Fiscal Guerrero calla sobre Arce y Mesa ratifica declaraciones

Pese a haber dirigido la comisión de fiscales que investiga el caso Quiborax, ayer, el fiscal general, Ramiro Guerrero, evitó a los medios de comunicación que querían saber de las denuncias contra dos ministros de Evo Morales y otras dos autoridades que presentó el lunes el expresidente Carlos de Mesa, quien ayer se presentó ante los fiscales para responder por el cuestionario que habían preparado sobre este polémico asunto.

El expresidente estuvo menos de una hora frente a Guerrero y los fiscales superiores Gilber Muñoz y José Manuel Gutiérrez, para responder a la proposición acusatoria presentada en su contra por la Procuraduría General del Estado por la expulsión de la empresa chilena Quiborax en su Gobierno.

El expresidente ingresó alrededor de las 8:30 al edificio del Ministerio Público y al inicio de la sesión el fiscal general le preguntó sus datos personales y si estaba dispuesto a declarar o a acogerse a su derecho a guardar silencio: “Voy a declarar”, fue la escueta respuesta del expresidente.

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Sin embargo, en el transcurso de las preguntas, las respuestas de Mesa se derivaban a los tres memoriales que presentó en las últimas tres semanas: en el primero pedía que de continuar la investigación en su contra también debería investigarse a Eduardo Rodríguez Veltzé y a Evo Morales, e iniciar acciones penales contra los procuradores que no defendieron adecuadamente los intereses del Estado; en el segundo  solicitó el rechazo de la proposición acusatoria porque el laudo arbitral se basó en un documento falsificado y no así en un decreto tal como sostiene el demandante, la Procuraduría; y en el tercero que  presentó el lunes, exige enjuiciar a Héctor Arce, Pablo Menacho, Elizabeth Arismendi y César Navarro.

Carlos Alarcón, su abogado defensor, dijo que el expresidente “contestó con convicción en función a los memoriales que presentamos, entonces las respuestas estaban muy claras” y dijo que no se prevé otra convocatoria desde la Fiscalía.

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Mesa al salir de la Fiscalía señaló que el fiscal general tiene dos opciones: la primera, aceptar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría y la segunda, la demanda presentada por él en la que responsabiliza al Gobierno de Evo Morales y a sus funcionarios de la gestión cuando se habría producido el máximo daño al Estado por una pésima defensa del laudo arbitral, por el fracaso de una negociación para evitar el juicio arbitral con el acuerdo amistoso de pagar 3 millones de dólares y no así 42,6 millones.

Estos temas debían ser abordados por el fiscal general, sin embargo, la autoridad optó por el silencio y ningún otro funcionario se refirió a otra posible convocatoria. EL DEBER intentó comunicarse con la oficina del ministro de Justicia, Héctor Arce, pero no fue posible, aunque por la noche apareció en el programa del canal estatal Hablemos Claro.

Reiteró lo que dijo en una entrevista anterior con EL DEBER,  que el caso Quiborax ha sido heredado al Gobierno del presidente Evo Morales. Resaltó que en diciembre de 2003 se aprueba la ley 2564 que establece la restitución de la reserva fiscal del salar de Uyuni y señala la obligación de efectuar seis auditorías y el plazo que daba para realizar esto era de 60 días, para después proceder como establecía la misma ley. 

Arce señala que si Mesa cumplía la ley, hacía las seis auditorías, no se hubiera llegado al laudo arbitral.

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“Creo que entre hombres de Estado, entre hombres dignos, lo correcto no es salirse por la tangente, no es salirse con discursos políticos, no es buscar excusas, no es culpar al abogado.  Aquí hay tema de responsabilidad, él nos ha dejado en una situación de indefensión y lo que se espera es que declare, que demuestre, que nos explique a los bolivianos por qué ha violado su propia norma”, recalcó. También dijo que, sin temor, está dispuesto a compartir un estudio de televisión con el expresidente para hablar del tema. “Sabe que no puede encarar una defensa, y por esa situación nos culpa y nos quiere procesar a los abogados, se victimiza políticamente, hace todo lo que hemos visto el día de hoy (ayer)”, concluyó. 

El expresidente dijo que está a la espera de que el fiscal general tome en consideración la denuncia que presentó el lunes y demanda una respuesta sobre los cuatro nuevos denunciados.

A la declaración ingresó acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y casi al mediodía se apersonaron sus exministros Gustavo Pedraza, de Desarrollo Económico; y Luis Fernández Fajalde, de Trabajo, que podrían ser convocados a declarar este viernes.

