Los casos mochilas afectan el discurso ‘anticorrupción’ de la oposición en la Llajta

Asumieron con la promesa del cambio. La recuperación de Cochabamba de la corrupción y del atraso a la que la llevó la política tradicional fue una de las consignas con la que Demócratas postuló a José María Leyes, el alcalde suspendido de Cochabamba que guarda detención preventiva en la cárcel de San Antonio, por el caso Mochilas II, asediado además por otros cinco procesos penales. Esta situación es utilizada por el MAS a modo de respuesta al dedo acusatorio de la oposición, frente a las denuncias contra el Gobierno nacional.

“Sean verdad o no las denuncias contra el alcalde de Cochabamba, la oposición se ha visto perjudicada porque ese hecho repercutió de manera general. Cuando hablas de la corrupción que ha hecho el MAS con el Fondo Indígena, o la sede del Parlamento de la Unasur, que costó Bs 504 millones y se convirtió en sede cocalera, los masistas responden: ¿Y ustedes?”, explica el concejal del Frente Único, Edwin Jiménez.

Menciona como ejemplo la efeméride cochabambina, del 14 de septiembre, cuando a los concejales y a otras autoridades de la oposición les gritaban “¡mochileros! ¡mochileros!”, mientras otros les preguntaban lo que ocultaban en sus mochilas.

El asambleísta departamental Eduardo Sarmiento, de Demócratas, reconoce que las denuncias son un fuerte golpe a la imagen de la oposición en Cochabamba, y a escala nacional; sin embargo, advierte la celeridad con que la justicia realiza las denuncias contra Leyes, mientras que cuando se trata de oficialistas, demoran meses.

Sobre los insultos en la pasada fecha cívica, el concejal Carlos Coca, de Demócratas, relativiza estas expresiones y se las atribuye a gente pagada por el MAS. Sin embargo, admite que la agrupación se encuentra en crisis y remando a contracorriente, por eso dice que se dedica a hacer política a nivel individual, porque no quiere hundirse en un barco que nadie quiere remar.

La concejal Celima Torrico (MAS), pone el dedo en la llaga cuando asegura que ‘nunca se vio’ este tipo de irregularidades. “Manfred (Reyes Villa) robaba pero hacía; Gonzalo ‘Charly’ Terceros sabía robar; Edwin Castellanos (Cholango) robaba poco. Pero Demócratas, entraron a saquear”, asegura, atribuyendo las frases a los vecinos.

Para el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Marcelo Tellería Arévalo, de Demócratas, se quiere mostrar a Leyes como culpable, sin que hayan finalizado los procesos, por lo que recordó que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Añadió que no perdió las esperanzas, de que Leyes pueda retornar nuevamente a la Alcaldía el próximo año.

División en Demócratas

El concejal Carlos Coca identifica al menos tres fracciones de Demócratas en Cochabamba. Por un lado está el Comité Transitorio Departamental, instaurado por el Comité Ejecutivo Nacional, integrado por asambleístas departamentales; otra fracción ‘aliada’ al MAS, en la que se ubica a la presidenta del Concejo, Karen Suárez, de Demócratas, que ocupó el cargo de alcaldesa hasta el retorno de dos días que tuvo Leyes entre el 28 y 29 de noviembre, cuando se levantó la detención domiciliaria que cumplía por el caso Mochilas I, y que intentó retomar este cargo mediante votación, apoyada por las concejalas Celima Torrico y Rocío Molina, del MAS; en la última fracción se identifica a Coca, y el concejal Édgar Gainza, que apoyaron la designación de Iván Tellería.

El asambleísta Sarmiento, parte del Comité Transitorio, reconoce esta división, y explica que la conformación se debió a la crisis que atravesaron a mediados de año, pero dijo que se resolverá en 2019.

EL DEBER intentó comunicarse con la concejal Suárez, pero no atendió las llamadas. La concejal Torrico explicó que los masistas se abstuvieron inicialmente de votar, pero ante un empantanamiento en la sesión del 5 de diciembre, decidieron participar y apoyar a una mujer por equidad de género.

En noviembre, en medio de las negociaciones de alianzas para las primarias, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, contó que Leyes exhortó a que no duden en pedir su renuncia “para no dañar al Movimiento Demócrata”; sin embargo, Costas le ratificó su apoyo.

Los procesos penales

Son al menos seis los procesos penales que asedian a Leyes, aunque desde el Concejo advierten que se analizan otros. Los casos por los que se investiga son Mochilas I, II y III; por la compra de material escolar con supuesto sobreprecio, cuyas indagaciones en la actualidad abarcan los periodos entre 2015 y 2018; otro caso es la compra de motos y camionetas para la Policía con supuestas anomalías en la adjudicación, que costaron Bs 980.000; la compra de cámaras de seguridad con supuesto sobreprecio, que costaron Bs 29 millones; y un supuesto sobreprecio de Bs 246.000 en la compra de seguros.

De estos procesos, se desprende una lista de 11 funcionarios, cuyos nombres son reiterativos, tal es el caso del exsecretario Diego Moreno, que se encuentra fuera del país, e incluso la hermana del alcalde, Claudia Leyes, de la que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, dijo que intervino en la compra de las mochilas chinas.

El caso Mochilas III, presentado por la Contraloría el 18 de diciembre, indaga en la compra de mochilas escolares por Bs 9,6 millones en la gestión 2015-2016, y acusa a Leyes de cinco delitos, tales como uso indebido de influencias o negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; e identifica al menos 10 anomalías ‘graves’, como establecer un precio referencial sin sustento técnico.

De acuerdo a los ediles, la información de los contratos no llegaba al Concejo, debido a una norma municipal que daba vía libre de contratación en montos menores a Bs 70 millones, que fue modificado en esta gestión y se redujo a Bs 10 millones. Cuestionaron también que el alcalde suspendido intentó traspasar sus funciones a gente ‘de confianza’ a través de cuatro decretos municipales que calificó de ‘irregulares’, debido a que el alcalde puede delegar, pero no traspasar sus competencias, que recibió a través del voto.

Pese a la crisis de Demócratas, la concejal Torrico, del MAS, cree que esta situación no garantiza una votación favorable en las elecciones generales de 2019, lo que se deberá lograr con campaña política. Lo mismo opina el concejal Jiménez, que dijo que si la población percibe que se quiere dar un uso político a los casos, lo castigará en las urnas.