BOLIVIA

Defienden jurisprudencia para habilitar a Evo y Álvaro


Existen cuatro pedidos de rechazo en el Tribunal Constitucional. El oficialismo alega que es necesario restituir derechos "cercenados" por la Constitución Política

La acción pretende habilitar a Evo y Álvaro para que sean candidatos en 2019. (Imagen de AFP)

26/09/2017

El planteamiento de acción de inconstitucionalidad presentado por asambleístas del MAS y dos opositores el 18 de septiembre al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se declare la "inaplicabilidad" de algunos artículos de la Constitución sobre derechos políticos tiene precedentes con similares características en tres países latinoamericanos, según la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta.

"Esta figura de inaplicabilidad que critica la oposición, no es una cosa nueva sacada de los pelos, sino es una figura constitucional que en América Latina ha demostrado que esto es procedente", afirmó la autoridad en entrevista televisiva. 

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Usó como ejemplos lo sucedido en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, países donde se solicitaron el control de constitucionalidad y se resolvieron en la Corte Suprema de Justicia. "En los tres han salido procedentes en favor de la inaplicabilidad de artículos de su Constitución", agregó la autoridad.

En Costa Rica, Nicaragua y Honduras se viabilizaron nuevas repostulaciones presidenciales con sentencias judiciales que tomaron en cuenta el Pacto de San José de Costa Rica. El oficialismo pretende habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos.

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"Los derechos políticos son derechos fundamentales, son derechos que han sido adquiridos por luchas de muchos años, por las sociedades, las naciones que lucharon para tener estos derechos políticos que no pueden ser vulnerados porque son derechos fundamentales. Un ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido", explicó la viceministra.

A decir de Urquieta, el artículo 256 de la Constitución es la "clave" de la acción de inconstitucionalidad, el mismo establece que "los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta".



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