POLÍTICA

Evo habla de ‘robo’ en casos mochilas y fijan cautelar para alcalde de Oruro


El caso saltó a la opinión pública nacional dos años después de iniciarse. Los concejales que denunciaron a Bazán entregaron las mochilas pensando que eran nacionales. Hoy es la audiencia de apelación de Leyes

Denisse Villca e Hilaria Sejas presentaron la denuncia de las mochilas en La Paz
Escuchar el artículo   Publicidad Pausar Lectura

04/05/2018

Mientras el presidente Evo Morales ya habla de robo al referirse a  los casos mochilas, que involucran a los alcaldes de Cochabamba y Oruro, su aliado orureño, Édgar Bazán, ha sido conminado a enfrentar una audiencia cautelar el próximo viernes ante el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, del juez Sergio Vásquez.

“Por mochila cuánto habrán robado, no puedo entender cómo algunas autoridades pueden robar a los niños y a los más pobres”, dijo Morales en un acto público ayer en la comunidad de Santa Clara, en el departamento de Beni.

Incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado son los dos delitos por los que está acusado Bazán y enfrenta a dos querellantes, Severo Torres Pinaya, por un lado, y los concejales Segundina Ledezma Tarqui y David Choque Condori, por el otro lado.

El caso
Se trata de un caso que se inició  en 2015, cuando decidieron implementar el programa Mi carpeta, que consistía en la entrega de una mochila a cada estudiante de la ciudad de Oruro. En 2016 se entregaron 91.498 mochilas en total a los tres ciclos escolares: inicial, primaria y secundaria.



Fueron 12.409 para el ciclo inicial, 40.180 para primaria y 38.909 mochilas a nivel secundario. No hay observación a los bolsos de inicial y secundaria: el problema fueron las 40.180 mochilas de primaria y las observaciones son dos: la procedencia y el precio.

Según la convocatoria, las mochilas debían ser de procedencia nacional y fueron cotizadas a 80 bolivianos cada una. Según los denunciantes, averiguaron que el precio unitario de cada mochila puesta en Bolivia era 32 bolivianos y, por tanto, acusan un sobreprecio de 48 bolivianos por mochila, lo que representa un daño global de 1.928.640 bolivianos que es por lo que acusan los concejales.

Aunque el caso fue descubierto en marzo de 2016 y denunciado por Severo Tórrez Pinaya, la Fiscalía no actuó hasta ahora, cuando José María Leyes, líder opositor y alcalde de Cochabamba, se ha visto involucrado en un caso similar, aunque más reciente. 

En septiembre de 2016, Bazán se presentó a la Fiscalía y expresó su disposición de declarar, pero el fiscal Juan Carlos Illanes solo selló el memorial del alcalde.

Recién el 7 de septiembre de 2017, un año después, la Fiscalía recibe la declaración de Bazán y en el documento solo constan dos preguntas de la Fiscalía. En esa oportunidad, el sindicato deslindó toda culpa y señala a Jaime Salazar Claros como responsable de contrataciones del municipio.

La empresa que entregó las mochilas se denomina Murillo: una firma unipersonal que pertenece a Marco Antonio Murillo y que, según sus declaraciones, es un antiguo proveedor no solo del municipio, sino de otras entidades.

En marzo de 2016, cuando ya había observaciones a la licitación, Murillo se negó a mostrar la fábrica donde supuestamente se confeccionaban las mochilas y dijo que la inspección que realizó el Concejo debió ser coordinada; en octubre de 2017, Murillo declaró ante los fiscales que el producto fue importado al no poder cumplir con el contrato de provisión.
 



 




Notas Relacionadas



En esta nota