BOLIVIA

La Fiscalía quitará el precinto a la oficina de la compañía aérea


El Ministerio Público observó la falta de documentación administrativa de 2016. LaMia dice que tiene todo en regla

En el centro, de camisa de cuadros, Gustavo Vargas, gerente de LaMia, el día que precintaron sus oficinas

27/12/2016

Cerradas bajo precinto por la investigación judicial desde el 6 de diciembre, las oficinas centrales de LaMia Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, serán reabiertas y devueltas a la compañía entre el jueves y viernes de esta semana, anunció el Ministerio Público.


Con esta medida, la Fiscalía dejará libre a la aerolínea para que pueda realizar los trámites necesarios para cobrar el seguro de más de $us 25 millones para resarcir a los familiares de las víctimas del accidente aéreo, tal como pidió en televisión Néstor Higa, abogado de la empresa.
Pese a haber accedido, la Fiscalía señaló que Higa no se acreditó con un poder como representante legal de la firma, mientras que de los propietarios, uno de ellos, Miguel Alejandro Quiroga Murakami, es el piloto que falleció en el accidente y otro es Marco Antonio Rocha Venegas, que no se encuentra en el país.


Daniela Pinto, viuda de Quiroga, tampoco se presentó como derechohabiente. Y Gustavo Vargas Gamboa, gerente renunciante de LaMia, detenido en Palmasola, tampoco presentó ninguna solicitud para el desprecintado, según la Fiscalía.


“La empresa LaMia tiene que estar abierta, atendiendo y recibiendo la documentación de los familiares de las víctimas. Pero el Ministerio Público ha precintado la oficina y la empresa no puede atender en este momento dentro de su oficina”, reclamó el abogado Néstor Higa.   

Algunas observaciones
Luego de revisar la documentación encontrada en LaMia el 6 de diciembre (ocho días después del accidente), entre las observaciones de la Fiscalía se cita la falta de documentación administrativa correspondiente a 2016, algo que se indagará en el caso por los supuestos delitos de homicidio culposo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.


Una segunda observación pasa porque, según la Fiscalía, la firma no cuenta con el respaldo monetario en sus cuentas exigido a las aerolíneas de transporte de pasajeros por el Acuerdo de Chicago (OACI).


Una tercera observación es relativa al día del siniestro, pues la compañía, según señala la Fiscalía, citando un certificado emitido por YPFB, pagó el jet fuel (cerca de 1.000 litros) por el recorrido Santa Cruz-Cobija con algo más de Bs 2.700, como si solo se tratase de un vuelo nacional y no internacional con destino a Medellín (Colombia). Según la tabla oficial de precios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el litro de jet fuel para vuelos nacionales cuesta Bs 2,77; mientras que el jet fuel internacional cuesta Bs 6,65, más del doble del costo 



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