POLÍTICA

La correlación de fuerzas en el país se refleja en el estatuto


En Demócratas aseguran que la visión de desarrollo social se expresa en el texto. Para el MAS, faltó inclusión. Los analistas ven una camisa de fuerza impuesta por el Tribunal Constitucional

La sesión se prolongó por más de 10 horas. Hubo discusión durante la mañana y votación en la tarde

15/09/2017

El día después de la aprobación del estatuto de autonomía de Santa Cruz sirvió para pasar revista del proceso y para que haya una coincidencia entre Demócratas y el Gobierno: es importante que un instrumento de aplicación de la autonomía se haya aprobado. Por Demócratas, Marco Mejía, presidente de la Asamblea Legislativa, explica que la visión de desarrollo del departamento se expresa en este documento. Del lado del Gobierno, Hugo Siles, viceministro de Autonomías, asegura que no es por la falta de competencias que la Gobernación no ha desarrollado acciones autónomas. Desde fuera de la confrontación política, los analistas observan dos puntos: el Tribunal Constitucional se encargó de borrar cualquier artículo de desarrollo autonómico y el texto refleja la correlación de fuerzas de la política boliviana, en la que existe un poder central que no le interesa que el núcleo de la oposición desarrolle capacidades autonómicas. 

El autor de esta última frase es el analista político Gustavo Pedraza. Considera que, con ayuda del TCP, el Gobierno amarró las palancas del poder institucional, dejando a la Gobernación con competencias simbólicas, que prácticamente le impide al poder local actuar con autonomía. Señala que esto se refleja en que las gobernaciones deben pedir permiso al Ejecutivo nacional desde el momento de planificación y aprobación de un presupuesto hasta su ejecución o cobro de impuestos. “En términos formales, es un hecho importante que Santa Cruz ya tenga su estatuto, pero es algo que ha pasado casi desapercibido para la sociedad porque sus expectativas eran mucho mayores”, dijo.

Lo legal
Para Juan Carlos Urenda, proyectista del estatuto de 2008, este texto reformulado no sirve de nada porque la institución moduladora de las entidades autónomas, que es el Tribunal Constitucional, se ha ensañado con la autonomía. Observa que los estatutos de Pando y de Tarija desnudaron al TCP porque les quitó cualquier poder de autonomización y presionó a las asambleas legislativas para que sea un texto poco útil. “Los estatutos son casi una copia fiel de la
Constitución. Los asambleístas están como amarrados de manos y no pueden hacer mucho”, añadió. 

Además, considera que no será un avance para la autonomía. Las cosas más valiosas del texto las ubica en la organización interna, pero señala que se pudo poner en vigencia con la ley de organización y administración política. “Dos departamentos tienen en vigencia sus estatutos y no les ha servido de nada. No les han transferido ni una competencia”, añadió. 
 
La política

Hugo Siles, que fue acusado durante la sesión del miércoles de obstaculizar el proceso autonómico, recuerda que la administración del Gobernador Costas tuvo ocho años y medio para aprobar el texto, con una correlación de fuerzas favorable y no lo hizo. En cinco de esos años él no era autoridad nacional y que le interesa tanto la autonomía que incluso ayudó al departamento a cobrar el impuesto a la sucesión gratuita de bienes; el Gobierno registra las aeronaves para que Santa Cruz cobre su impuesto y ha asesorado para que hagan la norma para cobrar tributos por los pasivos ambientales. 

Para Mejía es un orgullo haber entregado el estatuto en septiembre. Considera que con esto se acaba la etapa política de la autonomía y defiende que el texto refrenda y amplía los derechos contenidos en la Constitución. Centra su optimismo en la tercera parte del estatuto, en la que asegura que se refleja el proyecto de desarrollo social, algo que, según él, ya se ha puesto en marcha en la gestión de Costas, que con esto se responde a ese grito del pueblo que se sentía abandono por un Gobierno lejano y por eso exigió autonomía. Dice que con esto se garantiza que un gobierno cercano se encargará de sus necesidades y que el texto abre margen para avanzar en la autonomía a través de la transferencia de competencias, aunque ve que todos los gobiernos nacionales han tenido una vocación “profundamente centralista”. 



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