Contraloría identifica responsabilidad de Achá en el caso Taladros

El contralor general del Estado, Henry Ara, informó este martes que el expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, tiene responsabilidad dentro el irregular proceso de compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec 

"Hay una resolución, y eso tiene que evaluar el fiscal, que tiene que ver con un tema de desconocimiento de la normativa interna y propia (de YPFB)", indicó el contralor ante los medios tras cumplir una petición de Informe oral, solicitado por el senador opositor Óscar Ortiz, para conocer los resultados de la investigación sobre este supuesto acto de corrupción al interior de YPFB.

Ará señaló que el expresidente de la empresa estatal "habría autorizado un incremento" al precio de referencia de los taladros a través de una resolución administrativa, pese a que esa competencia era responsabilidad del directorio de YPFB.  

Fue en abril pasado que Ortíz dio a conocer la mencionada resolución de YPFB, del 3 de junio de 2016, en la que se evidenciaría que Achá autorizó el incremento de $us 117,9 millones a $us 177,8 millones para la adquisición de los taladros de la italiana Drillmec para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.  

"Creemos que ahí hay muchos errores y es lo que nos llama la atención. Por lo tanto estamos haciendo un esfuerzo para mejorar una capacitación (sobre esta normativa) puesto que no existe daño económico", dijo Ará, quien aseguró que pese a no haberse provocado daño económico al Estado, según la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas, se incurrió en incumplimiento de deberes.  

"Nosotros debemos cumplir en base a la Ley 004, que es una norma dura y que en este caso sanciona la intención, la tentativa porque se ha disuelto el contrato y no existe ningún daño al Estado", indicó.  

En su informe Ará develó los nombres de los 20 funcionarios, 19 de YPFB y uno de la empresa Drillmec, que fueron demandados penalmente por la Contraloría ante el Ministerio Público el pasado 28 de julio, lista que encabeza Achá que actualmente se encuentra con detención domiciliaria, mientras que otros directores están con detención preventiva.  

"Los delitos que se ha podido identificar, tipificar y por los que han sido denunciados ante el Ministerio Público son: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de contratos lesivos al Estado", refirió Ará durante su intervención ante la Cámara de Senadores.