Mesa habla de liderazgo y el MAS cree que probó politización de Quiborax

“Me comprometo con la acción directa, personal de defensa del 21-F, pero presidir esa acción de las plataformas, que consideren que puedo ser útil, sería muy pedante decir yo lidero el 21-F, no, yo soy parte, soy un militante de la causa, pero si la comunidad boliviana cree que puedo jugar un papel de liderazgo lo aceptaré. No quiero presumir eso, me parecería una falta de respeto con los que trabajaron en el activismo”, dijo ayer el expresidente Carlos Mesa cuando le consultaron si aceptaría encabezar la lucha de Bolivia dijo No.

Así quedó abierta la posibilidad de que el exmandatario se sume a los movimientos, aunque estos también exigieron que se defina si quiere ser candidato en las elecciones de 2019, que es el principal problema.

Para Mesa adelantar un criterio de candidatura es salvar el escollo para el presidente Evo Morales, quien buscaría definir un adversario político para que él también afirme una candidatura a repostular para el periodo 2020-2025.

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“Si digo que seré candidato entonces asumo que el 21-F fue superado y lo que creo que tenemos que hacer es que hay que tomar, como ciudadano, como personalidad pública, la defensa del 21-F y forzar a que el presidente Morales reconozca y acepte que no puede ni debe ser candidato”, explicó la exautoridad.

Mientras el ministro de Minería, César Navarro, dijo que no existen elementos políticos en este caso y que el único que busca sacar rédito es el propio expresidente  cuando junta el referéndum con un juicio que debe encarar en los tribunales judiciales por un acto de su administración de gobierno.

La diputada Mónica Reyes (MAS) también dijo que no se puede politizar un hecho jurídico y que tiene prueba que será expuesta en el juicio con temas políticos que intenta el exmandatario. En su opinión Carlos Mesa debería concentrarse en la defensa que llevará adelante cuando se inicie el juicio.

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Pero el expresidente considera que es el MAS y el propio gobierno el que politizó el caso por dos razones, la primera para eliminarlo políticamente cuando tiene unos comicios generales al próximo año y, la segunda, para encubrir la pésima defensa que realizó el Estado ante el Ciadi y cuyos responsables tienen nombre y apellido.

Por esa razón, mencionó que presentó la ampliación de la investigación en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce; de Minería, César Navarro; el procurador general, Pablo Menacho, y la exministra de defensa del Estado, Elizabeth Arismendi.

La exautoridad cree que el MAS tendrá todo listo para procesarlo hasta finales de agosto porque considera que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pedirá el juicio de responsabilidades y que los dos tercios del MAS aprobarán ese pedido y será llevado a los estrados judiciales.

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El juicio

Sin embargo, desde Sucre, el magistrado Edwin Aguayo, miembro del  TSJ, informó que previamente al enjuiciamiento de Mesa existen otros cuatro juicios de responsabilidades que deben resolver las autoridades judiciales.

“Generalmente se estila que se puedan llevar de principio a final los juicios uno a uno, no se puede llevar paralelamente, porque se podría generar una especie de atosigamiento y contradicciones, porque, los que componen el tribunal de juicio son los mismos magistrados”, refirió la autoridad judicial, según el reporte de ABI.

Aguayo dijo que primero deben resolverse los juicios de responsabilidades de los casos Petrocontratos, ENFE, FOCA y Orbisat, que están pendientes y que no fueron resueltos por los exmagistrados del TSJ.

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Para el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, desde el punto de vista del derecho, no existe ninguna prueba que pueda incriminar a Mesa en un juicio de responsabilidades y dijo que en el momento del juicio se podrá verificar si las actuales autoridades judiciales están sometidas al poder político, porque las decisiones que adopten deben ser en el marco judicial.

El diputado Wilson Santamaría afirmó que los antecedentes que están generando este juicio llevarán a las autoridades judiciales a revisar sus actos porque los mismos tendrán responsabilidad en el fallo que emitan y por tanto pueden ser procesados más adelante.

El expresidente dijo que antes de pensar en los tribunales internacionales agotará todos los recursos de la justicia en Bolivia y que después de todos los esfuerzos recurrirá a los tribunales  internacionales. Según el último informe de la procuraduría, Bolivia enfrenta 52 demandas internacionales ante la CIDH por violación de derechos.

Afuera

Pero las repercusiones sobre el trajín contra Mesa no solo son en el país y ayer se conoció la versión del ex diputado chileno Jorge Tarud, quien dijo que las posturas sobre la demanda marítima fueron utilizadas por Evo Morales “para la foto”.

“Siendo precisamente el vocero de la demanda, y en donde él (Mesa) acusa además al Gobierno de estar en su contra, se ve claramente que hay un disenso y un conflicto interno bastante serio. (…) Desde el punto de vista de la campaña mediática que ha hecho Bolivia a través de Carlos Mesa, es evidente que este conflicto que existe entre él y el Gobierno de Evo Morales, deslegitima la postura boliviana”, refirió el ex legislador chileno al portal Urgentebo de Bolivia.

La demanda

Mientras en La Paz, el fiscal de distrito, Edwin Blanco, confirmó la recepción de la demanda que presentó Carlos Mesa contra las autoridades nacionales y dijo que en este momento ese memorial está en manos de un fiscal que debe analizar los alcances de la denuncia y elevar un informe que rechace o admita la denuncia.

Blanco evitó mencionar los plazos que tiene el Ministerio Público para la resolución de este informe y dijo que se cumplirá los tiempos.

En la calle

Recorrido
Carlos Mesa recorrió la avenida 6 de Agosto y encontraba solidaridad a su paso de la ciudadanía que lo saludaba. Fue ayer cerca del mediodía.

El Ciadi
Según el artículo 54 del acuerdo con el Ciadi, los estados deben hacer cumplir en sus territorios los fallos de este ente que les mandó a suspender todas las acciones judiciales. 

Medidas cautelares
El procurador Pablo Menacho dijo que en febrero de 2010 el CIADI emitió medidas cautelares y mandó a suspender todas las acciones penales.

Los argumentos
La autoridad dijo que Bolivia presentó 28 pruebas de que Quiborax incumplió sus obligaciones pero no hubo éxito. 

Obligados 
Dijo que todas las entidades estaban obligadas a cumplir el laudo, sin excusas.