Carlos de Mesa remarcó que ha recibido una amnistía como "concesión graciosa"

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30 de septiembre de 2018, 14:03 PM
30 de septiembre de 2018, 14:03 PM

El expresidente Carlos de Mesa calificó este domingo de "improcedente" la amnistía que le otorgó el presidente Evo Morales por el caso Quiborax porque no se puede dar ese beneficio a una persona que ni siquiera es sometida a juicio.

"¿Qué juicio? ¿Quiborax? ¿Hay un juicio en contra mía en el caso Quiborax? ¡No, no lo hay! El tema está en este momento en la antesala de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que debe decidir si acepta la proposición acusatoria en mi contra. Si la ALP acepta la proposición y decide por dos tercios de votos abrir un juicio, el Fiscal General debe abrir la investigación, decidir si aplica medidas cautelares o no y formalizar la acusación que deberá ser recién entonces transformada en un juicio de responsabilidades sustanciado en el Tribunal Supremo de Justicia", afirmó Mesa, mediante una publicación en su blog.

Por tanto, según Mesa, el jefe de Estado "no puede amnistiar a una persona que no tiene juicio alguno" y que, en consecuencia, tampoco tiene sentencia ejecutoriada en su contra.

"¿Amnistiarme de qué? De nada. He recibido una amnistía como concesión graciosa cuyo resultado es inverso al que dice buscar. ¿Por qué? Porque como ha afirmado con toda intención el vicepresidente: 'Lo que está haciendo el Presidente es decir: Yo voy a hacer esta amnistía, condonación o anulación del delito que se ha cometido en aras de un bien mayor, y ¿cuál es el bien mayor?, la defensa del mar'. (Entonces) el Presidente presume mi culpabilidad y no mi inocencia, y el vicepresidente afirma que cometí un delito", lamentó el también vocero de la demanda marítima.

Remarcó que todo tiene un límite y no acepta que se traspase ese límite. El pasado 27 de septiembre, Morales concedió amnistía a Jorge "Tuto" Quiroga y a Mesa, y aseguró que asumió esa decisión personal "sin solicitar a los expresidentes nada personal a cambio" porque lo único que busca es que ellos sigan defendiendo el pedido de "una salida soberana al Océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual".

La Procuraduría pidió a la Fiscalía iniciar un proceso contra el expresidente por presunto daño económico al Estado, después de que Bolivia perdió un juicio internacional con la transnacional Quiborax, que fue expulsada del Salar de Uyuni en la administración de Mesa, según el Gobierno, de manera irregular. 

Luego la solicitud de juicio fue validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que remitió el requerimiento a la ALP y finalmente en ese órgano quedó congelado el trámite. 

Pero "mi actuación con Quiborax fue impecable. Hice lo que tenía que hacer y lo hice bien. No sólo no cometí delito alguno, sino que recuperé el patrimonio nacional de una empresa pirata conformada por piratas. Quien acusa soy yo y para que no haya dudas, acuso al exprocurador Héctor Arce, al procurador Pablo Menacho, al ministro de Minería César Navarro y a la exministra de Defensa del Estado Elizabeth Arismendi. Los acuso de una vergonzosa defensa de Bolivia y los acuso de daño al Estado por 42,6 millones de dólares (que le costó al país el litigio) a favor de una empresa, que cometió el grave delito de falsificación para enjuiciar a Bolivia, y a favor del abogado que, además de defender a Quiborax, fue parte del equipo chileno contra Bolivia en la demanda marítima", sostuvo Mesa.

"En consecuencia, desde el punto de vista legal el Presidente no puede amnistiar a alguien que no está sometido a juicio alguno y que no ha sido sentenciado por tribunal alguno", insistió.