Gobierno pactó con asesor de Chile pago millonario a Quiborax

Andrés Jana es el abogado chileno que representó a la firma mapochina Quiborax en las negociaciones con el Gobierno boliviano, que concluyeron la semana pasada con un acuerdo en el que el Gobierno boliviano aceptó pagarle $us 42,6 millones (en vez de $us 48 millones, como decía el fallo), tras un arbitraje iniciado porque la gestión de Carlos de Mesa canceló su concesión para explotar ulexita en el salar de Uyuni. Al mismo tiempo, Jana es el asesor jurídico del equipo que representa a Chile frente a la demanda boliviana y que en marzo pasado, durante los alegatos orales, señaló que la principal debilidad boliviana “es su falta de sustento jurídico”, según una entrevista publicada en marzo por el diario La Tercera.

Para el vocero marítimo, se trata de un caso increíble donde el mismo abogado que representa los intereses de Chile contra Bolivia en La Haya es el que consigue un acuerdo con el Gobierno de Evo Morales para pagar una suma millonaria con recursos públicos a una firma chilena que, según De Mesa, defraudó al fisco. Un ex congresista chileno, que prefirió que no se lo mencione, confirmó el doble papel de Jana.   

“Llegamos al caso increíble de que el procurador general del Estado (Pablo Menacho) está dándole la mano y firmando una entrega de $us 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quiborax, nada menos que al representante de Quiborax, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile, en la demanda que Bolivia tiene contra Chile”, cuestionó ayer De Mesa desde Sucre, al tiempo que presentó un segundo memorial a la Fiscalía General del Estado en el que acusa a Quiborax de falsificar un acta para demandar a Bolivia.

La respuesta del Gobierno

Ayer EL DEBER solicitó a la Procuraduría la versión de Menacho sobre la denuncia del expresidente, pero su equipo de colaboradores informó que él se encontraba de viaje en Colombia y que hoy regresaría al país para ver si es posible una respuesta. También se solicitó hablar con el ministro de Minería, César Navarro, testigo del acuerdo entre el Gobierno y Quiborax, y con el ministro de Justicia, Héctor Arce, que antes fue procurador, pero ninguno contestó. 

Sin entrar en detalles de la cuestión jurídica, quien sí salió al paso a responderle a De Mesa fue el ministro de Defensa, Javier Zavaleta. “Es importante pedirle al señor Carlos Mesa que pueda presentar cualquier acusación -si es que la tiene- respecto a cualquier actuado que haya hecho el Estado boliviano o cualquier funcionario. Eso de estar haciendo insinuaciones y simplemente dedicarse a sembrar dudas está bien para políticos principiantes, pero creo que Carlos Mesa ya como expresidente debería tener más altura a la hora de presentar sus observaciones”.

Con todo, el expresidente ha pedido al fiscal general, Mario Guerrero, que deseche la causa propuesta por Menacho en su contra, donde el procurador responsabiliza a De Mesa de haber expuesto al Estado a un daño económico fruto de la demanda de Quiborax.

El abogado José Luis Santistevan opina que las observaciones de De Mesa plantean dudas de fondo del fallo de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pues De Mesa dice que hay una sentencia ejecutoriada en el sistema judicial boliviano que prueba que una de las actas de Quiborax con que se fraguó la denuncia es falsa, y sobre la actuación de la Procuraduría, debido a que no recusó a Jana, habiendo para él un conflicto de intereses entre sus funciones de abogado de Chile y de la firma demandante.

Expresidente acusa en la fiscalía  a la firma chilena de falsificar un acta para demandar a Bolivia

El expresidente Carlos de Mesa presentó ayer a la Fiscalía General un escrito en el cual denuncia que la empresa Quiborax falsificó un acta para iniciar la demanda de arbitraje contra Bolivia por la reversión de concesiones mineras y por las que el Estado pagó una compensación de 42,6 millones de dólares. 

“Presenté un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que pruebo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad. De donde se deduce que el laudo fue producto de una falsificación, no de un decreto de mi Gobierno o del Gobierno de Eduardo Rodríguez”, detalla parte del texto que publicó el también vocero de la causa marítima en su página web.

La explicación señala que dentro de un proceso penal abreviado de 2009 en contra de David Moscoso, uno de los socios de Quiborax, él reconoció que se usó un acta falsificada de la junta de accionistas de la empresa extranjera para "sustituir el acta del 11 de septiembre de 2001, a fin de revocar poderes anteriores y expedir nuevos, incluyendo los relacionados con el arbitraje”.

Para el abogado José Luis Santiestevan, si hay una sentencia ejecutoriada que diga esto, corresponde revisar el fallo del arbitraje y el rol de la Procuraduría, pues el caso puede derivar en causas penales.