BOLIVIA

En seis años la mitad de violaciones grupales llegaron a una sentencia


Entre 2013 y 2018 hubo ocho casos en cuatro departamentos. En tres juicios se dictó la pena máxima, en el cuarto se liberó a dos acusados. Activistas jugaron un rol preponderante para que se haga justicia.


EL CASO DE SAMAIPATA TRES HOMBRES FUERON CONDENADOS POR UN TRIBUNAL DE VALLEGRANDE
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17/02/2019

“Entonces enjuicien a mi hija, ella ha debido violarles”, fue lo último que alcanzó a decir la madre de una adolescente de 14 años, vejada y torturada por cuatro sujetos cuando tenía 12; antes de caer desmayada en una fría sala de un juzgado de Sacaba, en Cochabamba. Eran las 22:00 del 20 de abril de 2018 y el único acusado con edad suficiente para cumplir la pena máxima por este delito -25 años- fue absuelto luego de ocho horas de deliberaciones. Entonces, aquella mujer a la que incluso una fiscal le inició un proceso por exigir justicia para su hija, se desplomó como cae un roble después de recibir varios hachazos.

No supimos más de la señora ni de su hija, dice por teléfono Ángela Nogales, activista del colectivo Mujeres de Fuego, que acompañó el sinuoso proceso, que duró dos años. El celular que tenía está apagado; el de su abogado, también. Ángela cree que la mamá se cansó. Quizá sentía que era imposible luchar contra un sistema en el que, por diversos factores, una evidencia puede ser desechada, aunque sea irrefutable. Tampoco pudo con la burla de los familiares del principal implicado, “se le reían en la cara”.

El tormento de la víctima de este hecho comenzó la tarde del 29 de abril de 2016. “Adriana” -como la llamaremos- salía de la escuela, cuando cuatro integrantes de una pandilla la interceptaron y arrastraron hasta unos matorrales. Allí la abusaron, golpearon con piedras y estrangularon hasta dejarla inconsciente. Creyéndola muerta, la abandonaron.



La niña sobrevivió y reconoció a sus agresores (eran sus compañeros de colegio), pero los dos principales fueron liberados “porque no se halló ADN en las pruebas genéticas”. Otros dos fueron sentenciados a dos años, porque eran menores de edad.

Saña y crueldad

En otro hecho de violación colectiva o grupal (porque intervienen dos o más personas) registrado en Cochabamba, la víctima no vivió para contar su tragedia. A María del Carmen Carballo Reyes (16) la asfixiaron. Veinte varones y una mujer, todos miembros de una pandilla, fueron implicados en este caso.

a las 21:30 del 31 de agosto de 2017, se halló culpable de feminicidio a Omar O. A. (enamorado de la joven), a quien condenó a 30 años de reclusión. Otros cuatro sindicados fueron sentenciados a similar pena, por asesinato y violación agravada. Cinco más fueron liberados, porque no se pudo probar su participación, mientras que 11 menores de edad fueron procesados en otro tipo de juicio.



Ángela Nogales, de Mujeres de Fuego, contó que en los seis años que lleva apoyando a otras mujeres, nunca había visto algo tan cruel. “Fue tan grave que después de matarla, volvieron a pintarle la cara con pintura negra para que no la reconocieran”.

Por ello, esta organización tuvo que contener a la madre y movilizarse en todas las audiencias, porque varias veces la señora denunció en su lengua nativa, el quechua, que familiares de los sindicados la amenazaron con “violar a su otra hija”.

Presión social

Ese apoyo, de organizaciones feministas, de otras víctimas de agresiones o de quienes simple mente se sienten identificadas con la causa, fue vital para que dos abusos grupales no queden impunes en Santa Cruz.

La familiar de una de las afectadas, quien pidió reserva en su nombre, contó que gracias a dos periodistas, que lograron captar la atención de la sociedad civil; se condenó a los responsables de la violación de una joven de 21 años, en estado de inconsciencia, en un alojamiento cruceño.



Así, el 6 de mayo de 2016, Esteban M. C. fue sentenciado a 25 años de reclusión, por violación agravada, mientras que su primo, Gustavo M. B., recibió 12 años, y la administradora del hospedaje, Roxana P. C., dos años.

Aunque “se hizo justicia”, desde la madrugada del 7 de junio de 2014, los planes de vida, de quien llamaremos Valeria, se frustraron. Hasta antes de aquella noche, estudiaba en la universidad. Ahora, con 25 años, prefiere quedarse en casa. “Sigue con sicólogo y vive con miedo que los liberen”, asegura la pariente.

En el cuarto caso, ocurridEn el cuarto caso, ocurrido el 23 de noviembre de 2013, la propia víctima tuvo que vencer su dolor y se enfrentó a parte de una sociedad que le exigía “no manchar” a un pueblo.

Gracias a activistas, así como la presión por redes sociales; el 9 de junio de 2015, un juez encontró culpables de violación agravada a Jorge M. C. y Luis F. A., a quienes dio 25 años de cárcel. Mientras que Carlos F. C., quien era menor de edad cuando se cometió el delito, recibió cuatro años.

Amigos de quien llamaremos Renata, (40 años), aseguran que ella tuvo que dejar el país poco después del juicio, porque muchas puertas se le cerraron cuando decidió luchar por justicia.

EN INVESTIGACIÓN

MONTERO | El 22 de julio del año pasado, una chica de 17 años fue violada por cuatro jóvenes, quienes filmaron el abuso. La víctima recibió el video por Whatsapp.

