Los expertos afirman que debería ser un juicio civil el que lo ordene, siempre y cuando sea hallado culpable en el proceso de responsabilidades. Los opositores ven que ahora cuidarán a los candidatos porque el Gobierno enjuiciará a los que considere rivales

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22 de julio de 2018, 21:52 PM
22 de julio de 2018, 21:52 PM

Los $us 42,6 millones que el Estado pagó a la empresa Quiborax tendrán que ser repuestos por el expresidente Carlos Mesa y ese es el propósito de los juicios que se iniciaron en contra de la autoridad y el Gobierno incluso habla de la anotación preventiva de los bienes del exmandatario, informó ayer el ministro de Economía, Mario Guillén.

“Básicamente, los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones, porque si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones, entonces alguien ha actuado mal o alguien ha hecho las cosas mal”, dijo la autoridad cuando fue consultada sobre este tema.

El pasado 7 de junio, el Ministerio de Minería y las empresas Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. (NMM) suscribieron un contrato que dio cumplimiento a la decisión del Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el cual el Estado boliviano pagó $us 42,6 millones a esas empresas que explotaban ulexita en el salar de Uyuni y cuyas concesiones fueron revertidas por el expresidente Carlos Mesa.

El ministro dijo que el pago de este monto afectó a los recursos del TGN y que, en este momento, están revisando qué proyectos no tienen urgencia para equilibrar los gastos y que el Gobierno quiere conservar los índices de la inversión pública, principalmente; por esa razón añadió que incluso se puede realizar la anotación preventiva de los bienes del expresidente para recuperar el monto pagado.

La demolición

Carlos Alarcón, abogado de la exautoridad, dijo que todos estos actos solo demuestran el claro interés político del Gobierno para perjudicar el nombre de su cliente y evitar la posibilidad de que sea candidato.

“No es un indicio, es una evidencia clarísima de que acá el interés es de una demolición y la anulación de la imagen del expresidente Carlos Mesa, eso está clarísimo, sabemos que están actuando a la velocidad de un rayo y están cometiendo todo tipo de arbitrariedades por parte del fiscal general del Estado”, refirió el abogado.

Según Alarcón, la Fiscalía debería iniciar la acción de repetición en contra de las actuales autoridades porque quedó en evidencia la pésima defensa de los intereses del Estado, desde el ofrecimiento de los tres millones de dólares hasta aceptar que una empresa que tenía documentos falsos pueda iniciar un juicio internacional contra Bolivia.

Los pasos

El abogado Andrés Zúñiga explicó que un juicio de acción de repetición es lo que realizan los estados cuando son condenados por tribunales internacionales como los casos de violación de derechos humanos o arbitrajes como el presente ejemplo.

Según el abogado, el proceso debe ser civil, pero no podrá iniciarse de inmediato sino cuando el juicio interno en un país concluya y se dé como cosa juzgada; lo que significa que una vez que concluya el juicio de responsabilidades contra Mesa, las autoridades nacionales podrán inicia el juicio civil de repetición.

El abogado Alarcón dijo que desconocen cuándo se tratará el caso en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que esta semana presentaron otro memorial pidiendo que los magistrados rechacen el pliego de acusación contra el expresidente por todas las fallas procedimentales en las que incurrió la Fiscalía General y adelantó que esperarán esta semana sobre el curso que darán en el TSJ a los pedidos que realizaron.