Familiares de las víctimas de octubre de 2003, tendrán que esperar hasta la próxima semana para saber el veredicto del jurado

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29 de marzo de 2018, 20:31 PM
29 de marzo de 2018, 20:31 PM

El jurado del juicio civil contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín en EE.UU. volverá a reunirse el lunes próximo, después de cuatro jornadas de deliberaciones sin haber llegado a un veredicto.
 Los diez integrantes del jurado son los que determinarán si los familiares de ocho de las personas que perdieron la vida en las protestas que en 2003 derivaron en la caída del gobierno de Sánchez de Lozada tienen razón en responsabilizar al expresidente y al exministro de Defensa de sus muertes.

También, en caso de hallarlos responsables, fijarán las indemnizaciones que deberán pagar a los demandantes. Al término de una larga jornada de más de 10 horas, el juez James I. Cohn, de los tribunales civiles de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) consultó este jueves al jurado si estaba dispuesto a trabajar mañana viernes, día festivo para algunos sectores en Estados Unidos.

La respuesta fue negativa, por lo que el juez fijó una nueva sesión para el próximo lunes. El jurado empezó a deliberar el pasado lunes 26, después de que ambas partes presentaran conclusiones finales y, según dijo el juez al cerrar la sesión de hoy, no le ha notificado que esté en un "punto muerto", por lo que las deliberaciones deben seguir su curso sin su intervención.

Solo en el caso de que los jurados comuniquen que no pueden ponerse de acuerdo en un veredicto el juez puede ayudarles. Ni el dos veces presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) ni su ministro de Defensa en 2003 estuvieron hoy en el tribunal.

El juicio es consecuencia de una demanda civil presentada por Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa. El lunes los abogados de los demandantes y los de los demandados presentaron sus alegatos finales, en los que lógicamente discreparon en todo.

Mientras que para Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, está probado que los dos demandados "precipitaron las muertes" de civiles al implementar el Plan República para sofocar las protestas con fuerzas militares, para Ana Reyes, abogada de la otra parte, es "irrefutable" que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro les ordenaran matar civiles.

Las protestas dejaron entre 50 y 60 muertos y unos 400 heridos. Sánchez de Lozada, que tiene 87 años, y Sánchez Berzaín, de 58, se radicaron en Estados Unidos después de salir de Bolivia en plena crisis y están asilados en este país.