Bolivia

Gobierno culpa a LaMia y al piloto por la tragedia


El Gobierno culpa a Miguel Quiroga y a la aerolínea 

La azafata Ximena es una de las seis sobrevivientes del accidente aéreo; está en su casa desde el lunes

20/12/2016

El Ministerio de Obras Públicas concluyó que la aerolínea LaMia Corporation y el piloto Miguel Quiroga Murakami son los responsables del accidente aéreo del 28 noviembre en Medellín,  que terminó con la vida de 71 personas, en su mayoría jugadores y directivos del club brasileño de fútbol Chapecoense; hubo seis sobrevivientes. La entidad realizó pesquisas al margen del trabajo de la Fiscalía. 
     La defensa de los acusados pidió incluir a otras personas vinculadas al Gobierno en la indagación, mientras que la familia del piloto fallecido prefirió no comentar sobre la conclusión.  


El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó las seis conclusiones a las que llegó su despacho. La primera es la más importante y es en la que se deslinda responsabilidades al Gobierno y se inclina toda la culpa hacia la aerolínea y el piloto. 


“La primera conclusión es que la responsabilidad directa del accidente la tienen la empresa (LaMia Corporation) y el piloto (Miguel Quiroga)”, sentenció Claros. Luego detalló que Quiroga incurrió en una “falta gravísima” al viajar con el combustible justo desde Santa Cruz de la Sierra hasta Medellín, algo que en la norma aeronáutica está totalmente prohibido. 


La autoridad recalcó que Quiroga debía reabastecerse de jet fuel en Cobija (Pando) o en Bogotá (Colombia). Intuyó que no lo hizo por factores económicos. “Actuó como empresario, no como piloto”, consideró Claros.  

Críticas a la empresa
Sobre el proceder de la empresa, explicó que la aerolínea debía hacer prevalecer un lugar de reabastecimiento de combustible, ya sea en Cobija o en Bogotá, algo que no sucedió. 
La familia de Quiroga ahora prefiere no hablar, expresó la cuñada del fallecido, Talita Lavilla. Solo se limitó a decir que aún existe mucho dolor en su entorno por la pérdida del piloto. 


Como segunda conclusión, el ministro detalló que el Estado asumió acciones contra funcionarios públicos que no realizaron un control efectivo. Explicó que fueron suspendidos los directores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana). 
En este punto, Claros dijo que su cartera no tiene responsabilidad por el accidente, ya que Aasana y la DGAC son entidades descentralizadas. 


Una tercera resolución es la implementación de medidas jurídicas contra funcionarios públicos y LaMia. Claros detalló que el Ministerio de Obras Públicas se querelló contra la aerolínea y, producto de ese proceso, se encarceló a Gustavo Vargas Gamboa, gerente de la aerolínea. 
Además, se inició un juicio contra Gustavo Vargas Villegas, hijo del gerente de LaMia, quien fue director de la unidad de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC. Según Claros, el descendiente facilitó la entrega de certificación de operaciones a la aerolínea. 


Al respecto, el abogado de Vargas Villegas, Milton Andrade, calificó esta detención como ‘injusta’ y explicó que su defendido avaló la certificación y la aprobación de la matrícula de la nave siniestrada previa aprobación de cinco resoluciones y una orden del entonces director de la DGAC, general Virgilio Pereyra. 


“No se puede concluir en decir dos o tres tienen la culpa. Hay también otros responsables que deberían ser llamados, como el general Pereyra, que avaló la matrícula del avión”, remarcó Andrade. 
Vargas Villegas está recluido en el penal de San Pedro, en La Paz, y su padre en la cárcel de Palmasola. Un tercer proceso se abrió contra Celia Castedo, la funcionaria de Aasana en Viru Viru, por permitir la salida del avión AVRO RJ85, a pesar de realizar observaciones en relación con su autonomía de vuelo comparado con la cantidad de combustible. Castedo pidió refugio en Brasil y se le otorgó un permiso temporal. 


El cuarto juicio fue instalado contra Marco Antonio Rocha, socio de Miguel Quiroga y el otro dueño de LaMia. El también piloto se encuentra en Colombia y su abogado anunció que buscará permanecer en ese país. 


“Se están asumiendo las acciones de responsabilidad contra los funcionarios públicos, procesos administrativos y penales, por algunas omisiones o contravenciones que se han presentado en caso de directores ejecutivos y directores regionales y funcionarios que no han realizado un control efectivo en la parte administrativa para la otorgación del certificado de explotación aérea”, destacó Claros. 

Redoblar controles
Una cuarta conclusión a la que llegó el ministerio de Obras Públicas es que se instruyó redoblar los controles de vigilancia en todo el sistema aeronáutico del país para evitar accidentes.
La quinta conclusión que explicó Claros es la instrucción a la DGAC para implementar el Sistema de Seguridad Aeronáutica del Estado, medida que fue sugerida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a todos los países de la región. 


Por último, el ministro recalcó que Bolivia no tiene ningún riesgo de desertificación en el ámbito aeronáutico.
Las fiscalías de Bolivia, Brasil y Colombia participan en el esclarecimiento de la tragedia del Chapecoense. Claros aclaró que la investigación que realizó su cartera es una decisión aparte al trabajo fiscal 



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