EXTRADITAR A GONI

El canciller dice que cumplió con los requisitos para extraditar a Goni


Fernando Huanacuni espera que la decisión del jurado ayude a agilizar la repatriación. Un fiscal explica que la causa ya pasó del Departamento de Estado al de Justicia. Goni prefiere esperar al juez James I. Cohn

Atrás de todos, escoltado por su abogado, aparece Carlos Sánchez Berzaín, el hombre fuerte de Goni
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05/04/2018

Para el canciller boliviano Fernando Huanacuni, Estados Unidos no tiene motivo para seguir retrasando la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos de sus exministros, Carlos Sánchez Berzaín y Joaquín Berindoague. “Nosotros apelamos a que de una vez tenga que ser extraditado, porque Bolivia ha cumplido con todos los requisitos de los protocolos bilaterales que se tiene entre Bolivia y Estados Unidos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en una entrevista con la estatal radio Patria Nueva.

En 2012, la justicia estadounidense rechazó la solicitud de extradición del expresidente Sánchez de Lozada y sus dos colaboradores al considerar que la acusación en su contra está determinada por las leyes bolivianas y no hay normas equivalentes en el ordenamiento jurídico estadounidense.  

En Bolivia, el expresidente y sus exministros de Defensa e Hidrocarburos enfrentan cargos por genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y tortura, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilios y dependencias con las circunstancias agravantes de ser funcionarios públicos y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.
Al venir de corrientes de derecho distintas, el sistema estadounidense no pudo encontrar delitos similares en sus códigos, por lo que rechazó el exhorto suplicatorio por no cumplir el requisito de “doble criminalidad”. 

Ayer, Huanacuni agradeció la firmeza de los familiares de las víctimas que mantuvieron su pelea por justicia por casi 15 años y lograron llevar al expresidente y a Sánchez Berzaín ante una corte civil del distrito de Florida, que los halló el martes responsables de ejecuciones extrajudiciales. 

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, coincidió con su colega Huanacuni en el elogio a la persistencia de las víctimas en encontrar justicia, pero ahora, para completar el cuadro, aseguró que la justicia estadounidense debe permitir la repatriación de las exautoridades bolivianas acusadas por la muerte de al menos 55 personas y las heridas de más de 400.

“El pueblo boliviano no olvida, tiene memoria, sabe que tienen cuentas pendientes con la justicia boliviana”, dijo Rada, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

En manos estadounidenses
Una fuente cercana a la familia Sánchez de Lozada, explicó ayer que en Bolivia se confunde veredicto con sentencia y que en Estados Unidos no son sinónimos. Asegura que una vez pasada la etapa del juicio en la que el jurado delibera, ahora la decisión se encuentra enteramente en las manos del juez, en un proceso que describió como “una discusión de puro derecho”.  

La defensa del expresidente y del antiguo ministro de Defensa tiene la esperanza en que el juez James I. Cohn considere que la falta de experiencia jurídica del jurado los hizo fallar en contra de la norma y revierta el veredicto de “responsables de ejecuciones extrajudiciales”. 
Para Juan del Granado, exalcalde de La Paz y acusador del exdictador Luis García Meza en el juicio de responsabilidades, es muy difícil que el juez Cohn modifique la decisión del jurado sobre Sánchez de Lozada.  

“Lo que ha ocurrido es que se plantea las apelaciones y un fallo en primera instancia es irrevisable y las apelaciones se van a discutir en mayo, pero es absolutamente improbable que se modifique la apreciación de los hechos que hizo un jurado que representa la opinión del pueblo norteamericano”, dijo el martes cerca de la medianoche en PAT.  

El exalcalde fue testigo de la parte acusadora en el juicio de Fort Lauderdale y calificó como histórico el veredicto del jurado estadounidense. 

Aunque al tratarse de un juicio civil (si fuera penal, el veredicto hubiese sido ‘culpable’), la sentencia no implicará cárcel ni tendría que necesariamente influir en la extradición, los juristas esperan que haber sido hallados culpables en una corte estadounidense beneficie al proceso de repatriación.

Por ello, José Manuel Gutiérrez, fiscal superior del Estado, dijo en conferencia de prensa que solicitarán toda la documentación del juicio civil para analizarla y vincularla al pedido de extradición.

“Entendemos que esto si es un paso adelante en lo que significa llegar a la verdad material de los hechos sucedidos en octubre de 2003 y también beneficia de alguna manera la posición del Ministerio Público del Estado boliviano en la solicitud de extradición”, dijo Gutiérrez, según la agencia ANF.

Los mecanismos para solicitar la información jurídica serán por la vía de los convenios de cooperación jurídica que existen entre ambos estados, que tienen firmado un tratado de extradición vigente, que data de la década de lo 90. Anunció además que aunque la sentencia del tribunal de Fort Lauderdale sea apelada, la Fiscalía de Bolivia solicitará la documentación al cierre de esta instancia. 

Según explican los juristas estadounidenses, lo más probable es que la apelación termine en la corte superior del distrito de Florida, ya que solo el 5% de los casos propuestos por los juristas llegan a litigarse en la Corte Suprema de Estados Unidos. 

Gutiérrez añadió que el nuevo pedido de extradición pasó hace dos años del Departamento de Justicia de EEUU (Cancillería) al Departamento de Justicia (ministerio) que es la instancia encargada de hacer la valoración jurídica del pedido de extradición. No hay una fecha para que se pronuncien.

¿Qué es  una ejecución extrajudicial?

El jurado civil de Fort Lauderdale encontró a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín responsables de ejecuciones extrajudiciales y lo exoneró de los cargos por homicidio culposo. Según la definición de “ejecución extrajudicial” en el ordenamiento jurídico internacional, la decisión del tribunal civil no es incoherente. 

Define la ejecución como “un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”.

El crimen se vuelve ejecución cuando el funcionario no puede alegar “legítima defensa”, o cuando se da en el marco de combates en conflictos armados. Tampoco no cabe la figura jurídica cuando se enmarca en el “uso racional, necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley”, ni cuando las muertes son fruto de la imprudencia o negligencia. 

Es decir, si el jurado los hubiese declarado responsables de los dos cargos presentados, hubiese incurrido en una contradicción, puesto ‘homicidio culposo’ pudo ser compatible los términos ‘imprudencia’ y ‘negligencia’. 



 




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