Mesa: 'Parece que el Gobierno perdió a propósito el arbitraje'

El plazo de 30 días que tiene la Fiscalía General del Estado para pronunciarse, sobre si se abre un proceso judicial en contra de Carlos Mesa, vence este lunes. La Procuraduría dice que hay bases sólidas que apuntan a la responsabilidad del expresidente sobre la pérdida millonaria del laudo con la empresa Quiborax. El también agente de Bolivia ante La Haya, reiteró su postura de que "el objetivo de este proceso es la destrucción personal y política de Carlos de Mesa y no la defensa de los intereses" del país.

"En lenguaje jurídico suele decirse que “a confesión de parte relevo de pruebas”. Parece que el gobierno de (Evo) Morales hizo todo lo posible para perder el arbitraje y cumplir así su objetivo político: mi procesamiento judicial en un claro camino en el que está hace ya tiempo; la criminalización de la política", escribió a través de su blog.

El expresidente también se refirió a lo dicho por Pablo Menacho, procurador del Estado, quien lo señaló como el responsable de la controversia y de que se lo iba a procesar de todas formas, demostrando con esta afirmación y "sin un ápice de rubor", que hay una estrategia para "procesarme pasase lo que pasase. Aunque Bolivia hubiese ganado el Laudo, Carlos de Mesa iba a ser acusado".

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EL DEBER publicó una entrevista con Pablo Menacho en donde responde que "es gracioso cuando Carlos Mesa dice: 'por qué siguieron el proceso, por qué no se salieron'. No depende pues de Bolivia, hay un tratado internacional que dice que el inversionista chileno puede demandar a Bolivia ante el Ciadi, y cuando eso ocurre no podemos escaparnos de enfrentarlo, porque está respaldado por un tratado internacional.

Dejó en claro también de que esperan que la Fiscalía inicie un proceso ya que han presentado informes y pruebas que dejarían en evidencia la responsabilidad que tuvo Mesa en este caso por el que el Estado pagó 42,6 millones de dólares.

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 Lo que dice Carlos Mesa:

"Parecía imposible sumar tantas cosas mal hechas durante diez años de defensa de los intereses de Bolivia, y –como si fuera hecho con intención- los ministros encargados y los procuradores del gobierno del Presidente Morales lo lograron:

1) Llegar a un Acuerdo de Conciliación con NMM-Quiborax por 3 millones de dólares y rechazarlo.

2) Pagar durante diez años más de 4 millones de dólares a abogados internacionales, 1 millón más que el acuerdo rechazado.

3) No apelar a las cláusulas específicas del Protocolo del Acuerdo Bilateral con Chile de Protección de Inversiones, para cortar de raíz el litigio producto de la falsificación de un Acta de composición accionaria de NMM-Quiborax. Esa sola argumentación hubiese obligado al Tribunal a desestimar la Demanda por la evidencia de que NMM no tenía una composición accionaria mayoritariamente chilena. Bolivia no lo hizo.

4) Llegar a un Acuerdo por 27 millones de dólares, la mitad del monto fallado por el Tribunal Arbitral y no llevarlo a efecto porque el socio falsificador David Moscoso se opuso, como si Bolivia negociara socio por socio y no, como debía ser, con una persona jurídica: la empresa NMM-Quiborax.

5) Redactar desde oficinas de la Procuraduría en complicidad con los abogados de Quiborax, desistimientos del juicio penal por falsificación que comprometían a Allan Fosk (dueño de Quiborax) y el fallo judicial de sobreseimiento, violando la independencia de poderes y haciéndolo con extranjeros acusados en el proceso, en un aspecto que fue central en la argumentación de Quiborax. Este es el más grave de todos los delitos en los que incurrió la Procuraduría en este caso.

6) Aprobar un DS firmado por el Presidente Morales y sus ministros en el que se afirma que se dicta la norma en cumplimiento del Laudo, y en la práctica se paga el monto del tercer acuerdo, no lo establecido por el Laudo. De donde se concluye que el DS mencionado avala la peor de las tres negociaciones llevadas a cabo por Bolivia con Quiborax, no el Laudo del CIADI.