Juez no fue notificado para el pago de las regalías
Chuquisaca planteó dos recursos de quejas ante dos jueces y al titular de YPFB por no habler cumplido la resolución 1160
El juez de garantías que dispuso el congelamiento de las regalías de Incahuasi para Santa Cruz, Wilfredo Núñez, aseguró ayer que no autorizó ningún descongelamiento de recursos y desconoce si se procedió al mismo tal como anunciaron las autoridades del departamento de Santa Cruz.
Núñez, cuyo fallo ordenó el congelamiento de las regalías para Santa Cruz por el pozo Incahuasi y el Tribunal Constitucional lo ratificó con una sentencia, informó que no recibió ninguna solicitud de las gobernaciones en ese sentido y que está en trámite un recurso de queja de la Gobernación de Chuquisaca, que denunció el incumplimiento de la sentencia en cuanto a la delimitación de toda el área en conflicto.
La autoridad judicial denegó el 13 de abril la solicitud de la Gobernación de Santa Cruz para descongelar las cuentas por las regalías de Incahuasi, mientras no fuera resuelto un estudio técnico de ese reservorio por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Núñez dijo que el descongelamiento de los recursos a favor de Santa Cruz fue conocido mediante los medios de comunicación, pero que no existe nada oficial legal.
La sentencia constitucional del TCP determinó el congelamiento de regalías mientras se hiciera un estudio técnico que estableciera si los reservorios del campo Incahuasi están en territorio compartido por Chuquisaca y Santa Cruz.
La reacción
La Gobernación de Chuquisaca planteó dos recursos de queja ante el juez cuarto de garantías, Wilfredo Núñez, en contra del juez séptimo en materia civil y comercial de la ciudad de Santa Cruz y el presidente de YPFB, Óscar Barriga.
El argumento jurídico de los recursos presentados por la Gobernación es que las autoridades cuestionadas no habrían dado cumplimento a lo dispuesto por la resolución 1160, que determinó la realización del último estudio y el congelamiento de las regalías.
La autoridad jurisdiccional competente informó que el trámite de ambos recursos sigue el procedimiento establecido por ley y que se espera el informe de las autoridades cuestionadas, quienes tienen plazo de tres días para pronunciarse al respecto y que corre a partir de la notificación.
Para Jorge Pacheco, analista económico, el tema legal queda en segundo plano, más cuando el dinero depositado en las cuentas de la Gobernación cruceña está fuera del alcance de las autoridades de la capital del país.
“Considero que a Sucre no le queda alternativa que respetar el informe de los canadienses y no mirar atrás, sino adelante”, dijo Pacheco.
Observación de Chuquisaca al estudio técnico
1.- La Gobernación de Chuquisaca denunció que el nuevo estudio de campos compartidos del reservorio de Incahuasi, ejecutado por la empresa canadiense Sproule, utilizó docu- mentación del Instituto Geográfico Militar y la resolución ministerial 090/18, no así la ley 1054.
2.- Por esta razón, el secretario jurídico de la Gobernación, Armin Cortez, reiteró que se activará un recurso legal para anular el último estudio, al igual que el anterior, ya que no se cumplió con la sentencia constitucional 1160/2017-S2.
3.- Chuquisaca reclama el campo Incahuasi como compartido, exige conciliación de límites y rechaza los estudios sobre la base de bordes no consensuados.