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El procedimiento

De acuerdo con la explicación de los constitucionalistas Williams Bascopé e Israel Centellas, la toma de declaraciones en la Fiscalía es la primera etapa de la investigación que hay en contra del expresidente y tres de sus exministros.

La ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidenta o vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público de 2010, establece todos los pormenores de un proceso de esta naturaleza.

De ese modo, el fiscal Guerrero tiene 30 días para esta primera etapa de las investigaciones y en este tiempo el fiscal tomará declaraciones y reunirá elementos que le permitan formar una acusación, explicó Centellas.

Para Bascopé, el fiscal recolectará antecedentes y luego formulará el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable; pero si encuentra elementos, dijo que puede recurrir a la Asamblea para pedir el juicio de responsabilidades para la exautoridad.

El diputado Víctor Borda (MAS) explicó que en estos 30 días el fiscal podrá establecer una base de acusación, la cual remitirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuya sala penal verificará si existe base jurídica y fáctica; de ser así,  la admitirá e inmediatamente con el auto de admisión, el fiscal debe remitir su pedido de juicio a la Asamblea Plurinacional. “La Asamblea, por dos tercios de voto de sus miembros presentes, tiene que autorizar el juicio”, resumió el diputado oficialista.

Una vez que se autoriza empieza el juicio de responsabilidades y es el TSJ en única instancia que juzga al presidente y vicepresidente. El Ministerio Público se constituye en acusador a nombre del Estado.

Tanto los abogados como el legislador coincidieron, por separado, en admitir que el único que tiene un plazo es la Fiscalía cuando realiza los primeros pasos y que la misma ley fija en 30 días hábiles, lo que significa que la investigación puede prolongarse hasta dos meses calendario.

Bascopé dijo también que el juicio no se ventilará en la Asamblea, como ocurrió con el caso del exmagistrado Gualberto Cusi. “Un poder debe juzgar a otro poder del Estado”, graficó el abogado y dijo que todo será en Sucre.

En la última fase de autorización del juicio se aplicará un criterio político porque el juicio será autorizado con dos tercios de los votos de los presentes de la sesión de Asamblea, dijo Bascopé.

En ese marco recordó que el único partido que tiene esa capacidad de voto es el MAS, además recordó que fue con esos mismos votos que colocó a los candidatos a magistrados en las papeletas de la elección judicial, por tanto el mismo juicio de responsabilidades en el TSJ estará contaminado con ese estigma político.

El juicio

Unidos
Ayer, Carlos Mesa recibió el apoyo de sus exministros que están denunciados, quienes llegaron hasta la Fiscalía.

“Voy a declarar”
Fue la respuesta del expresidente Mesa cuando el fiscal Guerrero le leyó sus derechos y le preguntó sobre su presencia.

Seguridad
Los legisladores opositores creen que la autorización del juicio de responsabilidades contra Mesa es cuestión de tiempo. 

Político
Los abogados consideran que la parte final de la autorización tendrá un alto contenido político por las características de la Asamblea.

Archivado
Si en dos votaciones seguidas no hay dos tercios para el juzgamiento de los acusados, el caso se archiva sin recursos, refiere la ley 044 que juzga a las autoridades.

Optativo
Según el abogado Bascopé, la Fiscalía puede optar por escuchar las denuncias de Mesa o archivar sus acusaciones y no llamar a nadie.

Hasta el viernes
Los tres exministros de Mesa podrían prestar sus declaraciones hasta el viernes, ante los fiscales superiores. Guerrero solo fue por Mesa.

La asamblea tiene al menos 21 juicios de responsabilidades pendientes 

Al menos 21 juicios de responsabilidades pendientes contra exautoridades, es lo que tiene la Comisión de Constitución de la Asamblea Plurinacional, pero la cantidad de procesos no detendrá el trabajo si llega un pedido de la Fiscalía, dijo ayer el diputado Víctor Borda.

“No hay prioridad, los tiempos que se manejan son en función de la decisión colectiva de los miembros de estas comisiones”, dijo y recordó que debe ser la Comisión Mixta de Constitución la que tratará este tema.

Recordó que muchos juicios pertenecen al siglo pasado y algunos contra ex autoridades departamentales, y dijo que el único expresidente que tiene procesos pendientes es Jorge Quiroga, aunque no recordó qué tipo de acusación y por qué casos estaban estos procesos.

Pero en la nómina están exprefectos y exministros, aunque en ningún caso fueron derivados a la Fiscalía, como ocurrió con Carlos de Mesa; según Borda, solo los exmandatarios gozan de privilegio de caso de juicio de responsabilidades.