Acusa también al ministro de Minería, César Navarro; al procurador Pablo Menacho y a la exministra de Defensa Legal Elizabeth Arismendi. El Gobierno dice que solo intenta distraer

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19 de junio de 2018, 6:00 AM
19 de junio de 2018, 6:00 AM

El expresidente de la República, Carlos Diego de Mesa se presentará a declarar hoy, desde las 8:30, tal como estaba previsto por el caso Quiborax, en Sucre; pero ayer, la exautoridad lanzó su contraataque y presentó un memorial en el que solicita que las investigaciones se amplíen a dos ministros de Evo Morales, Héctor Arce, de Justicia y César Navarro, de Minería; al actual procurador Pablo Menacho; y a la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi, porque no habrían cumplido sus funciones.

No solo eso, el memorial del expresidente también solicita que se pida tres informes a la Procuraduría General sobre procesos internos que se realizaron desde 2008 hasta este año; asimismo plantea como testigos a las personas que actuaron como sumariantes o acusados en esos procesos internos.

Las acusaciones que pesarían en contra de las actuales autoridades son: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y el memorial hace referencia a los actos que se realizaron en la gestión de cada uno de ellos.

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Frente a esas acusaciones, el procurador Pablo Menacho emitió tres tuits a manera de respuesta: “Carlos Mesa de nuevo desviando la atención. El laudo señala claramente que Estado boliviano fue condenado a pago de indemnización porque ‘la revocatoria no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana’. Es decir, porque Mesa no cumplió Ley 2564 y emitió ilegal DS 27589”, refiere en su primer tuit; luego le sucederían otros dos en los que hace referencia a los pasos que siguieron y sugiere que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé derogó el decreto 27589 que era el de rescisión de contrato con Quiborax.

Un día antes Arce dijo que “cada ministro de Defensa Legal del Estado y cada procurador son responsables de la correcta defensa de los intereses del Estado y todos, en base al tiempo que ejercimos dichos cargos, estamos abiertos a cualquier auditoría o requerimiento de información”.

De hecho, hasta el momento, la Fiscalía solo convocó a Carlos de Mesa y ayer se conoció de la declaración de Elizabeth Arismendi, que fue ministra de Defensa Legal del Estado entre 2010 y 2011.

El expresidente cree que las autoridades nacionales también deben informar sobre lo que está sucediendo y cómo una empresa que invirtió menos de un millón de dólares termina cobrando $us 42,6 millones más como beneficio y que ahora él aparece como único responsable del caso cuando este pasó por tres gobiernos: el suyo, el de Eduardo Rodríguez Veltzé y este de Evo Morales, que es el que debe pagar. 

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés), después de nueve años de conflicto legal, determinó que Bolivia debía pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax por el despojo de la posesión que tenía en el salar de Uyuni y pese a las apelaciones, el fallo no fue revertido.

Al final, en Bolivia se acordó el pago de 42,6 millones y que fue anunciado por el propio Ministerio de Minería.   

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Las acusaciones 

Según el memorial, el expresidente afirma que en una publicación de EL DEBER, del 14 de junio pasado, fue el propio procurador quien admitió que en 2008 “existió una oferta en firme de Quiborax-NMM para dar fin al proceso arbitral a cambio de un pago de tres (3) millones de dólares que debía efectuarse si Bolivia lo aceptaba”, pero que usando un argumento de no pago de impuestos, este acuerdo fue desechado.

En segundo lugar, Mesa menciona que en agosto de 2009 se descubrió que un funcionario, David Moscoso, confesó que se había fraguado un documento de junta de accionistas y que luego ese mismo documento fue utilizado para iniciar el arbitraje en contra de Bolivia. Es en este punto donde acusa a la exministra Elizabeth Arismendi y refiere que debió tomar en cuenta este informe.

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En tercer lugar menciona otro informe de este diario, del 17 de junio, en el que apareció un acta de una reunión entre la subprocuradora, Carmiña Llorenti, con funcionarios de la empresa chilena Quiborax; en esta reunión se debía acordar el final del juicio.

Mesa reacciona y afirma que documentos de esta naturaleza no podían estar en cualquier computadora y que no era concebible que funcionarios públicos nacionales brinden acceso al personal que estaba en proceso, “es decir que la majestad penal del Estado de Bolivia quedó a merced de extranjeros, que en su propio beneficio determinaban los contenidos y efectos de estas decisiones y que eso es un error de procedimiento”, refiere el memorial.

