BOLIVIA

La explotación ilegal de oro atrae a extranjeros al país


Los yacimientos auríferos están ubicados en el municipio de Teoponte, en La Paz. También se constató que existe trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual 

Las firmas ilegales instalaron dragas en las orillas de los ríos Kaka y Beni. Ahí se explota el metal precioso.

19/11/2017

Dos ciudadanos chinos caminan por un sendero de tierra que bordea el río Kaka. Bajan la cabeza y se pierden tras llegar al afluente donde está una de las muchas dragas que explotan ilegalmente oro en la comunidad de Mayaya, en el municipio de Teoponte del departamento de La Paz. En este sector subtropical, la presencia estatal es escasa, situación que facilita  la explotación ilícita del metal precioso y la trata y tráfico de personas; además de ocasionar pérdidas económicas al Estado por la evasión impositiva y por no pagar las regalías mineras.        

Jorge Apuri vive en Mayaya desde hace 57 años. Es testigo de cómo la explotación de oro afectaba su tierra, pero ahora la situación es preocupante. Revela que a principios de este año se asentaron en la región ciudadanos de origen chino, colombiano y vietnamita con la intención de explotar el mineral.  “Antes, los huecos estaban a 400 metros sobre la orilla del río y no me afectaban, pero ahora están a escasos 20 metros de mi casa. Esto es realmente preocupante”, relata Apuri, quien asegura que la explotación ocurre en plena reserva ecológica de Pilón Lajas.    

Su hermano, Henry, explica que los extranjeros montaron maquinaria moderna para explotar el oro. En los dos ríos que abrazan Mayaya, el Kaka y el Beni, están las dragas operando. Encima de la embarcación funciona una pala mecánica y más allá está ubicada una máquina que limpia la tierra. También operan con tractores, camiones y equipos pesados, como si se estuviera construyendo una infraestructura o una carretera. 

Mayaya lo tiene todo, incluso es más grande que su capital, el municipio de Teoponte. Hay servicio de taxi y mototaxis. Está a unos 300 kilómetros de la sede de Gobierno y su población convive con los delitos. No sienten temor y confirman que ciudadanos asiáticos y colombianos están en el lugar. María es propietaria de una tienda y relata que durante el día los extranjeros trabajan en los ríos, que son muy extensos. Por la noche salen al pueblo para consumir bebidas alcohólicas en los denominados ‘karaokes’, que en realidad son locales donde explotan sexualmente a jóvenes que son reclutadas en localidades de Beni, La Paz y Cochabamba. El pueblo muestra dos caras. Una de día, en la que se ve a los menores de edad asistiendo a las dos escuelas, mientras que los mayores trabajan en sus negocios. Por la noche todo cambia. Se abren los ‘karaokes’ y poca gente se ve en la comunidad. Solo caminan los que trabajaron en el río.   

Trata de personas
Un vehículo policial hace rondas, pero no logra erradicar la trata y tráfico de jóvenes que origina la explotación del oro. En Mayaya hay solo tres efectivos que hacen turnos en el día y la noche. 

Henry Apuri admite que la explotación ilegal del oro conlleva a otros delitos, como la trata de mujeres que son explotadas sexualmente. El campesino revela que en los ‘karaokes’ las jóvenes son obligadas a consumir bebidas alcohólicas con  el ‘cliente’ y a mantener relaciones sexuales. En su mayoría, dice, son extranjeros los que visitan los locales nocturnos.

La Policía de Mayaya intenta erradicar estos delitos, pero aseguran que no hay denuncias y que cuando se hacen las batidas, no encuentran menores en el lugar. 

