El Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (Aircop) se implementará en el aeropuerto Internacional cruceño. Con esto, Bolivia se conecta a las bases de datos policiales internacionales de Interpol

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22 de febrero de 2018, 18:08 PM
22 de febrero de 2018, 18:08 PM

El Gobierno de Bolivia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) firmaron este jueves en el Ministerio de Gobierno, el Memorando de Entendimiento para la Implementación del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP), financiado por la Unión Europea, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz.

Con la firma de este acuerdo, Bolivia se convierte en el décimo país de América Latina y el Caribe en firmar un Memorando de Entendimiento con la UNODC para la implementación de AIRCOP, uniéndose a Argentina, Colombia, Brasil, Perú, El Salvador, Barbados, Jamaica, Panamá y la República Dominicana.

El Memorando permitirá al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el más grande de Bolivia en términos de flujo de pasajeros (1.500 por día) y tránsito de carga (800 toneladas por mes), conectarse a las bases de datos policiales internacionales y sistemas de comunicación proporcionados por la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL (I-24/7) y la Organización Mundial de Aduanas-OMA (CENComm).

Estos sistemas facilitan el intercambio de inteligencia e información en tiempo real y seguro con otros aeropuertos internacionales, uniéndose así a la totalidad de los 33 países que actualmente componen el proyecto AIRCOP entre África, Medio Oriente, Latinoamérica y El Caribe.  

El Proyecto AIRCOP, implementado por la UNODC en colaboración con la INTERPOL y la OMA, es una iniciativa anti-tráfico multi-agencial que apunta a fortalecer las capacidades de detección, interdicción e investigación de los agentes de seguridad en los aeropuertos participantes, tanto en pasajeros como en carga aérea. AIRCOP contribuye en la lucha contra el crimen transnacional organizado y hace frente a los desafíos de un sistema legal fragmentado, promoviendo la coordinación interinstitucional, la cooperación regional y transregional en el marco del Programa Ruta de la Cocaína financiado por la Unión Europea.