Caso privatizaciones pasa a Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Justicia
Se identifica a 55 personas que "entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado". El daño económico supera los 22.000 millónes de dólares
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó hoy la resolución del informe de la comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, que recomienda enviar los documentos investigados al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para su conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones.
El documento, que es fruto de casi seis años de trabajo, consta de 2.748 páginas, que fueron leídas durante tres jornada, y que analiza los procesos de privatización y capitalización y las redes de poder que se tejieron en torno a ellos durante el periodo de gobierno neoliberal (1985-2005).
“También se recomienda a gobiernos departamentales y municipales realizar investigaciones económicas para conocer a dónde fue a parar su patrimonio, con base en una lista de empresas que pertenecieron a su administración”, dijo el senador Rubén Medinaceli, presidente de dicha instancia.
Además encomienda a la comisión la elaboración de proposiciones acusatorias con base a los análisis jurídicos efectuadas sobre las irregularidades identificadas en ambos procesos. “También nos han recomendado que con base en los análisis jurídicos de los casos estudiados, la comisión prepare proyectos de proposición acusatoria y cumpliremos con esta recomendación”, aseguró Medinaceli.
La diputada del MAS, Romina Pérez, integrante de la comisión, informó sobre las redes de poder que se conformaron en torno a los procesos de enajenación de nuestras empresas. Explicó que con base en un software se identificó a 55 individuos que "entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado".
“Se identificó una poderosa red política interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina, quienes a su vez construyeron beneficios empresariales y familiares”.
El total del perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación (cierre, privatización y capitalización) de empresas públicas y recursos naturales, fue mínimamente de 10.049,08 millones de dólares, equivalentes a 22.051,70 millones actuales y al 105% del PIB del año 2005, cuando concluyó el proceso enajenador.
Al respecto, el expresidente y candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, aseguró que el informe "tergiversa y miente" sobre el verdadero sentido de las transferencias de empresas deficitarias, enfatizando que en su Gobierno se protegió a las firmas nacionales.
