Su plan de trabajo atacará tres áreas: la detención preventiva, la judicialización de la política y la reducción de la impunidad

El Deber logo
28 de agosto de 2018, 4:00 AM
28 de agosto de 2018, 4:00 AM

¿Cuál fue la motivación que lo llevó a esta postulación?

Mi carrera judicial. Todo lo que pasa en el país y la crisis de la justicia requiere que las personas que de verdad pensamos que es posible un cambio en ella participemos de este proceso. A partir de 2000, desde el Instituto de la Judicatura, el momento que estuve en la Magistratura y luego desde el Centro de Estudios de Justicia y Participación, mi idea fue ser un actor de estos procesos de ajuste y de reforma.

¿Cuál es su propuesta?

Tres tareas concretas. La detención preventiva: no podemos seguir con el índice más alto de la región, debemos creer nuevamente y recuperar el principio de la inocencia. Segundo, no debe permitirse la judicialización de la política. El derecho penal es el último recurso y está para proteger a la sociedad y las víctimas, no para conflictos políticos. Y tercero, eliminar el grave nivel de impunidad del país. La cantidad de víctimas de muertes violentas es crítica y los niveles de impunidad son demasiado altos.

Se ve al fiscal general como empleado del Gobierno, ¿es así?

La Fiscalía General es un órgano extra poder, constitucional, que hasta 2003 dependía del ministro de Gobierno. Ahora en la región es la instancia que defiende a la sociedad, el procurador defiende al Estado. Definitivamente no es empleado del Gobierno.

Pero se acusa al fiscal general de perseguir opositores, ¿no?

El problema de la Ley Marcelo Quiroga es que tiene problemas de constitucionalidad que distorsionan su rol. Necesitamos un ajuste normativo. Las experiencias exitosas de combate a la corrupción parten de la posibilidad de que el Ministerio Público pueda aplicar un principio de oportunidad y especialmente ser muy respetuoso de los inocentes. No tiene sentido que la Fiscalía inicie juicios sin poder sostener la acusación con pruebas.

Ese debería ser el rol de una fiscalía que luche contra la corrupción, y es el tema central en eso de no judicializar la política: tener la capacidad de diferenciar la corrupción, de lo que puede ser el simple error administrativo o un problema de deficiencia en la normativa. El fiscal debe distinguir el bien del mal y aplicar en todas sus decisiones un criterio de conciencia absoluta. No se puede hacer persecución penal a un hecho que no es de corrupción y eso me preocupó en los últimos años.

¿Usted es afín al MAS?

La política debe tener una orientación y visión ideológica, comparto muchos principios de la Asamblea Constituyente de 2009, pero no milito en el MAS ni nunca fui funcionario público de ese partido. Nunca participé en el Poder Ejecutivo.