La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM),  informó de que durante el año han sido ejecutados 17 operativos y fueron identificadas las áreas en que existe la explotación ilegal de minerales. Durante los operativos fueron detenidas 101 personas. En Mayaya, recientemente, fueron aprehendidos siete ciudadanos chinos y otros tres bolivianos. 
“La AJAM envía el mensaje; estamos controlando y lucharemos contra este mal porque ocasiona daños económicos y ambientales. Los que exportan recursos que pertenecen al pueblo boliviano dejan de pagar regalías e impuestos al Estado, solo obtienen beneficios personales”, advierte Erick Ariñez, director ejecutivo de la AJAM. 

Gabriel Buchapi es una especie de guardaparques de la reserva. Lamenta la poca atención del aparato estatal ante la creciente incursión de mineros ilegales al borde de los afluentes. “Vemos dragas que explotan ilegalmente oro. Lo hacen dañando el medioambiente por la excesiva cantidad de mercurio que utilizan; es una pena”, lamenta el indígena.  

La versión del Ejecutivo

El ministro de Minería, César Navarro, anuncia la implementación  de múltiples sistemas de control  a la producción y comercialización de oro, incorporando esta vez a todas las joyerías de las ciudades de El Alto y La Paz. El objetivo es evitar las operaciones ilegales que signifiquen evasión de regalías en desmedro de los municipios y las regiones productoras.

Una segunda medida es la apertura de un registro legal de compradores de oro. “Se ha detectado que existe un mercado ilegal, donde se pueden encontrar varias joyerías que tienen tres anillos, dos manillas que no superan los $us 2.000 en valor de la mercadería, pero son los que compran oro sin hacer las retenciones de ley”, dice el ministro. 

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) alertó que el 60% de la producción de oro es comprado por, al menos, unas 32 comercializadoras ilegales debido a la falta de control del Ministerio de Minería. 

En Guanay, municipio del departamento de La Paz, nadie oculta el movimiento que ocasiona el oro. Juan Tarqui reside en esa comuna desde hace 30 años. Vio cómo la fiebre del oro trastornó la población. “Los chinos llegan primero a Guanay, se compran de todo”, relata.  También las jóvenes explotadas pasan por Guanay, que forma parte de la ruta hacia la perdición por la fiebre del oro, que hasta el momento va en descenso por sus bajos niveles de explotación, pero aun así, muy rentables.  

El paraíso de los ‘chutos’
Caranavi, Guanay y Teoponte son municipios en que los vehículos indocumentados operan sin problema. Los choferes dicen que los caminos obligan a desechar los motorizados después de tres años de uso. 

Caranavi es una población ubicada en Yungas de La Paz. Y es la puerta del negocio de los autos indocumentados. Luego se pasa a otros municipios paceños, como Guanay y Teoponte, de la provincia Larecaja. Estas zonas  son el paraíso de los vehículos ‘chutos’. 

Jaime Mamani conduce un Toyota Ipsum en Guanay. Su vehículo no tiene placas y lo admite. Justifica esta situación por razones técnicas. Dice que lo compró en $us 3.500 y revela que este tipo de motorizados son operados máximo tres años. 

“La condición de los caminos hace que el vehículo no dure mucho. Por lo tanto, si compras un carro con papeles no logras recuperar lo invertido. En estos pueblos es inevitable esto de los chutos”, justifica Mamani. 

Son pocos los vehículos que tienen placas en Guanay, Teoponte o Caranavi. Los carros que parten a La Paz son los legales,  mientras que los que transitan estos municipios no tienen papeles. Aun así, pueden cargar combustible en las estaciones de servicio sin ningún problema, algo que no se puede hacer en una capital. 

En la gasolinera de Guanay, las filas de autos se originan por las noches. Los choferes llenan sus tanques y así evitan algún control, que es muy poco probable por parte de los policías. 

En esa fila de motorizados se observan muchas camionetas que transportan turriles de combustible. Son las que llevan diésel para que la maquinaria pesada pueda explotar oro en las zonas de los ríos Kaka y Beni. 

La Policía en Guanay dice que este trabajo depende de la Aduana y que por el momento no existe ningún tipo de coordinación interinstitucional. 



 




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