Víctor Eduardo Parada Vargas (30) fue condenado a muerte en Malasia luego de que en 2013, fuera encontrado en posesión de medio kilo de cocaína

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23 de febrero de 2018, 14:16 PM
23 de febrero de 2018, 14:16 PM

La familia de un boliviano que vivió 7 años en Benilloba (Alicante), antes de ser deportado por carecer de papeles, busca apoyo para intentar que se le conmute la pena de muerte por ahorcamiento a la que ha sido condenado en Malasia por introducir 450 gramos de cocaína como 'mula'.

El condenado es Víctor Eduardo Parada Vargas, de 30 años, oriundo de Minero (Santa Cruz) y que vivió en Benilloba de 2002 a 2009, cuando fue expulsado de España a Bolivia por carecer de papeles, ha relatado a EFE una de sus hermanas, Anislei.

En 2013 fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir desde su país 450 gramos de cocaína repartidas en bolsas ingeridas, lo que inició un proceso judicial que ha desembocado con una reciente condena a la pena capital, que se dio a conocer el pasado 5 de enero.

Su madre sigue teniendo domicilio en Benilloba mientras que sus tres hermanas viven en la cercana ciudad alicantina de Alcoy, donde todos trabajan teniendo la doble nacionalidad, y desde donde tratan de conseguir que la Justicia malaya no aplique la pena capital a Víctor, publica EFE.

Su hermana ha explicado que, en Benilloba, Víctor estudió un módulo de carpintería y realizaba trabajos en el colegio del pueblo haciendo estanterías cuando, un día de 2009, fue interceptado y deportado a Bolivia por estar en situación ilegal en España.

Una vez en su país de origen, ejerció como carpintero, tuvo una pareja con la que procreó un niño antes de sufrir un accidente laboral que le amputó los dedos índice y corazón de la mano derecha, lo que le hizo perder el empleo.

En ese momento empezaron los problemas económicos y de pareja, y un individuo le prestó un dinero que, poco después, le exigió devolver bien en metálico o bien a cambio de portar droga como 'mula' a Malasia a finales de 2013.

Fue detenido en Kuala Lumpur con la cocaína y desde entonces la madre y las tres hermanas viven un calvario por el que ya han gastado 40.000 euros en viajes, abogados, traductores y otras gestiones, sin resultado positivo alguno.

El pasado 5 de enero el juez lo condenó por tráfico de drogas a la pena de muerte por ahorcamiento, decisión que ha sido recurrida en primera instancia.

La madre, que lleva unos meses en Bolivia tratando de traer a España al nieto de 6 años (a cuya custodia ha renunciado la madre a favor de la abuela paterna), y las hermanas piden la ayuda de alguna ONG o abogado experto en este tipo de situaciones para conmutar la pena.

"No queremos dinero sino ayuda y asesoramiento. Aceptamos que debe pagar por el delito cometido pero no con la horca", ha subrayado la hermana, para quien "no hay derecho a esa condena por llevar 450 gramos de cocaína".

La familia, que ha tenido que pedir prestados parte de los 40.000 euros gastados en las gestiones, ha recurrido al consulado boliviano en Valencia, a las embajadas de Bolivia y Malasia en Madrid, y también ha contactado con la embajada del país iberoamericano más cercana a Kuala Lumpur, en Tokio, aunque se queja de la escasa atención recibida.