El burgomaestre cochabambino está acorralado por la adquisición de mochilas chinas. El viernes deberá responder por las acusaciones en su contra. Para los Demócratas es un complot que busca sacarlo del cargo

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17 de abril de 2018, 6:00 AM
17 de abril de 2018, 6:00 AM

El viernes, a las 17:00, el alcalde cochabambino, José María Leyes, deberá sentarse en las oficinas de la Fiscalía Departamental de la Llajta para declarar sobre el supuesto sobreprecio del 80% en la adquisición de 94.000 mochilas y material escolar. La investigación realizada por la concejala masista Rocío Molina se convirtió en querella del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por un supuesto daño económico al Estado de Bs 10 millones.

Esta situación, según la cúpula de Demócratas, se trata de un intento de ‘golpe’ derivado de las acciones de denuncia que hicieron Leyes, el gobernador Rubén Costas y el senador Óscar Ortiz en Europa, luego de asistir a los alegatos en La Haya. 

Para Molina, Leyes solo intenta victimizarse y oculta información. Álex Contreras, secretario ejecutivo de la comuna cochabambina, asegura que se trata de un complot que involucra a la cúpula del MAS, incluso llegando al presidente Morales. 

Al bando de los denunciantes se sumó un exaliado del partido verde, el senador de Unidad Demócrata Arturo Murillo, que aseguró ayer que en el caso de supuesta corrupción se encuentran involucrados funcionarios “del primer anillo” de la administración de Leyes. 

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En febrero de este año, la Asociación Accidental 26 de Febrero se adjudicó la licitación de la provisión de 94.000 mochilas para los estudiantes del sistema público. Según la denuncia del Ministerio de Justicia, el costo real de importación de estos elementos fue de apenas Bs 26 por unidad, mientras que a la comuna se los vendieron por más de Bs 140, para totalizar 12,4 millones. 

La ‘conjura’
Vladimir Peña, ejecutivo local de Demócratas, presentó ayer un audio en el que supuestamente se escucha a José Luis Rodo, promotor del referendo revocatorio contra Leyes, y a un expresidente de la Brigada Parlamentaria cochabambina, Adhemar Valda, conversando sobre la molestia del presidente Morales por las acciones de denuncia de Leyes en Europa. 

A eso, Contreras añadió que se tienen grabaciones que involucran a más gente, pero evitó dar nombres hasta comprobarlo. Habló de un concejal del partido de Leyes y de otros funcionarios de su administración que habrían confabulado con organizaciones masistas, la cúpula departamental de dicho partido, el presidente Evo Morales, el Órgano Electoral y el Ministerio Público para apartar del poder a Leyes.

Al inicio de la denuncia, hace unas dos semanas, Contreras, que fue el primer vocero presidencial de Evo Morales, había asegurado que este era el proceso número 22 contra Leyes en dos años y medio de mandato, y que lo más probable, una vez presentada la demanda, era que el proceso sea abandonado por los denunciantes, como ha sucedido con otras denuncias.

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Sin embargo, con el ‘caso mochilas’ no sucedió así. El miércoles de la última semana, un grupo de la Fiscalía apoyado por policías ingresó a la Secretaría de Desarrollo Humano de la comuna para incautarse de 14 computadoras, en busca de la información de las licitaciones. Lo mismo sucedió en las oficinas en Cochabamba de MSPC SRL y en Santa Cruz de la Sierra de la empresa MANE Comp. 

Según la concejala Molina, los allanamientos se produjeron tarde. Un viernes antes de la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano, funcionarios de sistemas de la Alcaldía de Cochabamba se llevaron los CPU para solucionar un problema de virus informáticos. Las computadoras fueron devueltas el lunes a los trabajadores, que se negaron a recibirlas por no saber qué tipo de información había en los discos duros, antes de ser borrados. Según una carta que asegura Molina que le llegó de parte de los funcionarios municipales, mucha información de procesos de contratación de la comuna se perdieron. 

El senador Murillo no parece estar del lado de Leyes. “En este desgraciado tema se encuentra gente del primer anillo del alcalde municipal y del primer anillo del legislativo. No voy a dar nombres. Eso quiero que lo haga el mismo alcalde. Es su gente, es la gente que él ha puesto, es su responsabilidad”, dijo Murillo ayer. Ricardo Pol, secretario de Desarrollo Humano, oficina allanada el miércoles de la última semana, fue constituyente por Unidad Nacional.

Ante la ‘orfandad’ de parlamentarios de UD que salgan a defender a Leyes, el respaldo llegó desde Santa Cruz. A la denuncia de golpe de Peña se sumaron las declaraciones de Tomás Monasterio. Para el diputado, con los allanamientos están “montando un circo cobarde para perseguir y apresar a nuestros líderes”. 

Lo niega el MAS

Para la concejala Molina, Leyes trata de mostrarse como un perseguido político para disfrazar sus hechos de corrupción. Asegura que no existe ninguna filtración desde el interior de la comuna, sino que ella comenzó a investigar el supuesto sobreprecio cuando vio que el que firmaba el contrato por la Asociación Accidental 26 de Febrero era una persona que no tenía un NIT registrado a su nombre. Luego, cuando los documentos de contratación fueron colgados del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), dio con las empresas asociadas y solicitó los historiales de importación de sus representantes legales. 

Allí descubrió que las mochilas fueron importadas antes de que la licitación hubiera sido puesta en línea y el costo real de los bolsos y el material escolar era de Bs 26. Eso se convirtió en una querella. Luego de solicitar el historial de importaciones del representante legal de MSPC SRL, Juan de Dios Morales, encontró que había realizado 47 importaciones, dos de mochilas escolares (también se adjudicó la venta de estos materiales en 2017) y 45 corresponden a pavimento asfáltico.

Para saber:

MSPC SRL se adjudicó, desde 2015, al menos 15 licitaciones para proveer asfalto a la comuna cochabambina.  Antes de eso, hasta 2014, Juan de Dios Morales era un funcionario de Aduana que declaraba un patrimonio de casi $us 200.000. 

El diputado Valda rechazó las acusaciones en su contra. “Primero suben un audio y, para querer vincularme de una forma maquiavélica, ponen una foto en la que se me sindica de manera directa como supuesto artífice de un complot en contra del alcalde Leyes. Rechazo esta actitud cobarde que busca vincularme, y al MAS, con lo que significa un proceso de revocatoria que ha sido planteado por la misma gente de Demócratas", dijo. 

Además, el diputado masista indicó que el complot se da al interior de los Demócratas. 

En la jornada

En Santa Cruz de la Sierra
Vladimir Peña, vocero del gobernador Rubén Costas, y Tomás Monasterio salieron a mostrar la grabación que supuestamente articula el complot contra José María Leyes.

En Cochabamba
El senador opositor Arturo Murillo dejó entrever que las denuncias contra la administración de Leyes son ciertas y que tocarían el círculo más próximo al alcalde cochabambino. Murillo es parte de Unidad Demócrata, supuestamente aliado de José María Leyes. 

En La Paz
Otro senador, el cruceño Óscar Ortiz, salió en defensa de Leyes y anunció una investigación congresal sobre el supuesto complot contra su correligionario. Ortiz compartió delegación hacia La Haya con Leyes y Rubén Costas. 

Para el MAS
Las denuncias de complot reflejan el miedo de Leyes a una investigación judicial. 

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