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Demandan a funcionarios que evitaron interrumpir embarazos de victimas de violación

Se trata de dos casos que involucran a niñas de Monteagudo y Tiquipaya. Existe una sentencia constitucional que autoriza el aborto cuando la concepción es producto de violación

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18 de julio de 2019, 17:08 PM
18 de julio de 2019, 17:08 PM

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó la tarde de este jueves sobre dos denuncias ante el Ministerio Público contra funcionarios públicos que evitaron que menores, víctimas de violación, interrumpan sus embarazos.

La primera acusación es por incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad; y la segunda, por incumplimiento de deberes y encubrimiento del delito de violación, contra servidores públicos que incurrieron en la vulneración del derechos de dos niñas de 12 años, oriundas de los municipios de Tiquipaya y Monteagudo.

Ambas niñas quedaron embarazadas producto de una agresión sexual y fueron privadas de someterse a una interrupción legal del embarazo.

En el primer caso, la denuncia recae contra personal del Centro de Salud Chapisirca, del Hospital de Tiquipaya y Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tiquipaya. Y,  en el segundo caso, contra personal responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Monteagudo.

La defensora informó que, en el caso ocurrido en Tiquipaya, la niña fue atendida en el Centro de Salud Chapisirca, el 18 de marzo, donde se evidenció su situación de embarazo producto de un probable hecho de violación sexual, lo cual fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio; empero, no se informó de forma integral a la víctima y sus padres o tutores de la posibilidad del proceder a la interrupción legal del embarazo ante el anoticiamiento del delito, conforme a los alcances de la Sentencia Constitucional 206/2014.

Sobre el caso de la niña de 12 años, víctima de violación en el municipio de Monteagudo, quien recientemente dio a luz, Cruz indicó que la Defensoría del Pueblo decidió interponer denuncia penal contra la Defensoría de la Niñez de ese municipio, porque no realizó ninguna acción, pese a que conoció de la situación de la menor desde el 31 de mayo.

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