BOLIVIA

Un ‘rosario’ de irregularidades de gestión gatillaron la pelea de Achacachi


El alcalde Édgar Ramos tiene cuatro procesos por los conflictos y la gestión que realiza. La autoridad pide pruebas. Los ponchos rojos demandan una auditoría

El alcalde masista ha negado los cargos y ha dicho estar dispuesto a dialogar si hay garantías para él

25/09/2017

Asignar dinero para obras que ya se pagaron en años anteriores; adjudicar y construir obras sin conocimiento del Concejo Municipal; un funcionamiento de la Alcaldía en otra jurisdicción y la destrucción y saqueo del pueblo, son las cuatro acusaciones que pesan contra el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos (MAS), de quien describen un ‘rosario’ de irregularidades que desataron el conflicto y que llevaron a  la cárcel a 18 vecinos que le pedían rendición de cuentas.

En la Fiscalía hay cuatro denuncias por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, falsedad material y asociación delictuosa. Los que acusan dicen que todas fueron cometidas por Ramos y, en algunos casos, piden indagar a quienes se adjudicaron las obras.

Ramos rechazó las acusaciones y conminó a sus detractores a probar lo que señalan. Indicó estar dispuesto a dialogar, pero con garantías de protección. 

Los casos 

En el primer caso, la denuncia señala que el presupuesto de 2016 contemplaba una suma de Bs 19 millones, aproximadamente, para una veintena de proyectos y que debían ser concluidos en la gestión pasada; sin embargo, en febrero de este año, el alcalde Ramos pidió reformular el presupuesto e incluyó las mismas obras de 2016 que ya debían estar canceladas.

Seis de siete concejales de Achacachi figuran como querellantes del proceso que hasta ahora no se desarrolló por los conflictos. El caso debe ser investigado después del cuarto intermedio que otorgó el pueblo en sus protestas, explicaron los representantes cívicos.

El segundo caso se trata de la construcción de una cancha en la localidad de Ajaría. Esta obra, según la carpeta de proyectos, costó alrededor de Bs 12 millones y en 2016 ya estaba registrada en el POA de ese municipio. Para entonces, la obra ya estaba terminada y era visible para todos. Sin embargo, en abril de este año, el contrato de ese proyecto recién se hizo público. ¿Cómo construyeron la obra sin contrato? Eso es lo que cuestionan los vecinos. Además, los pobladores de

Ajaria mostraron que la obra ya tiene deterioro, pese a que aún no ha sido entregada oficialmente.

El tercer caso es una batería de baños que hizo construir Ramos en  Achacachi y que, según la denuncia, tiene sobreprecio porque fue inscrita a un costo de Bs 700.000.

Todas estas denuncias fueron llevadas al Ministerio de Transparencia y Justicia, pero en esas oficinas les dijeron que lleven las mismas ante la justicia ordinaria. Pese a eso, el caso no avanza, lamentó el abogado de los detenidos, Freddy Ávalos.

Todo esto no ha detenido la actividad del alcalde, que pese a no tener oficinas legales en Achacachi, continúa adjudicando obras. Así lo señala  el formulario del Sicoes, donde figura la construcción de aulas a un costo de Bs 499.999; la apertura de sobres se realizó el 21 de septiembre.  

La certeza

¿Quién respalda a Ramos, pese a las observaciones que tiene? Se preguntó a los pobladores y dirigentes. Todos creen que es el MAS y el Gobierno en general, porque aseguran que de no ser por ese apoyo, el alcalde hubiese sido expulsado.
Relataron que Ramos fue electo alcalde con el voto de los comerciantes, describieron que  la esposa es una comerciante de prendas femeninas y que Ramos tiene dos minibuses, que fue dirigente del sindicato de Transportes Omasuyos y que por eso logró tener influencia en las comunidades.

También contaron los vecinos que cuando fue dirigente de los policías Ramos estuvo al frente de Ansclapol en las gestiones  2010-2012 y que detuvo dos movilizaciones de sus camaradas y no pudo con el tercer levantamiento, de ahí, recuerdan los vecinos, por eso en su pueblo le dicen ‘motín’.

Los vecinos recién se enteraron del patrimonio de Ramos, que es de Bs 2.291.000, y tienen suspicacias sobre el origen de esos recursos. 

Sospechan que de los 19 millones de bolivianos que elevó el presupuesto de este año, una buena parte carece de un respaldo.



 




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