POLÍTICA

Procuraduría pasa a la Fiscalía a Mesa por pérdida de arbitraje con Quiborax


El Estado boliviano deberá pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena por haber revertido de manera ilegal una concesión de explotación del salar de Uyuni. Mesa dice que hizo todo de acuerdo a la Constitución

La empresa chilena denunció al Estado boliviano en diciembre de 2005
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25/05/2018

La Procuraduría General del Estado decidió pedir a la Fiscalía General que investigue al expresidente Carlos Mesa por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Así lo anunció el contralor Pablo Menacho, luego de conocer el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que sentenció a Bolivia a pagar $us 48,6 millones a Quiborax, empresa propietaria de Non-Metallics Mineral, que poseía una concesión para explotar el salar de Uyuni hasta 2004, cuando el Gobierno boliviano se la revirtió. 

Consultado al respecto, Carlos de Mesa indicó a EL DEBER que evaluará el tema y hoy se pronunciará al respecto.

Sin más que hacer

Según explicó Menacho en una conferencia de prensa ofrecida anoche, al Estado boliviano ya no le quedan recursos que plantear ante el Ciadi, que ya había llegado a la misma conclusión en 2013, pero el pago fue atrasado por una apelación presentada por la Procuraduría hasta el 30 de abril, cuando los árbitros del Ciadi decidieron rechazar la solicitud de nulidad de Bolivia y confirmar su fallo. “Estamos en conversaciones con los representantes de las empresas demandantes para encontrar la forma más ordenada y más beneficiosa para el Estado boliviano de cumplir el fallo”, dijo Menacho.

El funcionario de Gobierno explicó que este era el último arbitraje que tenía pendiente Bolivia ante el Ciadi, organismo del que se retiró el 2 de mayo de 2017. Según Menacho, este organismo del Banco Mundial solo ha anulado el 8% de sus fallos en toda su historia, por lo que tenía muy pocas probabilidades de triunfar ante Quiborax, que había comenzado su proceso contra el Estado en diciembre de 2005. 

Lamentaciones

El Gobierno lamentó la pérdida   de $us 48,6 millones que deberá pagar tras haber perdido el juicio. “Fue un proceso de privatización que ha adolecido de fallas y que ahora genera un daño económico al país”, manifestó ayer, escuetamente, el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Durante la gestión del expresidente Carlos de Mesa, se procedió a la reversión de una concesión minera en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita. Al no haberse alcanzado un acuerdo de indemnización, la empresa demandó dos años más tarde al Estado boliviano reclamando $us 66 millones por daños económicos y compensación a sus inversiones.

La decisión del Ciadi se dio a conocer a las partes el 18 de mayo. El documento señala que se “desestima en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax.

No obstante, Carlos Romero dijo que esperaba que los organismos estatales pertinentes logren revertir el fallo con una apelación. Ayer, ni la Procuraduría ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Minería se refirieron al tema.

Enmarcado en la ley

Por su parte, el ex presidente Carlos de Mesa, en un corto contacto con El Deber, dijo que esperaría la versión oficial antes de emitir un criterio respecto al tema.

“En todo caso, como todo lo que se hizo en mi gestión, se enmarcó siempre en la Constitución Política del Estado (CPE) y el interés nacional”, argumentó la exautoridad, sin realizar mayores comentarios.

Menacho no considera lo mismo. Anoche hizo una cronología del caso. Fijó su inicio el 9 de diciembre de 2003, cuando se promulga la Ley 2564, que facultaba al Gobierno de Carlos Mesa a realizar seis auditorías sobre las concesiones mineras para establecer si estas cumplían con la ley y, caso contrario, anular estos derechos mineros en el territorio nacional.

La ley daba un plazo de 60 días para practicar una auditoría técnica, otra ecológica, otra social-laboral, otra financiera, otra de regalías y una última jurídica. En todo esto debían intervenir los ministerios de Minería, Medio Ambiente, Trabajo, el Servicio Nacional de Impuestos Internos y la Prefectura de Potosí. El problema fue que el decreto reglamentario de dicha ley salió el 27 de enero de 2004, es decir, 13 días antes de que se cumplieran los 60 días de plazo establecidos por la ley que reglamentaba. 

Según Menacho, tanto la ley  como el decreto fueron incumplidos, porque las auditorías no se realizaron ni se anularon las concesiones, que era el fin último de dichas normas. Sin embargo, el 23 de junio de 2004, Mesa emite el Decreto Supremo 27589, que revoca la concesión de Non-Metallics Minerals, subsidiaria de Quiborax en Bolivia. Según Menacho, esta acción quedó fuera de ley, ya que se basó en informes de la
Comisión Minera de Bolivia y del Servicio Geológico y Técnico de Minas, y no por auditorías celebradas por los ministerios e instituciones señaladas por la ley de 2003.

Menacho explica que, el 22 de julio de 2004, Non-Metallics advirtió a Bolivia que su accionista mayoritaria era la chilena Quiborax y que esto vulneraba el Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile. Le reitera la advertencia en octubre del mismo año y, el 8 de diciembre de 2004, un informe técnico del Ministerio de Minería le dice al canciller Juan Antonio Siles que el decreto de reversión de la concesión adolecía de serios problemas jurídicos.

Diez meses más tarde, Quiborax inicia el proceso contra Bolivia ante la Ciadi. Rodríguez Veltzé anuló el decreto de Mesa por problemas legales, pero el proceso siguió, celebró sus audiencias entre 2010 y 2013, se inclinó a favor de los chilenos en 2015 y el 18 de mayo último notificó al Estado boliviano que debía pagar. Ahora, se buscan plazos para cumplir con la sentencia internacional. 



 




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