BOLIVIA

Detectan cobros irregulares en procesos de adopción en La Paz


La Defensoría del Pueblo realizó una investigación junto a Unicef y encontró una serie de irregularidades en los procesos de adopción de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), del Sedeges, Sedepos y de los juzgados públicos que atienden esos casos


Detectan cobros irregulares en procesos de adopción en La Paz | Imagen referencial
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10/04/2019

“Se ha detectado que el Sedeges La Paz realiza cobros indebidos a los solicitantes de adopción, en montos de 250 bolivianos si son personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas", sostuvo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a tiempo de señalar que este hallazgo es producto de una investigación realizada junto a la Unicef.

El trabajo de ambas instituciones echó luz y permitió detectar “una vulneración del principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente”.

Cruz, según informa la agencia estatal de noticias ABI, anunció que se enviará un informe al Ministerio Público para que se investigue esta situación, puesto que se sospecha de actos irregulares de funcionarios de Sedeges y del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos).



La defensora del Pueblo detalló que entre otras irregularidades que se logró detectar, está el desconocimiento de protocolos o lineamientos de adopción de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), del Sedeges, Sedepos y de los juzgados públicos que atienden esos casos.

Además, dijo que muchos de esos niños y adolescentes permanecen en los centros de acogida por un tiempo mayor a 15 años, debido a una ausencia de coordinación de las autoridades involucradas en atender a ese grupo vulnerable.

La defensoría del Pueblo recomendó a las DNAs, Sedeges, Sedepos del país y los juzgados públicos de Niñez y Adolescencia a priorizar una solución permanente frente a una de carácter provisional, tomando en cuenta que, una niña o niño, para alcanzar su pleno desarrollo necesita estabilidad en sus vínculos con personas adultas de referencia.

Asimismo, que el Ministerio de Justicia asuma las medidas necesarias para la puesta en marcha de un registro nacional y departamental que vincule a las instituciones en los procesos de adopción.





 




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