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Dos exfuncionarias de unidad antinarco van a prisión por corrupción

Se trata de la exdirectora y una técnica de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelcin), que fueron recluídas en una cárcel de La Paz. El Gobierno amplió su denuncia contra otras personas 

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5 de abril de 2019, 16:19 PM
5 de abril de 2019, 16:19 PM

Dos exfuncionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) fueron enviadas este viernes con detención preventiva a la cárcel de Obrajes de La Paz, dentro del proceso de investigación que se les sigue por presuntos hechos de corrupción.

Son investigadas por la contratación para el mantenimiento de los aviones Hércules y helicópteros desde la gestión 2013, y el depósito de 34.800 bolivianos que hizo una empresa a la cuenta de una de las imputadas.

La Fiscalía informó que se tienen los indicios para demostrar que habrían recibido dinero de las empresas contratadas para el mantenimiento de las aeronaves. Dos investigadores están asignados al caso.

Ambas mujeres fueron imputadas por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas. 

Ayer el Ministerio de Gobierno informó que amplió su denuncia e incluyó a dos de los accionistas del holding de empresas contratistas y a la exdirectora de la unidad desconcentrada, Vivian K.F. A ellos se suman otros ejecutivos de la entidad.

Esa cartera de Estado decidió intervenir su propia unidad desconcentrada luego de que se conoció que todos los mantenimientos a helicópteros y aviones de las unidades Diablos Rojos y Diablos Negros eran encargados a un holding de cinco empresas que compartían accionistas.

Entre 2013 y 2018, este grupo consiguió 42 de 46 contratos registrados en el Sistema de Contrataciones Estatales y los cuatro restantes habían sido declarados desiertos. En total, se adjudicaron trabajos por 61 millones de dólares.

La denuncia inicial fue conocida por el ministro Carlos Romero en diciembre y, en febrero, se transformó en siete peticiones de informes realizada por la diputada opositora Rose Marie Sandoval (UD).

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