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Ministra denuncia daño millonario en Bolivia TV


López encontró que en un solo día comenzaron y terminaron un proceso de licitación por Bs 25 millones. Lo denunció ayer ante la Fiscalía. Hay otros cinco proyectos en la mira por 131 millones

Seis contratos han sido identificados. Se revisó documentación durante un año

Hace 3 días

El proceso de modernización digital de Bolivia TV está bajo sospecha de corrupción. Ayer, la ministra de Comunicación, Gísela López, presentó ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos. Este programa tuvo un costo de Bs 25 millones y la denuncia de López involucra a diez exfuncionarios del canal estatal, entre ellos el ex gerente general Gustavo Portocarrero, el ex gerente técnico, Rubén Márquez, y la ex gerenta administrativa y financiera, Lilian Peñarrieta. 
Pero esto solo puede ser la punta del ovillo. Según explicó López, hay otros cinco proyectos en la mira por Bs 131,4 millones. EL DEBER trató de comunicarse con Portocarrero, pero su celular estaba apagado entre la tarde y la noche de ayer.

Todo comenzó en 2013, cuando Bolivia TV comenzó a recibir dinero del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), un programa nacido con la Ley de Telecomunicaciones para reducir la brecha de acceso a la información y que era administrado por el Ministerio de Obras Públicas, que comenzó a transferir recursos a Entel y Bolivia TV a través del Ministerio de Comunicación. Según López, Bs 280 millones fueron transferidos desde 2013, de ellos, seis contratos por Bs 131 millones están bajo sospecha.

El daño
López explicó a través del teléfono, que el contrato de Bs 25 millones tenía por objetivo digitalizar el trabajo en Bolivia TV. Con él se debieron crear sets virtuales, tener generadores de líneas gráficas, pero todo quedó a medias por la supuesta corrupción. 

Cuando López era gerenta General de Bolivia TV, empezó a revisar la documentación y lo primero que le saltó a la vista fue que todo el proceso de contratación se lo hizo en un día: el 23 de diciembre de 2014. 
En esa jornada se firmó el convenio entre el Ministerio de Comunicación y Bolivia TV, la autorización para el inicio del proceso de contratación, la autorización a la empresa Autored para que presente la propuesta técnica y económica, que fue enviada el mismo día. 

Luego, el mismo 23, estaba listo el informe técnico en el que se verificaban los requerimientos del canal estatal y la propuesta de la empresa, también se elaboró la evaluación de la comisión verificadora y se emitió el informe de la responsable de Transparencia al gerente general del canal. “Nunca el mismo día se hace todo el proceso de contratación y se adjudica”, dice López. 
En ese momento la ministra de Comunicación era Amanda Dávila. Consultada sobre estos proyectos, explica que BTV es una empresa descentralizada con patrimonio propio y autonomía de gestión y administración. Recuerda, además, que ella dejó el cargo en enero de 2015 y aplaude la investigación de López.

Aunque sin la certeza que dan los documentos en la mano, Dávila recuerda que en 2014 se aprobaron transferencias a BTV por dos decretos supremos.
Según consta en la Gaceta Oficial, ese año se realizaron dos transferencias a Bolivia TV, una por Bs 44 millones, en mayo, y otra por Bs 75 millones, el 17 de diciembre. En el decreto 2223 se detalla que Bs 50 millones iban a financiar el proyecto Fortalecimiento y potenciamiento digital de equipos televisivos para optimizar la producción y cobertura de información de Bolivia y Bs 25 millones al programa denominado Tecnologías de información y comunicación para la inclusión social. Este último es el que está denunciado por López.

Dávila explica que el mismo decreto establece que una vez concluido el proyecto, se debería haber hecho una auditoría especial y comunicarla al Ministerio de Comunicación.
La que debió concluir con ese proceso fue su sucesora, Marianela Paco. La exministra asegura que se pidió con insistencia a López que acelerara las auditorías y que incluso, como presidenta del directorio de Bolivia TV, convocó una sesión para pedir que se acelerara el proceso de auditoría. Además, aseguró que dejó 30 auditorías en curso.

López también habla de dificultades para acceder a la información. Habla de una trama que incluso planificó un incendio para deshacerse de los documentos. Por ello, a mediados de 2016, pidió ayuda al entonces Ministerio de Transparencia y armó un equipo multidisciplinario para revisar los contratos a fondo. “El problema es que los auditores revisan documentos, nosotros fuimos al inventario”, cuenta López. 

Allí encontró que los equipos que debían funcionar en red era una maraña de artefactos empotrados, que los números de serie anotados no coincidían con lo existente, equipos sin codificación final para entrada de video, sin monitores de programas o artefactos que nunca terminaron de instalarse. El colmo fue descubrir que habían hecho pasar 10 computadoras domésticas por islas de edición modernas. “En los informes de recepción de la adquisición todo estaba conforme y funcionando, pero cuando entramos al canal, nada funcionó, nunca funcionó”, explica López.

La comisión de la ministra sigue trabajando. Pide unas tres semanas para terminar de revisar los otros cinco contratos y elevar un informe para confirmar o desestimar sus sospechas de corrupción. 



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