Gobierno liga esquema político de la Llajta con una red de corrupción
Los testimonios de 11 funcionarios de la Alcaldía señalan una red con nexos familiares y políticos, según el viceministro Jiménez. Los Demócratas descalifican las sindicaciones
En los últimos seis meses, la de ayer es la cuarta acusación de corrupción pública que formula el Viceministerio de Transparencia Institucional en contra del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y de su esquema político, el Movimiento Demócrata Social. Pero ayer el viceministro Diego Jiménez fue más lejos: denunció una red de corrupción que, según él, operaba dirigiendo las contrataciones públicas de la comuna, a la cabeza del munícipe suspendido, una de sus hermanas y los funcionarios Diego Moreno, José Miguel Padilla, Carolina Ayala.
La acusación fue presentada ayer en rueda de prensa desde la Llajta y el Gobierno la fundamenta en las coincidencias de los testimonios que dieron al Ministerio Público 11 funcionarios de la comuna y que hablaron de “una línea” para adjudicar contrataciones, donde la hermana de Leyes y delegada de Demócratas ante el Órgano Electoral en Cochabamba tenía una influencia decisiva sin ser funcionaria del municipio y trabajando desde una oficina privada del piso 8, del edificio Business Center.
El caso se destapa en momentos en que los Demócratas, partido liderado por el gobernador Rubén Costas, busca proyectar su camino de cara a las elecciones 2019, ya sea con candidatos propios o a través de una eventual alianza con el expresidente y candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos de Mesa. Algunas semanas atrás, Leyes, en un video que divulgó en redes sociales, insinuó que las nuevas acusaciones en su contra buscaban destruir el proyecto político nacional que podía hacerle frente al MAS.
Sin muchos defensores
En la Alcaldía, la administración de la alcaldesa demócrata interina, Karen Suárez, prefirió no complicarse con la defensa a Leyes y se excusó de tratar la nueva acusación. Álex Contreras, secretario ejecutivo de la comuna, explicó que la administración de Suárez se encuentra enfocada en resolver asuntos de gestión pura y dura, y que lo que correspondía era que el abogado Alberto Trigo, defensor de Leyes, se haga cargo de retrucar a Jiménez.
A su turno, Trigo dijo que el alcalde suspendido no ha sido notificado formalmente con la nueva acusación del Gobierno y que se había enterado de ella solo por los medios de prensa, de modo que no correspondía entrar en consideraciones jurídicas.
Lineth Villarroel, asambleísta departamental por Cochabamba, vocera designada por los Demócratas, sí salió al paso. Aseguró que en más de seis meses ni el Gobierno ni la Fiscalía han conseguido conectar al alcalde cochabambino con los supuestos delitos de sobreprecio o favorecimiento de empresas.
Pero el viceministro se ratifica en su acusación. “Todos estos testimonios, de absoluta relevancia jurídica, señalan que estas personas operaban de forma sistemática para desfalcar al municipio de Cochabamba. Y claro, todas estas personas pertenecen al partido Demócratas. La señora Claudia es su representante departamental ante el Órgano Electoral”, explicó Jiménez.
En el pasado, el líder nacional de Demócratas, Rubén Costas, llamó “mártir del 21-F” a Leyes, demostrando una defensa cerrada por el munícipe acusado de favorecer a dos empresas cruceñas gemelas a las que adjudicó en 2016 y 2017 el abastecimiento de mochilas y útiles escolares.
Para Jiménez, sin embargo, no es descabellado pensar en que detrás de lo que él llama red de corrupción operaba un esquema de recaudaciones partidarias. “No, no pienso que sea descabellado, creo que las aclaraciones las deben hacer ellos (los acusados)”, opinó el viceministro.
A principios de septiembre, el presidente Evo Morales hizo una acusación concreta a propósito de los casos de presunta corrupción en Cochabamba. “La Alcaldía de Cochabamba era la caja de los Demócratas. Es un caso complicado, si los Demócratas llegan a ser Gobierno, toda Bolivia llegará a ser caja de la derecha, de los Demócratas. Felizmente se ha desbaratado”, le dijo a EL DEBER en una entrevista exclusiva.
Jiménez agregó que la investigación del caso determinó que la red de corrupción tenía como sede de operaciones una oficina en el piso 8 del edificio Business Center, amoblada con fondos municipales y la Casa de los Demócratas.
