El extitular de la Dirección de Reivindicación Marítima será posesionado hoy como reemplazante de Ramiro Guerrero

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23 de octubre de 2018, 4:00 AM
23 de octubre de 2018, 4:00 AM

Al cumplir su mandato de seis años, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no cumplió con el mandato de institucionalización de los cargos de fiscales departamentales por “concurso público”, como prevé el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, acusaron tres diputados de la alianza opositora Unidad Demócrata.

Guerrero no respondió ayer a los cuestionamientos que hace la oposición en el que fue su último día en el mando, pese a la insistencia de EL DEBER.

Guerrero cumplió su sexenio sin poder concluir el proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros para ser enjuiciados por la masacre de octubre negro y sin poder dar por finalizado el caso Rózsa. Él dejará el cargo hoy y en su lugar será posesionado el extitular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, que asumirá funciones por los próximos seis años. Lanchipa, que también fue presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, anunció que los fiscales departamentales serán cambiados, aunque no precisó si los cambios serán sujetos al artículo 33 de la norma del Ministerio Público.

La falta de institucionalización

Para los legisladores Jimena Costa, Wilson Santamaría y Arturo Murillo, la Fiscalía General del Estado se caracterizó por ser una institución “ineficiente” y “política” al servicio del Gobierno nacional durante el mandato del también ex asambleísta constituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

A modo de despedida, Murillo cuestionó que Guerrero haya “desinstitucionalizado” la Fiscalía General al no realizar nombramientos en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

De acuerdo con el artículo 33 de dicha norma, los fiscales de los nueve departamentos debían ser designados por Guerrero “previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público”. Este proceso no existió, según el senador Arturo Murillo.

Los fiscales departamentales fueron designados a “dedo” por el fiscal general. “Ha sido una gestión política y tremendamente ineficiente”, comenta la diputada Jimena Costa.

La crítica política

El diputado Santamaría es crítico a la administración de Guerrero, también cree que su gestión fue “recontra” ineficiente y política, porque estuvo al servicio de las autoridades gubernamentales.

Lamentó que ninguno de los fiscales departamentales fue designado de acuerdo a la ley, es decir, mediante un concurso de méritos que dé mayor solvencia a la labor de estas autoridades cuyo rol es fundamental en los procesos investigativos.

Según la agencia ANF, realizó un recuento de los 16 casos más simbólicos que le tocó indagar al Ministerio Público a la cabeza de Guerrero, entre los que se encuentran: Fondo Indígena, caso LaMia, crisis del agua en La Paz-EPSAS, atracos a Brinks y a Eurocrhonos, asesinato de Rodolfo Illanes y muerte de cooperativistas.

También se cuentan el caso Taladros, desfalco millonario al Banco Unión, caso bebé Alexander, explosiones en Oruro, Bolivia TV, irregularidades en la ABC, muertes en La Asunta, conflicto de la Universidad Pública de El Alto con un muerto, irregularidades en Dircabi, caso Zapata.

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