POLÍTICA

Intervendrán a entidades con sospecha de corrupción; la oposición ve persecución


Una comisión, encabezada por el Ejecutivo, desata polémica. El ministro Arce dice que la intervención no suplantará a autoridades ni congelará cuentas, a menos que haya indicios. Opositores creen que se usará políticamente y le exigen una ley


La Alcaldía de Quillacollo, en Cochabamba, fue intervenida por el consejo anticorrupción
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09/02/2019

La oposición advirtió ayer que el Gobierno, a través del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, dirigido por el Ministerio de Justicia, creó la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata para perseguir alcaldías y gobernaciones que no están bajo su línea sin respetar la autonomía y le exige el sustento de una ley.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, les respondió que dicha acción está sustentada en dos leyes y no suplanta autoridades ni congela cuentas, solo verifica y si encuentra indicios de malos manejos, manda a procesar a la Fiscalía.

La mencionada comisión se presentará oficialmente en los próximos días. El ministro Arce explicó que está sustentada por el consejo de lucha contra la corrupción, que según el artículo 6 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz como la ley 974 de Unidades de Transparencia.



En ambas normativas se establece que el consejo está conformado por el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Unidad de Investigaciones Financieras, la Procuraduría y representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 241 y 242 de la Constitución.

La ley Quiroga, en el mismo artículo 6, remarca que las entidades que integran este consejo son “independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la Constitución” y el artículo 7 inciso 1 establece que su potestad es “proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.

Como nueva política se creó la comisión, que tiene la facultad de intervenir alcaldías o gobernaciones que tengan sospechas de indicios de corrupción.

Ayer se conoció que dentro de este marco, el Comando General de Policía creó un equipo especial que en ‘acción directa’ intervendrá instituciones públicas, en especial alcaldías, que presenten sospechas de corrupción, en coordinación con otras entidades del Estado, informó a ABI su comandante, Rómulo Delgado.



“Formará parte de una comisión interinstitucional que de manera directa intervendrá instituciones”, dijo el jefe policial y acotó que en los próximos días las autoridades del sector harán conocer, en un acto especial, la creación, alcance y al equipo especial de agentes.

Se disparó la susceptibilidad y las críticas no se dejaron esperar en la oposición. El jueves, el senador opositor Yerko Núñez declaró a ANF que su creación es “peligrosa” porque se apropia de facultades del Ministerio Público y de otras instancias con la pretensión de someter a las alcaldías y gobernaciones que no piensen como el Gobierno.

El ministro Arce lamentó que el legislador tenga esta visión y advirtió que es uno de los que tienen sospechas de corrupción en sus espaldas y atribuye su comentario a la preocupación que le debe generar ser indagado.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Israel Centellas, consideró ayer que las atribuciones de la comisión afectan a la independencia del Ministerio Público y a las autonomías de los gobiernos subnacionales. “El Ministerio Público tiene que trabajar de forma independiente en todo lo que es la investigación de un delito y su brazo operativo es la Policía, (por tanto) entre ambas instituciones tienen que llegar a la verdad histórica de los hechos”, afirmó Centellas a ANF.

El diputado Wilson Santamaría, también opositor, recalcó que la creación de esta comisión debe tener un respaldo jerárquico normativo, donde se establezcan los límites y las reglas de forma muy clara. “Haberlo hecho como se hizo parece vulnerar las competencias de otras entidades del Estado y que hoy interviene alcaldías afines al MAS, pero que en cualquier momento amedrentará o perseguirá a las entidades que están manejadas por la oposición”. Sin embargo, anunció que la valoración legal concluirá el lunes “y entonces veremos a qué instancia recurrimos para recuperar la libertad e independencia que deben tener los órganos del Estado”.



Un criterio similar expresó el alcalde de La Paz, Luis Revilla. “Si desde los ministerios e instituciones están encuadrados en marcos legales, se habla de coordinación, pero cualquier acto que haga una institución pública se deje ajustar al cumplimiento de la ley. Habrá que ver si existe un marco legal para este tipo de acción. Que yo sepa no la hay”, dijo.

El líder de UN, Samuel Doria Medina, también dudó que exista una legislación que respalde estas actividades y, acotó, “dudo que esto no termine constituyendo un mecanismo político con el cual el MAS presione a las autoridades de la oposición o directamente las saque de en medio”. Sugirió que los alcaldes deberían reunirse por fuera de la FAM, “que se ha convertido en un brazo del ejecutivo”, comentó, para evaluar esta situación y dar una respuesta general.

El ministro Arce recalcó que esta comisión está absolutamente sustentada en las dos leyes antes mencionadas y que en ningún caso hay “alguna superposición ni cooptación de funciones”.

La autoridad manifestó que los dos ministerios, la Policía, la Fiscalía, la contraloría y cada una de las instancias que conforman este consejo tienen competencias determinadas, pero que en el interior del consejo trabajarán de forma conjunta.

En los procesos, cada una de las instituciones cumple su rol constitucional, y lo desglosó: “El Ministerio de Justicia recibe y procesa la denuncia a partir de las unidades de transparencia. La Contraloría sigue a la unidad jurídica para ver los procesos judiciales y coactivos. La Contraloría fiscaliza los procesos de contratación, incluso en curso. La Policía rinde las garantías y seguridad y si se hallan temas que generen indicios de corrupción, se convoca al Ministerio Público”. Así, sustentó que el Gobierno no invade competencias ajenas.

La comisión, recalcó, ingresará a la institución para hacer una labor de verificación. “No se perjudica el normal desarrollo de la misma, no se suplanta ni se suspende a autoridades, tampoco se congelan cuentas. Simplemente se hace una verificación de la situación jurídica, del trabajo de las unidades de transparencia, los procesos de contratación y si se encuentran elementos de corrupción son denunciados al Ministerio Público, que también es parte del Consejo, o se inicia un proceso con las autoridades encargadas por ley”. De esta forma, aseguró que no habrá injerencia.