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Y en cuarto lugar menciona el acuerdo que fue publicado el 7 de junio entre el ministro de Minería, César Navarro, y el procurador Pablo Menacho con Andrés Jana, uno de los asesores de Chile en la demanda marítima boliviana; Mesa refiere que merced a este acuerdo, el proceso judicial por la falsificación de los documentos quedó marginado, lo cual provocó un mayor daño al Estado boliviano.

Esos cuatro antecedentes son los que fundamentan la acusación de Carlos de Mesa contra las cuatro autoridades y espera que las mismas sean convocadas a declarar por estos hechos, porque él considera que tienen responsabilidad en este proceso en el que están acusados él y tres exministros de su Gobierno, quienes se plegaron al memorial que fue presentado ante la Fiscalía General.

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Mesa estuvo acompañado de sus exministros Gustavo Pedraza, de Desarrollo Económico, y Luis Fernández Fajalde, de Trabajo, que también están siendo investigados en este caso.

Las declaraciones en Sucre 

Hoy, desde las 8:30, se tiene previsto que el expresidente presente sus descargos ante las preguntas del fiscal asignado, relate su participación en ese caso y las medidas que tomó cuando se enteró del tema.

La Fiscalía General citó al exmandatario para declarar sobre la proposición acusatoria en su contra. El caso está en la fase preliminar de investigación, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes que establezcan responsabilidades penales contra De Mesa y sus exministros, pedirá autorización de enjuiciamiento a la Asamblea Legislativa mediante el Tribunal Supremo de Justicia que hace de control de la investigación.

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Ayer, a través de su blog, Carlos de Mesa dijo que volvería a tomar la misma decisión porque la empresa chilena no estaba actuando en el marco de la ley  y recordó que Quiborax se hizo de concesiones merced a la denominada Ley Valda “promulgada en 1998, que redujo la reserva fiscal que protegía la costra salina de Uyuni, lo que dio lugar a una serie de concesiones mineras, las más emblemáticas de todas, las siete concesiones que se otorgaron al consorcio chileno Quiborax-Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, refiere la nota de la exautoridad.

Su relato refiere que hubo incumplimiento sistemático de la normativa boliviana, y se evidenció que Quiborax-NMM extraía ulexita y la exportaba a Chile declarando volúmenes menores a los realmente transportados.

El procurador Menacho le recordó que el convenio bilateral con Chile referente a la protección de las inversiones fue firmado y aprobado por el Parlamento del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997) y que Quiborax se valió de ese acuerdo para impulsar un arbitraje.

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Los apoyos

Los dirigentes políticos de oposición observan la celeridad del proceso que lleva la Fiscalía cuando hay muchos pedidos de juicio de responsabilidad contra actuales y exautoridades que siguen esperando el inicio de investigación.

Ayer, el diputado Wilson Santamaría dijo que en vista de las revelaciones que se realizan sobre los acuerdos antes de las sentencias, se debería revisar qué casos tienen ese tipo de mecanismo de solución de conflicto y cuánto es lo que el Estado está pagando en esos casos.

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De acuerdo con una anterior entrevista al procurador Pablo Menacho, dijo que eran 33 juicios internacionales que tenían y que había negociación en la mayoría de ellos; en ese entonces también se solicitó un reporte sobre cuántos juicios por violación de Derechos Humanos tiene el Estado ante la CIDH, pero ese reporte nunca fue entregado a los medios.

Para el MAS, todo está en manos de la Fiscalía, por lo que todos los que tengan observaciones o denuncias sobre este caso u otros, deberían hacer llegar los mismos hasta esa instancia, para que sean los fiscales los que investiguen y digan quiénes comparecen ante las autoridades.

EN LA JORNADA

La primera
Elizabeth Arismendi fue la primera exministra en declarar por este caso y se presentó ante la Fiscalía en horas de la mañana (estuvo hasta las 11:00). 

Crece 
Los opositores empezaron a hacerse eco del caso Quiborax, incluso piden una comisión especial para investigar los arbitrajes que tiene el Estado. 

Todos los recursos
El procurador Pablo Menacho dijo en Sucre que en el laudo se utilizaron todos los recursos y las excusas que les permitía la ley, pero que fue en vano.

A la justicia
Los legisladores oficialistas afirman que Mesa debería encarar las acusaciones que hay en su contra y defenderse, en vez de atacar a otras personas. 

Las redes
Los apoyos y las defenestraciones sobre este caso empezaron a inundar las redes sociales, principalmente en Twitter.