BOLIVIA

Comité de ONU descarta pedido de condenados por caso Octubre Negro


El Estado presentó descargos ante el organismo internacional. Dos militares dijeron que se les violó el derecho a la defensa. Recibieron penas de 11 años de cárcel cada uno

Los heridos y familiares de las víctimas de octubre de 2003 recibirán un resarcimiento económico que debe ser pagado por los militares condenados. (Imagen de archivo)

23/08/2017

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas declaró inadmisible la comunicación de 31 de marzo de 2014, presentada por exmiembros de las Fuerzas Armadas, José Oswaldo Quiroga (excomandante General de la Fuerza Aérea) y Luís Alberto Aranda Granados (excomandante General de la Fuerza Naval), condenados en el Juicio de Responsabilidades por el caso 'Octubre Negro'.

Ambos alegaron supuestas violaciones por parte del Estado boliviano a sus derechos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como ser: a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, a la presunción de inocencia, a la información sobre las causas de la acusación y a interrogar a los testigos de cargo y descargo, y a un tribunal superior.

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Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos desestimó las alegaciones realizadas en el sentido que el trabajo del Tribunal de Juicio de Responsabilidades hubiese tenido interferencia alguna por otros órganos del Estado o que se haya forzado una sentencia rápida. Asimismo, indicó que la cantidad de jueces que conformaron el quórum para que dicho Tribunal dicte sentencia no privó a los condenados de un juicio con las debidas garantías.

El Comité, que calificó como “eventos violentos de septiembre y octubre de 2003” los hechos por los cuales Quiroga, Aranda y otros miembros del Gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron condenados, señaló también que la amnistía dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 27237, de 4 de noviembre de 2003, no afectó a la investigación sobre la participación o responsabilidad de los condenados ni violó su derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU, por tanto, acogió la posición de Estado boliviano y rechazó la Comunicación de los dos militares, quienes fueron condenados a penas privativas de libertad de 11 años cada uno, esto es, hasta el 30 de agosto de 2022, en el recinto penitenciario de San Roque en la ciudad de Sucre.



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