MAS pide cárcel para 55 personas y manda a investigar en regiones
Algunos de los acusados están muertos. Los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía y la comisión llama a entidades gubernamentales a querellarse contra ellos
Finalmente, el MAS pidió cárcel para todos los responsables de los procesos de capitalización y privatización que se produjeron en el país en 20 años de gobiernos neoliberales; eso significa que investigarán a 50 personas aproximadamente, de 55 acusadas oficialmente de participar en el daño económico al Estado.
Así acabaron los tres días de sesiones de Asamblea y que llevaron a revisar todo el proceso de privatización y capitalización que encontró irregularidades en todos los casos revisados. El presidente de la comisión investigadora, Rubén Medinacelli, dijo que más que las personas, se debe socializar los efectos de todo ese periodo, para que no suceda más en el país.
“Estas personas tienen que pagar en la cárcel lo que hicieron en el país. Han enajenado los recursos naturales de todos los bolivianos y nuestra obligación es procesarlos”, dijo el diputado Franklin Flores y provocó la reacción de la bancada oficialista que aprobó esta moción con aplausos.
De hecho, el segundo punto de la resolución que aprobó la Asamblea ayer refiere que los antecedentes investigados y que están acumulados en 2.748 páginas deben pasar al Ministerio Público, que no estaba en las conclusiones preliminares.
El documento también hace referencia que los mismos documentos serán remitidos al Ministerio de Transparencia, la Procuraduría General del Estado (PGE) y la Contraloría General del Estado (CGE), “para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales”.
De igual modo, manda al Ejecutivo realizar investigaciones económicas y auditorías de empresas nacionales cuyos activos no se conocen. Son ocho empresas en total que “desaparecieron”.
A los gobiernos departamentales también les instruye realizar pesquisas sobre 18 empresas que estaban bajo la tuición de las prefecturas de entonces y cuyos activos tampoco aparecen. Lo mismo sucede con12 empresas municipales.
Sin embargo, no serán las únicas instancias, en el punto sexto del documento se establece que el Ministerio de Minería debe realizar una investigación sobre las concesiones mineras y el levantamiento de las áreas de reserva fiscal.
En Santa Cruz
Según las conclusiones, el Ejecutivo debe investigar lo que pasó con el Centro de Acopio Abapó Izozog; y el Centro de Acopio Cotoca.
La Gobernación tendrá la tarea de ver qué pasó con la Fábrica de Cerámica Roja en Camiri (Cerocsam); la Fábrica de Cerámica Roja de Roboré (Cerrosam) y la Planta Envasadora de Tomates y Hortalizas SAM.
Mientras que el municipio tendrá que investigar qué pasó con la Chancadora Municipal; Empresa Municipal de Asfaltado; Empresa Municipal de Transporte Automotor (Emta Santa Cruz); Fábrica Municipal de Tubos y Losetas de Santa Cruz; y finalmente la Fábrica de Losetas Montero.
El senador Omar Aguilar (MAS) dijo que el siguiente paso es la elaboración de proposiciones acusatorias en base a los análisis jurídicos de las irregularidades que fueron identificadas.
