DEMANDA MARÍTIMA

Chile advierte consecuencias globales si Bolivia gana pleito en La Haya


Los abogados trasandinos continuaron con sus objeciones a la demanda boliviana. Dicen que trastoca conceptos de la diplomacia, que cualquier intento de negociación no generó obligación jurídica, al igual que las resoluciones internacionales en las que participaron ambos países

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, siguió de cerca la segunda jornada de alegatos de su país
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23/03/2018

Frustración no crea obligación. La frase del presidente chileno Sebastián Piñera, bien podría resumir el final de los alegatos trasandinos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A través de cuatro abogados, trató de refutar la tesis boliviana de que en algún momento de su historia Chile se obligó a sí misma a negociar mar con soberanía y llegó a la conclusión, a través del abogado estadounidense Harold Koh, que si los jueces le dan la razón a Bolivia, el mismo pacto de Bogotá sobre el que se cimenta la CIJ, está en duda, ya que los Estados tendrían derecho a negociar a perpetuidad o hasta que el otro ceda a sus intereses.

Cuando la delegación chilena salió a declarar a las escalinatas del Palacio de La Paz, desaparecieron los eufemismos propios de los juicios y el canciller chileno, Roberto Ampuero, dijo que Bolivia ponía en riesgo las fronteras de todo el mundo.

La jornada comenzó en el mismo punto donde terminó el día anterior: Sam Wordworth exponiendo por qué los acuerdos de negociar mar con soberanía de 1950 no generaban obligación jurídica, que todo ese intercambio entre las Cancillerías no puede ser tomada como un tratado con obligaciones legales porque no fue refrendado por los Parlamentos o los Gobiernos –de haberse concretado no habría necesidad del juicio en La Haya-. 

El inglés concedió aún menos valor al acuerdo de Charaña. En una primera etapa de su análisis, el punto central del  abrazo de los cóndores tenía como punto central el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, no así la negociación por el mar. En todo caso, fijó que el fracaso de las negociaciones fue culpa de Banzer, que no quiso aceptar el canje territorial con Chile, y que tampoco Pinochet estaba de acuerdo con la decisión de Perú de crear un corredor trisoberano por los territorios que antes le pertenecieron. Eso sí, Wordworth trató de demostrar que las negociaciones de 1950 y las de 1975 fueron independientes.

Pese a que Chile guardó el acuerdo de Charaña entre sus tratados, según el abogado, nunca fue considerado un tratado, porque no fue ratificado como tal por su Gobierno.

Mónica Pinto siguió al inglés. La argentina se ocupó de las sucesivas declaraciones de la OEA. Más allá de mantener la tesis chilena que las declaraciones asumidas por el órgano multilateral no son vinculantes –misma posición que tiene ahora enfrentado a Nicolás Maduro, que sostiene lo mismo, contra un grupo de 12 países del cual forma parte Chile, que dicen lo contrario- y que los diplomáticos que asisten a estas reuniones votan con la convicción de que levantar la mano por algún motivo no los vincula legalmente al resultado, Pinto dijo que una vez Chile retornó a la democracia nunca más se dio una resolución que declarase el diferendo marítimo como de interés regional.

Para los abogados de Bolivia, esto se debe a que en 1989 se ratificó el carácter de interés permanente y se dejó abierta la posibilidad de que se retome la declaración en cualquier momento.

Fue Ben Juratowitch, abogado australiano, el encargado de hablar de la historia reciente. No ve ningún acuerdo ni obligación posterior en la declaración conjunta de las dos cancillerías de diálogo sin restricciones, hecha en el año 2000 desde Portugal, ni siquiera en la Agenda de 13 puntos, que incluyó al mar en el punto 6. Para él, “sin restricciones” en 2000 no significaba mar, ni mar, en 2006 significaba con soberanía. Recurrió a las actas de las reuniones de la Agenda de 13 puntos para demostrar que en ninguna de esas negociaciones se habló de mar con soberanía, sino que se anotaron declaraciones ambiguas típicas de la diplomacia.

Esto llevó a Juratowitch a reafirmar la tesis chilena de que la demanda boliviana no se debe a ninguna negativa trasandina de negociar, sino al simple y tácito cumplimiento de la Constitución de 2009, que obliga a los gobernantes a reivindicar el derecho soberano al mar y a los territorios del Litoral cautivo. Bajo esa lógica, Bolivia no podría aceptar nada que esté por debajo al mar con soberanía.

Pero fue Koh el que redondeó los argumentos chilenos. Ya no son tres veces las que Bolivia cambió sus argumentos ante La Haya, como lo dijeron los abogados en el primer día. Ya son cuatro veces.

La primera fue pedir negociar una salida al mar con soberanía, la segunda se dio ante los alegatos preliminares que aceptó una solución creativa, la tercera fue la introducción de la tesis de los dos pilares del Tratado de 1904 y la cuarta, la tesis de Lowe de la obligación positiva a negociar. Este último punto se refiere a fallar sobre la justicia, más allá de lo ajusticiable escrito, es lo que más preocupa a los chilenos, que advirtieron sobre los fallos creativos. Esto llevó a Koh a tratar de levantar temores, a decir que la demanda boliviana pone en riesgo al pacto de Bogotá –y a la corte-, las reglas básicas de la diplomática e incluso las fronteras. 

Ampuero, por lo demás, fue un poco más explícito: invitó a Bolivia a entablar buenas relaciones diplomáticas sobre la base del Tratado de 1904, es decir, de un armisticio, del reconocimiento de una derrota.



 




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