BOLIVIA

Cocaleros admiten que relajaron control social a sus bases en Chapare


La dirigencia del trópico de Cochabamba asegura que resultaron sorprendidos con lo ocurrido la semana pasada en San Rafael. Anuncian un ampliado para el 16 de marzo en el que propondrán retomar el control social. Adoptarán nuevas medidas internas


En el trópico de Cochabamba aseguran que intentan dañar su imagen | Foto: Rolando Villegas
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10/03/2019

El control que ejecutaban los cocaleros, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para participar en los operativos antidroga fueron suspendidos. Solo había reuniones mensuales entre los afiliados a las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, situación que ocasionó la pérdida del control en algunas comunidades, admiten sus dirigentes. La emboscada perpetrada por comunarios de San Rafael a efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) el sábado al mediodía sorprendió a la dirigencia cocalera de Chapare, que ahora proponen rectificar el mecanismo de control social.

El vicepresidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, admitió el relajamiento del control.

“Estábamos perfil bajo; en los últimos cinco años todo funcionaba de manera pasiva, desde la elaboración de la Ley de la Coca; ahora, después de este escándalo en San Rafael volveremos a convocar a los secretarios de control social desde el sindicato, de la central y la federación”, explicó.



El dirigente afirmó que los controles sociales de las centrales cocaleras tenían la obligación de concertar las tareas de racionalización en los lugares donde se identificaba cocal excedentario. La presencia de dirigentes en estos operativos era para evitar posibles enfrentamientos entre los cocaleros y los policías.

Adelantó que el próximo 16 de marzo se realizará un ampliado de las seis federaciones donde se tratará el tema, entre los representantes. Se adoptarán medidas sobre el control social sobre las comunidades que resulten sorprendidas apoyando a los narcotraficantes. Según Rodríguez, costó mucho eliminar el estigma que tenía la región y la actividad ilícita del tráfico de drogas.

Para su correligionario Leonardo Loza, el ataque de los campesinos a los efectivos de Umopar fue por la ‘calentura’ del momento. “Quizá por el calor del momento ha ocurrido o por la curiosidad de los comunarios, eso lo va a aclarar la investigación”, afirmó el dirigente.

Aseguró que este hecho debe llamar a reforzar el control social en las comunidades para que ninguna persona ajena al sindicato esté presente o realicen actividades sospechosas sin que lo conozca nadie en la región. Loza dijo que la misma comunidad de San Rafael emitió un comunicado en el que afirman que el principal sospechoso y fallecido en ese enfrentamiento, no pertenece a la comunidad.



Siguen los operativos

Sobre la emboscada, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó ayer que un gran contingente de efectivos de Umopar y de Inteligencia incursionó en la zona del incidente donde se aprehendió a más de 10 comunarios que son propios de la zona, que estaban comprometidas en la emboscada y no descarta que existan más en las próximas horas.

“Los operativos continúan. Fiscales antinarcóticos acompañan el operativo. Tienen que proseguir las investigaciones. Se han identificado fábricas de estupefacientes en la zona”, dijo.

Yungas

La dirigencia cocalera de Yungas tiene su propio sistema de control social. El ejecutivo Luis Campos explicó que el control nace en la misma comunidad, porque el secretario general de cada comunidad debe entregar una “orden comunal” a cada productor, que debe portar hasta llegar al puesto de control de La Rinconada, donde los efectivos de Umopar comparan el documento con los sacos de coca.



En ese puesto entregan la hoja de ruta que coincide con la orden comunal. Las dos hojas deben llegar hasta el mercado de la coca de Adepcoca en La Paz y ahí se produce la tercera revisión que debe coincidir en peso y cantidad. Recién los cocaleros pueden comercializar su producto. Por eso, Campos afirma que en Chapare toda la producción va al mercado ilegal porque no existe ningún control.

Sobre las tareas de erradicación, refirió que en 2008 la dirigencia de entonces y las autoridades del Gobierno, elaboraron un mapa y una lista de comunidades y haciendas donde no se realizaría la racionalización de coca. Todo se plasmó en un acuerdo y desde hace dos años el Gobierno intenta erradicar en la zona de La Asunta, violando el acuerdo de 2008.

Dijo que los policías ingresan a propiedades de afiliados a Adepcoca y que son contrarios al Gobierno.

Difícil control

En el otro lado, el dirigente Andrónico Rodríguez dijo que es muy difícil controlar ese territorio por su extensión y la dispersión de los afiliados, pero que existe incluso la decisión, en caso de ser necesario, de militarizar la zona porque ellos, como dirigentes, tienen la responsabilidad de eliminar el estigma que se pretende echar a la zona cocalera.

Afirmó que producto de los hechos en San Rafael surgió la intencionalidad política de ver a Chapare como una zona roja o territorio sin ley, tal como sugirieron algunos políticos opositores. Por esa razón los cocaleros chapareños quieren que las investigaciones esclarezcan todo el conflicto.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, descartó cualquier sospecha sobre los dos principales dirigentes del trópico y estos, a su vez, están promoviendo investigaciones sin ningún obstáculo; de hecho, el viernes en la madrugada se realizaron operativos y se produjo la detención de una decena de personas vinculadas directamente a los hechos de San Rafael, pero los dirigentes pretenden que todo aquel que hubiera participado en esos hechos se presente a declarar. Siete fueron enviados a la cárcel.

La operación “Halcón”, desplegada el viernes, permitió la destrucción de 13 fábricas de cocaína, una de ellas en las proximidades donde se produjeron los sangrientos hechos ocurridos hace una semana.

Los oficiales

Asimismo, la Asociación Nacional del Servicio Pasivo Nacional (Ansppol) emitió un manifiesto en el que alertaron sobre el peligro de dejar el problema sin acción policial y penal.

El presidente de esta asociación, coronel Jhonny Troncoso dijo que la lucha contra el narcotráfico en Chapare es frontal por la presencia de elementos extranjeros y el número de gente que mueven y, por tanto, no se podía comparar con lo que sucede en Yungas, donde los campesinos incluso son menos agresivos que en el trópico de Cochabamba.

Los actores políticos también lanzaron sus críticas sobre este caso. El diputado Wilson Santamaría, del opositor UD, refirió que este hecho constató que en Chapare hay narcotráfico y narcotraficantes que son los mismos comunarios que pasan por cocaleros para sus dirigentes, pero en los hechos se descubrió que son los que brindan protección a los delincuentes y recordó que en Los Yungas no se encontraron laboratorios de cocaína como en Cochabamba, cuando se produjo el enfrentamiento de La Asunta, en agosto de 2018.

 



 




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