SANTA CRUZ | El 14 de diciembre de 2018, una joven de 18 años salió a divertirse con sus amigos. Al cabo de unas horas despertó en una clínica con graves lesiones. Cinco jóvenes son procesados por violación agravada.

LA PAZ | El 30 de enero, una muchacha de 17 años fue abusada en el Bosquecillo. Hay tres hombres detenidos preventivamente.

PANDO | El 27 de enero, una chica de 17 años fue violada por, al menos, dos sujetos. Está internada.

Colectivos y agrupaciones femeninas acuden a las audiencias del caso ocurrido el 14 de diciembre

Una lucha contra el dolor y la condena social

Las causas judiciales son largas y revictimizadoras. En el transcurso la afectada sufre hasta de acoso cibernético

El 20 de diciembre del año pasado, ONU Mujeres manifestó su “indignación” porque observó que los hechos de violencia sexual, infanticidios y feminicidios cometidos contra niñas, adolescentes y mujeres eran justificados “con mensajes de odio, machismo, racismo, homofobia y discursos antiderechos, donde se culpabiliza a las víctimas del delito cometido”.

Seis días antes, el 14, el país se vio sorprendido por una noticia que se relacionó mucho con otra que ocurrió en España, en julio de 2016, cuando cinco hombres violaron a una joven de 18 años.

En Santa Cruz, una muchacha de la misma edad salió a divertirse con sus amigos y terminó en una clínica, con gravísimas lesiones físicas y sicológicas en una presunta violación grupal. Cinco jóvenes, entre ellos uno de 15 años, están detenidos.

La indignación de la sociedad civil y otras organizaciones surgió, sin embargo, por declaraciones de familiares de algunos de los sindicados, que no solo pusieron en duda la palabra de la vícitma, sino que la culparon del hecho.

Contra la corriente

Ese factor, el de culpar a la víctima, se da casi siempre en este tipo de hechos, con frases como: “seguro estaba vestida de tal manera”, “para qué sale sola”, “qué hacía con cinco chicos”, “ella se emborrachó, ella tiene la culpa”.

“Yo me sentía culpable por no haberme ido temprano de la fiesta y no los denuncié, porque uno de ellos era primo de mi amiga. Hasta el día de hoy me queda la duda de si abusaron de mí o no”.

El testimonio corresponde a una mujer que logró escapar de un motel, descalza, luego de haber sido llevada al lugar -inconsciente- por el primo de su amiga y, al menos, dos sujetos más.

La víctima está segura que le pusieron algo en la bebida, porque lo último que recuerda es que se sintió “extraña” en una discoteca y despertó cuando un sujeto estaba encima de ella. Como pudo, salió del hospedaje y un taxista le prestó ayuda.

La Dirección Nacional de la Felcc registró en 2018, 518 casos de violación, violación agravada, y violación de niño, niña y adolescente, entre otros delitos. Para Miriam Suárez, de la Casa de la Mujer, “hay muchos más que no llegan ni a conocerse”.

Entre otras cosas, la afectada siente que es ella la que debe probar que fue agredida y no así el presunto autor, quien en realidad debería probar que es inocente. Jessica Echeverría, una de las abogadas del caso registrado el 14 de diciembre, sabe eso muy bien, ya que casi a diario denuncia irregularidades en el proceso contra los cinco imputados, sin contar las agresiones que sufre su defendida por redes sociales.

Por ello, la joven no tiene acceso al celular ni a la televisión y solo sale acompañada de su madre, quien le regaló un diario para que escriba. Está en tratamiento con una sicóloga y una siquiatra. Mientras, sus presuntos agresores buscan el cese a su detención.

EL CONTEXTO

ELEMENTOS | Para Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, en estos casos siempre hay premeditación y un autor intelectual.

CAUSA | Muchas veces la única manera de probar los hechos es rompiendo el pacto de silencio que surge entre los responsables.

GRAVE | Para la jurista Jessica Echeverría también se debe indagar el uso de drogas en estos delitos.

ANÁLISIS | “Hay debilidad institucional en estos casos”

Fernando Figueroa, sociólogo

La violación como tal tiene que ver con la discriminación contra la mujer. Desde niñas asumen roles de género y responsabilidades, que no deben ser tales. Culturalmente se acepta la violencia y se normaliza la agresión, vulnerando derechos. Cuando hay una violación grupal, surgen otros componentes terribles, como culpar a la mujer por lo sucedido: ¿por qué estaba sola?, ¿por qué ella se dejó? y otras expresiones.

En el caso de los autores, muchas veces existe la presión de grupo, hacen cosas que no harían si estuvieran solos. Es como cuando vas al estadio y estás solo, y no pasa nada, pero cuando estás en grupo eso te incita -voluntaria o involuntariamente- a que ejerzas presión.

Son extremos grandes, pero pasa algo similar en estos casos, donde la víctima ha sido abusada por varias personas.

Por eso hay muchas que no denuncian los abusos por miedo y porque no creen en el sistema judicial. Ahí está el caso de la chica (en el hecho ocurrido el 14 de diciembre), la han puesto en tela de juicio, en boca de todos y hasta se la ha puesto como agresora. Debiera bastar la expresión verbal de la víctima, de decir que no quería, para entender que es una agresión.

En ese contexto, el surgimiento de agrupaciones femeninas o activistas, de la presión social en general, es fundamental, porque lamentablemente la legislación y protocolos que existen no sirven para dar respuesta. Hay una debilidad institucional a la hora de enfrentar estos casos.

A la víctima se la expone, se la somete a un escarnio social, mientras tanto el proceso tarda años en resolverse, porque es la afectada quien debe demostrar que fue violentada, y no así el acusado, su inocencia



 




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