POLÍTICA

Documental de Neurona se enreda en la maraña que intenta explicar


La cinta se estrena el lunes en La Paz. Hace un recuento de la privatización, capitalización y venta de empresas, y de los 55 empresarios que se beneficiaron


Los gobiernos neoliberales son puestos en el sillón de los acusados en este documental y no se preocupa por encontrarles un abogado defensor. Foto: EL DEBER
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19/04/2019

El robo: cuando las leyes se escribían en inglés, el documental de una hora producido por la firma mexicana Neurona, intenta explicar en los últimos 10 minutos la maraña de 55 personajes, políticos y empresarios, que supuestamente se beneficiaron con la privatización, la capitalización y la venta de empresas públicas, entre 1985 y 2004, pero termina enredada en el intento.

La producción, a la que EL DEBER tuvo acceso, se basa en las conclusiones de la investigación que realizó la Asamblea sobre los procesos de privatización en el país, tuvo un costo de Bs 783.000 y fue realizada en 44 días. Será estrenada el lunes, a las 19:00, en la Cinemateca Boliviana, en La Paz.

El relato en off lo hace una muchacha que llega al remozado aeropuerto de El Alto, aborda un taxi y mientras desciende hacia la ciudad de La Paz, abre un fólder donde aparecen las fotos de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga, además del jefe de UN, Samuel Doria Medina.



El recuento se remonta al retorno a la democracia, la hiperinflación de la gestión de Hernán Siles Zuazo, a la que el sociólogo Iván Castellón compara con lo que hoy en día vive Venezuela.

La relatora, ya en una oficina, intenta construir en la pared un esquema de relaciones con fotos, alfileres y lana roja.

Con sarcasmo señala que en 1985 apareció “como mesías” Víctor Paz Estenssoro con el Pacto por la democracia.

Tras su principal medida, el decreto 21060, el ex líder minero Hugo Pereyra recuerda que 36.000 mineros quedaron sin trabajo. Castellón dijo que la Price Waterhouse hizo un estudio que recomendaba que se inicie la privatización de las empresas públicas, pero que no se la llame como tal para evitar la reacción de la población.



La relatora cuenta que la derrota de la marcha por la vida, luego de que las FFAA detuvieron su avance y ex dirigentes mineros justificaron que se replegaron para evitar una catástrofe, dio pie al mayor ciclo de privatizaciones que tuvo el país.

El senador Rubén Medinaceli es una de las principales fuentes. Advierte de que el proceso se consolidó en la gestión de Jaime Paz.

Así se analizan los periodos de Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada. La conclusión es que en esos años los gobernantes cedieron los recursos naturales, enajenaron el 80% de las empresas públicas, quitaron más de $us 30 millones en los departamentos y gastaron casi 300 millones entre consultorías, bonos y otros. Se llevaron el 119% del PIB, y las consecuencias se sintieron en el país: deuda, desempleo, migración y despidos.

La relatora concluye que el país perdió en total $us 9.314 millones de entonces, que ahora serían más de 20.000 millones. Se pregunta, ¿cuánto se pudo haber aprovechado esa plata, cuánto se perdió realmente? Cuestiona cuántos despedidos, relocalizados, encarcelados y muertos hubo.

Y en pocos minutos, los finales, una serie de fuentes la ayudan a tejer en la pared la red de empresarios, los 55 que menciona el informe, que supuestamente fueron parte de las empresas beneficiadas y también estuvieron en los círculos de poder que tomaron las decisiones. Todo se vuelve una maraña de nombres.