BOLIVIA

Leyes, presión y polarización, las armas para asfixiar a los medios de comunicación


Cuatro expertos y periodistas se reunieron este jueves en La Paz para analizar las formas en las que el Gobierno del MAS está sometiendo a los medios de comunicación en Bolivia y orillándolos, en tre otras cosas, a la autocensura

Foto: Marcelo Tedesqui
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19/04/2018

La implementación de leyes que actúan de forma transversal a la Ley de Imprenta, vigente en Bolivia; la presión a través de impuestos y la suspensión de propaganda estatal, además de la polarización, son los mecanismos con los que el Gobierno boliviano asfixia a los medios de información, coincidieron cuatro panelistas que participaron en el foro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que se realizó este jueves en el piso 4 del Club de La Paz, en el centro de la ciudad de La Paz.

El encuentro reunió a William Herrera, abogado y presidente del tribunal de autorregulación de la ANP; Marco Gandarillas, investigador y exdirector del centro de documentación e información (Cedib); Rafael Loayza, director de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Católica Boliviana y la experta venezolana Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de ese país.

“Hemos visto que hay puntos coincidentes con el trabajo de las ONG, con lo que ocurre en Venezuela, y que la asfixia económica a los medios es una forma de generar autocensura y censura previa. A ningún gobierno le gusta ser fiscalizado y entonces recurren a mecanismos de censura, que antes se manifestaba la fuerza, en recortes para la importación de papel, como ocurrió en el país a fines de la década del 40 y ahora se repite en Venezuela. Hoy se usan mecanismos legales, pero inconstitucionales para ejercer esa presión sobre los medios”, evaluó el presidente de la ANP, Marcelo Millares, gerente del diario orureño La Patria.

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Tanto él, como el abogado William Herrera en su alocución detallaron que hay 12 normas que obligan, por ejemplo, a publicar espacios gratuitos en los medios; la ley del seguro de vida que confisca el 1% de los ingresos, restricciones en la distribución publicitaria con casos de periodistas que fueron alejados de sus medios bajo amenazas de reducciones en la pauta de parte del Gobierno, “y eso hace que algunos dueños de medios ejerzan la autocensura retirando esos espacios de investigación o análisis de su programación”.

Herrera mencionó que la Ley contra el racismo ha sido un instrumento que se uliliza para penalizar el trabajo de los medios de comunicación, de forma transversal a la Ley de Imprenta. Miralles hizo énfasis en los ataques del servicio de impuestos. “De hecho, la ANP ha sufrido el congelamiento de sus cuentas, en los medios tuvimos inspecciones del Senasir donde se piden información contable de hace 32 años, eso pasó en mi medio (La Patria), nos pidieron información de 1987 y nos pusieron multas una vez que no pudimos encontrar esos reportes, pese a que el código de comercio establece que solamente se debe guardar la información por cinco años y la nueva reforma tributaria señala que por diez”.

Se ha visto también una eficiencia nunca antes vista por parte del Ministerio de Trabajo para hacer mediciones lumínicas y auditivas en los escritorios para cumplir planes de seguridad e higiene industrial dentro de las redacciones de los diarios. “No lo hacen con todos, las exigencias van de acuerdo a la línea editorial de cada medio. Lastimosamente, el presidente Evo Morales declaró como opositores a los medios independientes y ellos lo único que hacen es ejercer su labor fiscalizadora y ser lo más ecuánimes que sea posible”.

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El director de la carrera de comunicación, Rafael Loayza añadió el concepto de polarización de los medios, como una estrategia para intervenirlos. “El Gobierno construyó clichés o verdades a medias, que gozan de bastante credibilidad, con construcciones a partir, por ejemplo, del cártel de la mentira. Dedican recursos públicos para hacer spots y campañas que muestran a los periodistas como si se estuvieran fabricando la verdad con el objetivo de diseminar la credibilidad”.

Pero Loayza llevó el tema más allá y afirmó que “el Estado ha hecho enormes esfuerzos para comprarse, de maneras raras como demuestra (el periodista) Raúl Peñaranda en su libro Control remoto, de adquirir acciones y apropiarse económicamente de varios medios, y así éstos se encuentran polarizados entre los que son proclives al gobierno y que claramente tienen esa tendencia en su línea editorial, frente a los que cumplen su rol de fiscalización, particularmente identificados como medios opositores.

De esta forma redondeó una estrategia de dos pasos: Primero, quitarle credibilidad a los medios independientes y después conseguir su propiedad e influenciar a través de mecanismos sospechosos en su línea editorial, lo que desencadena una polarización que le ha quitado a la sociedad su capacidad de fiscalizar al estado.

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A su turno el experto Gandarillas hizo un abordaje amplio sobre la forma en la que el Gobierno impide el trabajo y saca del juego a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con medidas similares de asfixia, principalmente a las que trabajan en el ámbito del medio ambiente. El especialista manifestó que esto ocurre porque esas instituciones interfieren los negocios gubernamentales.

Mientras, la invitada venezolana Balbi dio datos tan inquietantes como que en su país se dieron 518 casos de violaciones a la libertad de expresión, 57% más que el año 2016. El 74% de los ataques fueron cometidos por funcionarios que desconocen compromisos internacionales asumidos por su gobierno. En la última gestión se produjeron 54 detenciones arbitrarias, algunas de las cuales terminaron en juicios penales y militares contra periodistas. El más reciente, el caso del fotógrafo Héctor Pedraza, detenido por hacer imágenes en una protesta contra Nicolás Maduro en Maracay y que hoy enfrenta un juicio castrense por instigación a la rebelión y terrorismo.



 




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