La asociación que congrega a 12 diarios impresos y a una agencia de noticias ve demasiadas ambigüedades

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11 de enero de 2018, 4:00 AM
11 de enero de 2018, 4:00 AM

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), a través de un comunicado difundido ayer, denunció que ha sido marginado del diálogo emprendido por los presidentes de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamenta, además, que se intente resolver un problema sobre derechos y libertades que atañen a toda la sociedad “de manera unilateral, parcial, sectaria y discriminatoria”.

Recuerdan que la ANP fue la primera institución en hacer observaciones al Código, antes del 10 de octubre, pese a no recibir el respaldo de otros gremios periodísticos, que ahora dicen defender la libertad de expresión.

 “El riesgo de una persecución selectiva para anular las libertades ciudadanas de la libre expresión y el trabajo periodístico está inserto en varios artículos y no solamente en los tres que merecen la atención ocasional de los jefes de las cámaras legislativas y de quienes se arrogan la representación del periodismo boliviano”, dice el comunicado. 

Para este gremio, la solución no pasa por una ley interpretativa de los tres artículos, sino que se necesita un análisis más profundo de todo el Código, por lo que la ANP también expresa rechazo al proyecto de ley de interpretación.

Señalan que luego de revisar el código se encontraron con varias antigüedades, como en los artículos 143 y 331, que puede llevar a que se ignore la ley de imprenta. También se incluyen términos ambiguos, como “idea racista”, que deja amplio margen a la interpretación de los jueces y fiscales, y podría abrir la puerta a la censura.  

 “La ANP hace esta declaración como representante de los diarios y de una agencia de noticias, que en 12 años del Gobierno de Evo Morales han sufrido calificativos como cártel de la mentira y cargan el peso de una persecución tributaria, la imposición de nueve leyes que arrancan los pocos ingresos de los medios impresos a través de avisos gratuitos de campañas que debe pagarlas el Gobierno, y soporta una política de privación de la publicidad estatal”, dice la ANP.

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