BOLIVIA

IFEX-ALC expresa preocupación por ataques a periodistas en el país


Dos casos que involucran al Gobierno de Evo Morales, el de las agresiones a dos reporteras en la Casa Grande y la de espionaje fueron respondidas por el Ejecutivo.


El trabajo que los periodistas realizan en Bolivia es vigilado por una alianza de un centenar de organizaciones. Foto Cristian Arauz
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23/12/2018

Las más de 100 organizaciones que integran la alianza IFEX-ALC, unidas por el compromiso compartido de defender y promover la libertad de expresión en 15 países de América Latina y el Caribe expresaron su preocupación por las agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios de información bolivianos, registradas durante 2018.

En un comunicado, IFEX-ALC expresó que entre esas agresiones destacan las recibidas por mujeres periodistas durante la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, por parte del personal de seguridad en agosto. El presidente Evo Morales respondió en su momento que todo se salió de control y que hasta él había recibido empujones por la cantidad de gente que asistió a la apertura del edificio.

Se reportaron retenciones de periodistas contra su voluntad, como a María Ulo, de ATB, caso que involucró a una jueza que la tuvo encerrada 40 minutos.



También fue amedrentada una periodista del periódico Página Siete por informar sobre padres de niños con cáncer. En julio, estudiantes atacaron a un equipo periodístico del canal estatal “Bolivia Tv” y a principios de año, la periodista Yadira Peláez denunció una campaña de hostigamiento judicial.

El informe advierte que muchos de los hechos no han sido investigados y no hay ningún responsable sancionado.

Mencionaron las recientes denuncias de vigilancia a periodistas por parte de la policía a través de las redes sociales. “Estos actos atentan contra la libertad de expresión y generan un efecto inhibitorio en los periodistas. Tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento’”.

En este caso, El ministro de Gobierno, Carlos Romero, envió un ‘‘informe documentado’’ a la relatoría de la CIDH para descartar en Bolivia la existencia de espionaje o seguimiento a políticos o a periodistas.



IFEX-ALC, a través del comunicado emitido, hizo un llamado al Estado Boliviano para que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y pidió también sanción para los responsables.



 




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