El secretario de Salud de las Gobernación mostró un convenio intergubernativo que envió el ministerio. Afirma que no lo firmarán y que el 1 de marzo van a cobrar por las atenciones en los hospitales del tercer nivel como lo han venido haciendo

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15 de febrero de 2019, 9:50 AM
15 de febrero de 2019, 9:50 AM

El Sistema Único de Salud (SUS) va a empezar a funcionar dando atención gratuita a todos los que no tienen ningún seguro dentro de dos semanas. Sin embargo, hasta ahora no estaba claro quién iba a correr con los gastos de los servicios de salud que tengan los hospitales de tercer nivel, que actualmente están bajo la responsabilidad de la Gobernación. En este sentido, el secretario de Salud, Óscar Urenda, hizo público un convenio intergubernativo que le hizo llegar el Ministerio de Salud, y acusó al Gobierno central de querer usurpar y cercenar la autonomía departamental a través de este convenio, que “transfiere todas las competencias en materia de salud” al ministerio que dirige Gabriela Montaño.

Agregó que no van a permitir el “atropello” por parte del Ministerio e iniciarán acciones legales por esta intención, que fue puesta en el papel con el pretexto de implementar el SUS.

“Como si fuéramos unos provincianos ignorantes, nos quieren cercenar la autonomía departamental, quieren quedarse con todas las atribuciones que nos competen dadas por la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Autonomías, así como apropiarse de los hospitales del tercer nivel y usurpar las atribuciones que tiene el Servicio Departamental de Salud”, refirió Urenda. Pero ahí no terminó la denuncia, también subrayó que ese convenio propone que todo el presupuesto de salud que tiene la Gobernación sea transferido al Tesoro General de la Nación (TGN). “Eso es cercenar nuestras regalías y nuestros recursos, que además serían insuficientes para manejar todo el seguro en el tercer nivel. Otra vez el centralismo quitando los recursos a la Gobernación. Eso no lo vamos a permitir, Santa Cruz va a ejercer su derecho a ejercer salud, no queremos que la salud sea manejada a 1.500 km de distancia por un administrador puesto por el ministerio. Tendrán que modificar la Constitución y la Ley y de Autonomía porque ningún convenio -que no será firmado- puede estar por encima”, arremetió Urenda.

Para él, este convenio fue una “burda propuesta” que quiere apropiarse de los recursos cruceños”. Por eso van a iniciar acciones legales, ya que la CPE otorga a la Gobernación la atribución de manejar el tercer nivel de atención de salud. “En el artículo 5.1 de ese convenio han copiado nuestras competencias y se las atribuyen al Ministerio de Salud”.

Además, el secretario de Salud de la Gobernación afirmó que el Gobierno nacional no cuenta con recursos para implementar el SUS y por eso pretende ‘echar mano’ de los dineros departamentales. “Ellos quieren hacerlo con la plata de los municipios en el primer y segundo nivel y el tercer nivel lo quieren hacer con la plata de la Gobernación. Entonces, ¿qué ponen ellos?

La autoridad cruceña de salud subrayó diciendo que no se corren de ejercer el seguro, pero que los recursos económicos deben llegar del Gobierno central. También advirtió: “Si no es así, el día que se inicie el seguro nosotros vamos a cobrar en los hospitales como lo hemos venido haciendo. Si ellos quieren que demos salud gratuita, alguien tiene que pagar y va a tener que ser el Gobierno central porque se ha metido a ofrecer un seguro gratuito sin sustento económico.

La respuesta de la ministra

Gabriela Montaño manifestó que se están trabajando convenios intergubernativos en los que el Gobierno nacional se compromete a ciertas cosas y los gobiernos departamentales se comprometen a otras. “¿A qué nos comprometemos nosotros? A cubrir el conjunto de prestaciones del tercer nivel que debería ser cubierto por el gobierno departamental. Entrando en vigencia el SUS, las prestaciones gratuitas las estará pagando el Gobierno nacional en los hospitales de tercer nivel”.

Explicó también que el Gobierno nacional se hará cargo de la construcción de todos los hospitales de tercer nivel que pertenecen al plan de hospitales. Y, por último, se comprometen a reforzar con recursos humanos el tercer nivel en aquellos casos en que estos hayan sido contratados con recursos propios (recursos de los que disponían porque antes del SUS cobraban el servicio). “Ahora no van a cobrar por los servicios a la gente y ya no tendrán esa plata, entonces el Gobierno nacional asumirá ese pago de recursos humanos”.

Montaño aprovechó para recordar que invertirán $us 30 millones en fortalecer a los hospitales de las gobernaciones con equipamiento “porque urge que sean fortalecidos mientras se van construyendo los nuevos hospitales”.

¿Qué seguirían cubriendo los gobiernos departamentales en el tema salud desde que empiece a funcionar el SUS? En palabras de la ministra, servicios básicos (agua, luz, gas) y recursos humanos (que no sean pagados con recursos propios).

Respecto a la denuncia en los medios de Urenda, Montaño refirió que con otros Gobiernos departamentales “casi hemos cerrado los convenios intergubernativos, hemos acordado que podemos apoyar en una gestión eficiente de esos hospitales de tercer nivel. Nosotros estaremos financiando los productos de tercer nivel y no sería correcto que nos digan pongan la plata, pero aquí ustedes no tienen nada que decir en términos de gestión”.

En la firma de este convenio intergubernativo ya tienen camino avanzado con la Gobernación de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí. “Creemos que consolidaremos (el convenio) con las nueve gobernaciones, pero todo depende de la voluntad de los gobiernos departamentales”.

Montaño también deslizó que con las gobernaciones de la oposición es con las que no se ha allanado el camino al decir que “hemos convocado a reuniones, a Santa Cruz, La Paz, con sus Sedes y direcciones jurídicas para poder acordar, pero no todos tienen la misma voluntad para avanzar en estos convenios, que desde nuestro punto de vista son positivos. Es un tema de voluntad, si no hay no se firma. No es obligatorio, ya ellos le explicarán a su población por qué no nos permiten invertir en sus hospitales”.

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