BOLIVIA

Evo retrocede con el código, pero siguen las protestas por el 21F


A 24 horas de su mensaje al país y frente a movilizaciones en su contra, el presidente anunció su decisión de abrogar el Código del Sistema Penal promulgado por García Linera. Ahora la oposición exige respetar el 21-F

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22/01/2018

Ha vuelto a hacerlo. En medio de protestas, Evo Morales otra vez ha dado marcha atrás en una norma que Álvaro García Linera había puesto en vigencia, como pasó con el ‘gasolinazo’ de diciembre de 2010. Con una ‘ayudamemoria’ en la mano, el presidente sorprendió con un anuncio que no pudo guardarse hasta hoy día, para su acostumbrado mensaje a la nación de cada 22 de enero: “Decidí abrogar todo el nuevo Código del Sistema Penal”, les dijo a los medios estatales, decisión con la que, 38 días después de la promulgación a cargo del vicepresidente, ha querido dar por cerrados los conflictos.

Todo un giro en la historia. “Las cosas están consumadas, he firmado el nuevo Código del Sistema Penal, se acabó el debate, ya no hay nada más que hacer; hay que aplicar el código”, había dicho García Linera el 15 de diciembre, como presidente en ejercicio y en ausencia de Evo Morales. 

Pero ayer, como ya hizo para derogar los artículos 205 y 137 de esta misma ley, en un ejercicio de autoridad, Morales dijo que pediría a la Asamblea Legislativa Plurinacional que abrogue la norma. Eso sí, no mencionó una sola palabra sobre su repostulación en 2019, decisión política que asumió luego de que el Tribunal Constitucional le dio luz verde, hecho que sacó a las calles a diferentes sectores de la población en distintas regiones del país, exigiendo que se respete el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21-F), que le dijo No (51%) a la modificación de la Constitución para que Morales y García Linera puedan buscar otra reelección en 2019.

Pero no solo el presidente no se refirió a la demanda de respeto al voto: en realidad, el Gobierno se cerró y el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que no hay nada que debatir sobre la repostulación porque los fallos constitucionales se deben respetar.  

Cuestión de conflictos que se acumularon, hoy día -cuando Morales cumple 12 años en el poder y cuando sufre una caída de 24 puntos en la aprobación de su gestión respecto a 2017 en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, según un estudio de opinión de Equipos Mori para EL DEBER- la marcha atrás del presidente sobre el código encuentra a las plataformas ciudadanas y a los comités cívicos movilizados y en las calles, insistentes en el respeto al voto del 21-F.

De hecho ayer, tras el anuncio de la abrogatoria de la Ley 1005, el Comité pro Santa Cruz celebró la decisión, pero ratificó que las protestas del ‘tractorazo’ de Montero a Santa Cruz (8:00), una marcha de promociones en esa ciudad del norte cruceño y otra en la Villa 1.º de Mayo (9:00) van a seguir adelante, porque la pelea es para que Morales cumpla su palabra, acepte el mandato popular y se vaya  “a atender su restaurante a Chapare”.

En La Paz, salvo la Central Obrera Boliviana (COB), de Guido Mitma, que apunta a desarticular el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) creen que el Conade y la lucha callejera por el respeto a la autoridad del mandato de las urnas debe continuar.

Puestos a medir las cosas, toda la presión social en las calles por el 21-F y por el código se da en un escenario en el que la encuesta de  Mori establece que en enero el 74% de los electores de las cuatro ciudades principales del eje central del país aprueban las protestas, un 70% se declara en desacuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional que habilita a Morales para 2019 y un porcentaje parecido cree que el presidente no debería buscar otra reelección continua. Es en ese contexto que Morales decide abrogar la Ley 1005, en una sorpresiva entrevista que dio al programa El Pueblo es Noticia, en la Red Patria Nueva y Bolivia TV.

“Hemos decidido abrogar el Código del Sistema Penal para evitar confusiones y que la derecha deje de conspirar y no tenga argumentos para generar desestabilización en el país, con desinformación y mentiras. Enviaremos una carta a la Asamblea Legislativa en los próximos días”, ratificó poco después en Twitter.

Voces del Gobierno
Obligado el presidente a desdecir a García Linera, el Gobierno ha salido con varios voceros a explicar la decisión de última hora de Morales. Por ejemplo, para el ministro de la Presidencia, René Martínez, la abrogatoria no deja ni vencedores ni vencidos y quienes continúen acicateando la protesta social tienen objetivos políticos para evitar que el mandatario tenga derecho a ser candidato. 

La ministra de Comunicación, Gisela López, indicó que el presidente ha demostrado su capacidad de escuchar al pueblo y que tras la disposición de enviar a la Asamblea la petición de abrogatoria ya no tienen sentido las movilizaciones de protesta, tras paros regionales, bloqueos y la previsión de un paro cívico nacional.

Los opositores coincidieron en la celebración del resultado, pero cada cual por su lado. Atrás quedó el G-6’. “El país movilizado, con espíritu democrático y protestas legítimas, logra un triunfo extraordinario al obligar al presidente a pedir la abrogación del Código Penal”, escribió el expresidente Carlos Mesa en su Twitter.
Samuel Doria Medina, jefe de UN, dice que la verdadera pelea comienza recién y que no es un asunto de la oposición. Para él, fue un “triunfo político de la ciudadanía contra un régimen represivo y atropellador de la democracia". 



 




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