobre la revelación que hizo el ministro, manifestó que no ven nada malo en el mensaje y agradecen por el apoyo brindado: “Consideramos que no afecta (en la investigación), ya hay informes circulando, (pero) se debe evitar revictimizarla. Independiente del nombre, el mensaje (de apoyo) es lo correcto”.

En criterio de Ritter, la comisión de fiscales que investiga el caso está fallando en su trabajo. “Hay informes sin firmas de peritos, actas en blanco, se pide el celular de la víctima, pero no de los imputados”, cuestionó. Además, considera que el fiscal general Juan Lanchipa debe auditar el caso.  

Maria Ines Galvis, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Santa Cruz, lamentó que el ministro haya vulnerado la ley 348. “Me parece de que resalta la mala información sobre la ley 348 (que tiene), donde se toman todas las medidas de protección para las víctimas, ni el nombre ni el rostro deben divulgarse en los medios”, manifestó.

 

Este es el tuit del ministro. Se difuminó el nombre de la víctima, conforme señala la Ley