Hay oficialistas que alientan un juicio de responsabilidades contra el exmandatario, pero también otros piden cautela y dejan a la Fiscalía que actúe en este caso. La oposición ha convocado al procurador Menacho

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15 de junio de 2018, 6:00 AM
15 de junio de 2018, 6:00 AM

La mira está puesta sobre Carlos Mesa, a quien las encuestas ponen como único político opositor con posibilidades para las elecciones de 2019. A dos años de los comicios, el MAS ve indicios para juzgar al expresidente por el caso Quiborax, aunque esa posición se divide cuando se estudia la vía que se podría seguir. Un grupo de legisladores oficialistas alienta el inicio de un juicio de responsabilidades, pero otros dejan que la Fiscalía haga su trabajo, luego de la acusación instalada por la Procuraduría contra el exmandatario.  

Pero el oficialismo quiere ir más allá. Pide indagar por qué no se llegó a acordar el pago de tres millones de dólares en 2008 a la empresa chilena Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, a cambio de dejar el arbitraje. 

El diputado Víctor Borda, expresidente de la Comisión de Justicia que juzgó al magistrado Gualberto Cusi, ve dos indicios para iniciar un juicio de responsabilidades contra Mesa. Borda indicó que el exmandatario no subsanó las observaciones en ese momento y que no se adecuó al proceso establecido para resolver el caso, lo que -dijo- implica iniciar una investigación contra la exautoridad por el supuesto delito de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, seguido de un juicio de responsabilidades. 

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“Como dice la Constitución, no solamente debe condenárselo a una pena privativa de libertad, sino también reparar el daño económico al Estado (...). Hay indicios, no elementos probatorios, y deberían investigarse”, remarcó.  En cambio Mesa pide investigar a los funcionarios de la administración de Evo Morales que, según él, hicieron una pésima defensa del Estado en el arbitraje.

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Nelly Lenz, dijo que “si hay elementos, si existe algún indicio, obviamente, se tiene que hacer una investigación, pero en este momento no le puedo decir si amerita o no”. 

El Estado boliviano acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero de ulexita Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk, tras ser derrotado en un proceso en el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.   

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Por la vía ordinaria

El jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, explicó que De Mesa revocó las concesiones que Quiborax tenía para explotar ulexita en Potosí, pero no cumplió con el artículo 3 de la Ley 2564 de Reserva Fiscal y la Convalidación de la Costra Salina del Gran Salar de Uyuni.

El legislador oficialista se inclina por que este caso sea resuelto por la Fiscalía, tras la denuncia que inició la Procuraduría contra el exmandatario. “Mesa no cumplió a cabalidad la ley, la responsabilidad recae al expresidente y tendrá que descargar cuentas”, dijo. 

Por su parte, la diputada Betty Yañiquez recordó que fue el canciller de Mesa, Juan Ignacio Siles, quien dijo que no se cumplieron los mecanismos de ley en este caso. “El objetivo de Mesa quizá fue bueno, pero no fue el correcto de acuerdo a ley, y eso tiene que responder”, remarcó la legisladora. 

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En 2008, la compañía chilena negoció terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de $us 3 millones, según un informe oficial del Gobierno. Ese acuerdo no tuvo éxito y fue en la gestión de Héctor Arce en el Ministerio de Defensa Legal. Borda pidió indagar el preacuerdo y dijo que si hubo negligencia para llegar a un buen puerto, se debe procesar a los funcionarios. Lo mismo opinó Ramos. 

Insisten en pedir informe a Menacho

La oposición insiste en los trámites para que el procurador Pablo Menacho brinde un informe oral en la Cámara de Senadores sobre el caso Quiborax, empresa que ganó un proceso al Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). 

Estamos pidiendo, a través de una petición de informe oral, que el procurador pueda comparecer ante el Senado a objeto de aclarar el laudo arbitral donde Bolivia pierde y tiene que pagar una millonaria cantidad de dinero”, informó el senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD). Al pedido se sumó su correligionario Wilson Santamaría. 

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